Lula envía al Ejército a luchar contra los madereros en Brasil

El Gobierno de Brasil ha decidido plantar cara en la Amazonia a los vendedores ilegales de madera. Después de que la semana pasada dos asesinos a sueldo matasen a la religiosa Dorothy Stang, que había denunciado las talas masivas en el Estado de Pará, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha enviado 2.000 soldados a la zona para proteger a los policías que se encargan de investigar el crimen. Y al mismo tiempo, ha lanzado una serie de medidas ambientales.

Entre estas medidas figuran el veto de explotación de la madera durante seis meses en tierras del Estado, en un total de ocho millones de hectáreas. Lula firmó también cinco decretos que convierten en área de protección ambiental 5,2 millones de hectáreas repartidas entre los Estados de Pará, Amazonia, Acre y Roraima. De ese total, 3,4 millones de hectáreas están en la zona de conflicto de Pará, cercana al lugar del asesinato de la religiosa.

El Gobierno ha enviado a Anapu, lugar del crimen, a 120 militares equipados con fusiles y ametralladoras, llegados en helicópteros militares. Cazar a los asesinos de la monja ecologista va a ser una tarea complicada. El Estado de Pará ocupa el doble que toda Francia. "La selva está contra nosotros", dijo el jefe de la policía José Salles. Pero la policía ya trabaja con varios nombres de sospechosos y ha empezado a divulgar la foto de uno de ellos. Mientras tanto, los seguidores de la religiosa han convocado diversas movilizaciones en el municipio de Pacajá, donde la religiosa perdió su vida, para solicitar la detención de los asesinos.

El Gobierno va a mandar también al Parlamento un proyecto de ley urgente para la gestión sustentable de la selva amazónica. Con dichos decretos las forestas públicas podrán ser explotadas, pero sólo a través de un régimen de concesión del Estado. Se trata de evitar, por un lado, que esos millones de hectáreas de bosque caigan, como sucede desde hace decenios, en manos de especuladores sin escrúpulos, que sólo en los dos últimos años han eliminado 45.000 kilómetros cuadrados de bosque, extensión equivalente a la mitad de Andalucía.

La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, uno de los personajes más emblemáticos del Gobierno Lula, ha declarado: "Ya no era posible continuar rindiéndose a la lógica de los que intentan intimidar al Estado y a la comunidad".

En la reunión con los 11 ministros, el presidente Lula fue enfático, exigiendo una reacción inmediata del Gobierno frente a la violencia desencadenada en Pará. "No debiéramos haber permitido que eso aconteciese", dijo.

Las medidas tomadas por Lula estaban en parte previstas ya por el Gobierno, pero no acababan de ver la luz. Ahora, el asesinato que tanto ha zarandeado la conciencia de Lula ha realizado el milagro, según comentaban ayer los comentaristas políticos.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal, por boca de su presidente, monseñor Tomás Balduino, criticó ayer la presencia militar en Pará, calificándola como "paliativo y cataplasma en la herida". Y añadió: "El Gobierno tiene que ir a la raíz del conflicto en la Amazonia, que es el conflicto por la distribución de la tierra, la ausencia del Estado en la región y la falta de infraestructuras".