La población valenciana suma ya 5,7 millones de personas, según el INE
El último estudio aboga por una reasignación del presupuesto de las Administraciones
La Comunidad Valenciana cuenta con una población real o vinculada de 5,7 millones de personas frente a los 4,1 millones de residentes oficiales, según los censos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Localidades como Benicàssim, Santa Pola o Cullera duplican o triplican su población por la presencia de no residentes con una segunda vivienda en propiedad. Estos datos servirán para el debate de fondo entre el Gobierno central y las comunidades, que abrirán las conversaciones para la reforma de la financiación sanitaria entre las elecciones vascas y las gallegas.
El Consell achaca parte de su déficit a una mejorable financiación sanitaria
El estudio España al comienzo del siglo XXI elaborado por el INE incluye una estadística exhaustiva sobre los censos de población y vivienda y, entre otros fines, pretende ayudar a una mejor asignación de los recursos económicos por parte de la distintas Administraciones en un momento en el que se ha puesto encima de la mesa el estudio de un nuevo modelo de financiación autonómica.
La comunidad autónoma contaba, según los censos de 2001, con 4.162.776 millones de valencianos residentes y 1,5 millones de personas no residentes pero que tienen algún tipo de relación habitual con el municipio, ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o son propietarios de una segunda vivienda. En total, 5,7 millones de personas ligadas al territorio. Según el INE, este nuevo concepto incluido en el censo explica, por ejemplo, que municipios como Benicàssim, Santa Pola, Torrevieja o Cullera tengan una población no residente muy por encima de la residente. Además del fenómeno de la inmigración, la costa mediterránea atrae, sobre todo, a jubilados de otros países europeos. Sucede algo parecido en comunidades como Cataluña o Andalucía (ver gráfico), donde la diferencia entre población residente oscila entre 1,5 y dos millones de personas.
La distribución territorial de los extranjeros, según nacionalidad, revela una mayor preferencia de los ingleses y alemanes por el litoral mediterráneo y los dos archipiélagos. Entre los municipios con más población extranjera se encuentran los alicantinos de Calpe, L'Alfàs del Pi, Xàbia, Torrevieja y Pilar de la Horadada. En las cuatro primeras localidades predomina la población procedente del Reino Unido y Alemania y en la última, la de Marruecos, según el estudio demográfico.
No es nuevo que la Comunidad pertenece al grupo de comunidades españolas tradicionalmente receptoras de población y el litoral mediterráneo es en estos momentos el territorio español con más población vinculada. Estos datos abonan la petición de autonomías como la valenciana o la catalana -Andalucía consiguió la deuda histórica- de iniciar con el Gobierno central un sistema de financiación sanitario o general, según autonomías, más en consonancia con la población de hecho, no de derecho, se compensen los gastos provocados por los desplazados.
Los consejeros de Sanidad y de Economía, Vicente Rambla y Gerardo Camps, piden una mejora de las transferencias del Estado a la sanidad autonómica a cuenta de los desplazados y no residentes y culpan de su déficit presupuestario al desbocado crecimiento del gasto sanitario que soporta a cuenta del crecimiento demográfico.
La Generalitat suma en la actualidad 1,5 billones de las antiguas pesetas de deuda, situándose al límite de su endeudamiento. En el programa de estabilidad presentado al Ministerio de Economía, el consejero de Hacienda valenciano, Gerardo Camps, reconocía al cierre del ejercicio de 2003 un déficit de 971 millones de euros.
El Consell culpa de este déficit a la no actualización de las variables del modelo, sobre todo la población, a las tensiones financieras que genera la población desplazada, al envejecimiento de la población, a la inmigración y a la creciente demanda de servicios sanitarios propios de una sociedad desarrollada, así como a los mayores costes de los tratamientos terapéuticos y farmacológicos.
Y aportaba un último dato: el déficit presupuestario -diferencia entre el presupuesto inicial y el gasto realmente ejecutado- de Sanidad ha pasado de los 254 millones de euros en 2002, a los 435 millones de 2003, a los 596 de 2004 (son provisionales) y se estiman en 700 millones de euros en 2005 si no se aplican medidas correctoras.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó en la primera cumbre de presidentes autonómicos un programa de trabajo para abordar la financiación sanitaria. Zapatero situó este debate entre las elecciones vascas y las gallegas previstas para el otoño, para que las campañas electorales no enturbien las conversaciones con las autonomías.
Deuda histórica, comisión de expertos y céntimo sanitario
Los partidos valencianos están tomando posiciones ante el debate del nuevo modelo de financiación autonómica. El consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, defendía en unas recientes jornadas celebradas por el PP en Valladolid el modelo de financiación vigente desde 2002 y negociado y aceptado por el entonces presidente autonómico Eduardo Zaplana. Camps reclamó, no obstante, como retos de este sistema la atención a las personas desplazadas y el aumento de población. "Es necesario que este modelo se aplique hasta sus últimas consecuencias para aumentar el grado de suficiencia financiera de las comunidades y garantizar sus recursos para financiar la sanidad", dijo. El titular de Economía del Consell apostó por la dotación de créditos presupuestarios para la atención de los desplazados y la actualización de la variable de población.
Los socialistas valencianos crearán esta semana una comisión de 14 expertos para trabajar sobre este tema. "Nos guste o no la financiación autonómica estará en la agenda política de los próximos meses", señala el secretario de Economía del PSPV-PSOE, Enrique Villarreal. Según el dirigente, "los balances fiscales son un elemento más, pero no deben pesar más a la hora de decidir un nuevo modelo de financiación". Villarreal defiende que cada autonomía debe aspirar a la suficiencia financiera y no limitarse a reformar el mecanismo de transferencias sanitarias o escolares. "No se puede pedir más dinero a la Administración central y por otro lado no hacer uso de la autonomía fiscal de cada uno. Si la Generalitat es responsable de los ingresos y los gastos, no puede echar la culpa siempre al Estado. Si el modelo es válido, que lo aplique hasta las últimas consecuencias", subraya. Es el caso del céntimo sanitario -un recargo autonómico sobre los combustibles- que se aplica en otros lugares de España, pero no la Generalitat, por intereses electorales, según los socialistas.
Una cosa no está reñida con la otra, añade Villarreal, que reconoce que el sistema es insuficiente porque los valencianos no reciben la misma financiación per cápita que otros territorios. "Tampoco es menos cierto que tenemos un porcentaje de PIB en gasto social muy por debajo con respecto a otros países europeos y que la solución no siempre es subir los impuestos sino mejorar la gestión", añade.
En EU-Entesa, su portavoz, Joan Ribó, anticipa la propuesta de su grupo parlamentario que pretende incorporar a la reforma del Estatut d'Autonomia. Ribó defiende el concierto económico solidario. Sería el concierto vasco, dotado con un fondo de solidaridad con otras autonomías. "El Estado tiene unas competencias por las que tendríamos que pagar un canon, y se crearía un fondo para el conjunto de autonomías de carácter solidario, cuyos fondos se distribuirían en función de los proyectos y no como subsidio", explica Ribó. Según Ribó, la valenciana es la comunidad, según datos de 2004, peor financiada. "Estamos a la cola de las autonomías españolas en financiación per cápita y, sin embargo, somos líderes en deuda por habitante y déficit presupuestario", critica.
Ribó puntualiza que el déficit público valenciano tiene un componente estructural, pero otro de mala gestión, de ahí que proponga mejores controles de gestión de la sanidad y una estimación de la deuda histórica en servicios como la sanidad, la educación o la justicia, como se hizo en Andalucía.
