"Rodríguez de Castro debe devolver el dinero y pagar su responsabilidad penal"

El ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, del PP, niega tener cualquier responsabilidad en las irregularidades denunciadas en este organismo. Asegura que no "ocultó" ningún escándalo de su antecesor Rodríguez de Castro ya que fue "el primero"" en denunciarle ante la Abogacía del Estado por supuestos delitos contables y penales. Por ello, amenaza con una querella al diputado socialista Rafael Román si no rectifica las acusaciones contra su persona. Asimismo, sostiene que Rodríguez de Castro firmó contratos millonarios con empresas de Miami que "no servían para nada".

Pregunta. ¿Por qué no denunció que Rodríguez de Castro autorizó pagos tras cesar en el cargo?

Respuesta. No lo denuncié públicamente en la prensa, pero si ante los órganos competentes de la Administración. Pedí un informe a la Abogacía del Estado y me dijeron que no se podía solicitar la devolución del dinero porque había un contrato en vigor, y que este señor se había limitado a mandar el dinero en unos pagos que estaban respaldados por avales bancarios y que, como solo quedaba la liquidación final, no había manera de solicitar legalmente la devolución de estos pagos.

"El contrato con Miami Free Zone no servía para nada y Rilco era una insensatez"

P. Pero, ¿No es normal que firmase pagos cuando ya no era delegado?

R. Lo primero que hice cuando llegué a la Zona Franca fue quitarle todas las autorizaciones en las cuentas corrientes.

P. Pero siguió al frente de varias sociedades del recinto fiscal como presidente o consejero delegado varios meses después de cesar.

R. Había un informe de la Abogacía del Estado que decía que al haber dimitido había cesado como presidente de las sociedades. Pero había que convocar los consejos para aprobar mi nombramiento. Así se hizo, pero implícitamente al acordarse mi nombramiento se le cesa como presidente y consejero. Lo que ocurre en algún caso, como Rilco, es que quedaban por inscribir algunas anotaciones que se hacen con posterioridad a la fecha de los consejos, pero el cese fue posible hacerlo en las primeras reuniones.

P. ¿Cómo pudo firmar Rilco -filial de la Zona Franca- un contrato de 4,2 millones con Miami Free Zona, una empresa sin actividad?

R. Cuando vi el contrato y su contenido, pedí un informe a la Abogacía del Estado por si ese contrato se podía anular. Me dijeron que no porque el único requisito de la Ley de Contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Al firmar un contrato con un no residente, tenía unos derechos objetivos y si no lo cumplíamos nos podían demandar y probablemente hubiésemos perdido el juicio. Ante eso, negociamos con esta empresa para tratar que la cantidad que iba a ejecutar fuera menor que incluso lo que ya había cobrado para que subcontratase a empresas españolas, como Telvent y Zona Franca, el material que debía entregar.

P. ¿Por qué quiso anular ese contrato?

R. Porque al margen de que estuviera más o menos fundamentado jurídicamente, la idea de Rilco de Rodríguez de Castro era una insensatez más que una empresa solvente económicamente. Tenía un plan de negocio inviable y entendíamos que no servía para nada ejecutar ese contrato porque podía generar pocos ingresos. Entonces, tratamos de desarrollar otros programas informáticos que generaren ingresos.

P. ¿Cómo pudo pagar la Zona Franca 6,8 millones por un proyecto informático que no existe?

R. Es verdad que no se puso en marcha la red informática de comercio, pero los programas están en la Zona Franca. El BBVA y BSCH han pagado cifras mucho más elevadas por tener productos muy parecidos a los de Rilco. Se conocen en el mercado como un B2B o comercio electrónico entre empresas o B2C para el comercio electrónico con particulares. Ese material es muy similar al que está comprado en estos momentos el consejo asesor de la Consejería de Innovación Tecnologíca.

P. ¿Cree que Rodríguez de Castro sustrajo o malversó dinero público?

R. Di instrucciones a la Abogacía del Estado para que iniciara acciones de resarcimiento de daños tras el informe del Tribunal de Cuentas.

P. ¿Debe devolver el dinero injustificado?

R. Por supuesto que tiene que reponer el daño causado devolviendo el dinero y posteriormente con responsabilidades penales.

P. ¿Cree que Teófila Martínez tiene responsabilidad?

R. El ejemplo más claro podía ser la relación entre los alcaldes socialistas de Barcelona y Vigo y los gestores nombrados por el gobierno del PP. Estoy completamente seguro que el trato era buscar fechas para un pleno, una inauguración y poco más. Además, en aquella época, Teófila Martínez era presidenta del PP andaluz, del grupo parlamentario, senadora y alcaldesa. Yo no le conté el día a día lo que estaba sucediendo en ningún momento y dudo mucho que lo hiciera Rodríguez de Castro.

P. El PSOE le acusa de ocultar la corrupción de su antecesor.

R. He dado instrucciones a mi abogado para que Rafael Román rectifique o le presentaré una demanda de protección al honor porque fui el primero que tomó medidas para anular todos los contratos que no me parecían razonables.