La Europa negra y la Constitución
En nuestras sociedades de la falsedad mediática y de la mentira pública el discurso dominante es la contrafigura de lo que realmente está sucediendo. Las prédicas sobre la ética económica y civil tienen como principal propósito el justificar las prácticas de corrupción y crimen en aquello que más importa: ganar dinero. Las actividades mafiosas no sólo son cada día más numerosas y productivas, sino que su penetración en la economía legal ha borrado la frontera entre vida económica legal y delictiva. El llamado producto criminal bruto se acerca al billón de dólares anuales, que representa casi el 20% del comercio mundial con un volumen de depósitos en paraísos fiscales que supera los cinco billones de dólares de los que son titulares casi tres millones de sociedades-fantasma. Esta situación es consecuencia de la financiarización de la economía que ha deglutido la casi totalidad de los procesos económicos reales y ha instalado la especulación en el cogollo mismo del beneficio; así como de la desregulación de la vida financiera y de la estructura instrumental para hacerla posible. Muy en primer lugar los paraísos fiscales y una nueva modalidad de instituciones financieras destinadas a facilitar el movimiento de capitales de manera casi instantánea y con absoluta confidencialidad: las cámaras de compensación. De los más de 30 paraísos fiscales que existen en el mundo, 10 están situados en la UE: Isla de Man, Isla de Jersey, Andorra, Gibraltar, Luxemburgo, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, Malta y Chipre; sin que el tratado constitucional aluda en modo alguno, no ya a ellos, sino a las condiciones que harían imposible o más difícil su funcionamiento.
Lo que no es por desconocimiento puesto que en el Parlamento Europeo el intergrupo Impuestos sobre el Capital, Fiscalidad y Mundialización, movilizado por el diputado socialista francés Harlem Desir propuso que se crease un Comité de investigación sobre este tema centrándolo en las actividades de la sociedad luxemburguesa Clearstream. Transmitida la propuesta a la comisión europea, el comisario Bolkenstein, ahora famoso por su acción en favor de la privatización de los servicios públicos, contestó que no había lugar. Y las cosas siguieron igual. El tema de la delincuencia financiera y de la función esencial de los paraísos fiscales ha sido objeto de múltiples intervenciones para ponerle fin. Sin éxito. Peter Reuters y Edwin Truman en su libro Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering muestran que con los medios de que se dispone en los EE UU es inevitable que escapen a la justicia más de 95% de las operaciones de dinero negro. Entre otras cosas por la creciente ineficacia del Grupo Acción Financiera (GAFI) creado en 1989 para luchar contra el blanqueo que estableció en el año 2000 una lista de 20 países reprobables en la que ya sólo quedan tres -últimamente han rescatado nada menos que a Indonesia y Filipinas-. Mención especial en esta lucha merece el periodista francés Denis Robert con sus dos libros Revelations y La Boite Noire y sus dos documentales Les disimulateurs y L´affaire Clearstream raccontée a un ouvrier de Daewoo, dedicados a desmontar la trama de la caja de compensación luxemburguesa, que le han valido 32 procesos por difamación, todos menos uno ganados por él. Pero los denunciados -Clearstream, el banco ruso Menatep de Jodorkovski, hoy en la cárcel y la Sociedad General de Luxemburgo -no renuncian a la revancha y frente a ellos ¿qué puede un periodista solitario aunque gane todos los pleitos? Las Declaraciones de que disponemos Contra la Corrupción Financiera y los Paraísos Fiscales: El llamamiento de Ginebra (1996), El Corpus Juris Europeo (1997), El Tratado de Palermo (2000) y La Declaración de París (2003) son claramente insuficientes. El Tratado Constitucional al referirse en el Art. III-271 a los campos de la criminalidad cita entre muchos otros el blanqueo de dinero pero al abordar en el Art. III-233 las tareas de Eurojust omite toda referencia a este ámbito. ¿Por qué no haber incluido una Fiscalía europea para el fraude fiscal, que asumiera el control público de las Cámaras de Compensación y prohibiera a los bancos aceptar fondos procedentes de paraísos fiscales? Y ¿por qué con los millones de palabras dedicadas estas semanas al Tratado nadie ha hablado una sola vez de cómo acabar con todas estas tramas oscuras?
