Regularización
Las recientes detenciones, por parte de Agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de los presuntos agresores de Azzoud Hosni, inmigrante marroquí con residencia en El Ejido (Almería), dan la impresión que su muerte fue debida a una disputa en la compra o venta de hachís en una pequeña cantidad. Parece pues, que estas detenciones hacen que deje de ser considerada esta muerte un acto racista, tal como ha venido denunciando el Sindicato de Obreros del Campo, y pueda ser considerada como el resultado de una pelea entre delincuentes comunes. Es fácil. Tan fácil como identificar inmigración con delincuencia y con drogas. La condición de inmigrante, de marroquí y de ilegal del muerto, permiten sostener esta opinión a los de siempre, a los que niegan la regularización de estas personas.
Sin embargo, estas circunstancias no pueden hacer olvidar que no es el muerto el que estaba relacionado con el mundo de los estupefacientes y con antecedentes por robo, sino uno de sus presuntos agresores. De ahí que no pueda, sin más, excluirse ambas situaciones. Es posible que las primeras manifestaciones del SOC hayan sido precipitadas, en el sentido de considerar un acto de racismo esta muerte. Ni el hecho de que hayan existido, existan brotes de violencia racista en El Ejido -año 2001-, ni el hecho de que algunas de sus autoridades puedan promover indultos a empresarios condenados por racismo, dando la impresión de cierta impunidad en este tipo de delitos, justifican una atribución de esta naturaleza sin pruebas. No obstante estas mismas circunstancias exigen, como también ha solicitado el SOC, una investigación en profundidad, de forma que se conozca que el móvil racista no ha tenido nada que ver en esta muerte. De ahí que se imponga, junto con la rapidez en las detenciones, una investigación a fondo para conocer todas las circunstancias de esta muerte.
En cualquier caso, con o sin móvil racista, estos hechos lo que vienen a poner de relieve una vez más, es la necesidad de regularizar la inmigración, alcanzando los inmigrantes unos derechos de residencia y laborales que les permitan vivir y convivir en la sociedad, sin ser utilizados desde y en su marginación.
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