La Caixa hace valer sus acciones

El plazo de espera ha terminado. La Caixa, principal accionista de Repsol YPF, ha dado un golpe de mano en la petrolera y ha situado en la presidencia a uno de sus hombres, Antonio Brufau. Un deseo largamente expresado, pero no llevado a cabo hasta ahora por el apoyo del Gobierno del PP a Alfonso Cortina. El cambio en Repsol, sin embargo, no supone que el Ejecutivo socialista vaya a intervenir en las empresas privatizadas.

La Caixa pidió en varias ocasiones que aumentara su participación en el consejo de Repsol y Cortina no atendió sus peticiones

El golpe de fuerza de La Caixa en Repsol YPF obedece al deseo de la entidad financiera catalana de sustituir a Alfonso Cortina y nombrar un presidente que represente a la propiedad. Este deseo viene de antiguo, pero no se pudo llevar a cabo por razones estrictamente políticas. El Gobierno de José María Aznar, con Rodrigo Rato en la vicepresidencia económica, hubiera rechazado cualquier intento de acrecentar el poder de La Caixa en Repsol o de cambiar al hombre de Rato, Alfonso Cortina. En cambio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero entiende que es una opción empresarial razonable y deseable. La Caixa posee el 12,5% del capital de Repsol, y el BBVA, el 6%.

Existen indicios de que La Caixa expuso su deseo de ocupar la presidencia de Repsol inmediatamente después de las elecciones de marzo; exactamente el día 16. Ricardo Fornesa, presidente de La Caixa, y Antoni Brufau, director general y presidente de Gas Natural, recibieron -y aceptaron- la recomendación de esperar. Las razones políticas eran de peso. No era el momento adecuado, porque podía interpretarse como una avidez excesiva por hacer notar el cambio de atmósfera política y, además, todavía no se habían formado las instancias administrativas que debían entender el caso.

Causa abierta

El plazo de espera ha terminado. Desde mediados de octubre La Caixa hizo valer su memorial de agravios o compendio de razones para desplazar a Cortina y ocupar la presidencia de la compañía petrolera. Informó de ellas a las instancias pertinentes -presidencia del Gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria- y ejecutó el cambio sin más.

Así que importan las razones políticas y empresariales por las cuales La Caixa ha decidido despedir a Cortina. Además del motivo obvio, machaconamente repetido durante esta semana -"La Caixa es el mayor accionista de Repsol YPF, quiere mandar y tiene derecho a hacerlo"-, ese memorial contiene los siguientes argumentos:

- Necesidad urgente de renovar el equipo directivo de Repsol. No tanto la presidencia como algunos altos cargos responsables de áreas. Cortina se resistió a aceptar esos cambios, según la interpretación del accionista dominante.

- Carácter pepero de algunos miembros del equipo de presidentes del grupo.

- La empresa no transmitía con la debida diligencia las subidas del precio del crudo a los precios finales cobrados a los consumidores. Esta acusación evoca los tiempos, quizá no del todo olvidados, en los que el Ministerio de Economía (de Rato) solicitaba y obtenía retrasos en la repercusión de los precios del crudo para no perjudicar la evolución del IPC.

- El análisis estratégico empresarial de la compañía realizado por el dúo Caixa-Gas Natural (LC-GN) considera que la posición de Repsol en el mapa petrolero mundial es complicada. No resulta demasiado eficiente ni está bien colocada -esto es, en los primeros puestos del mercado- en exploración, refino o comercialización. La compañía necesita, siempre según La Caixa, una decisión estratégica más firme. El principal accionista entiende que las actuaciones de Repsol en Argentina -en resumen, las relaciones con Kirchner- son poco firmes y claras, y esa confusión lleva a malas relaciones políticas y una prima de riesgo (impuestos, tasas) que impiden la rentabilización máxima de la inversión en YPF.

Durante meses ha circulado en GN el latiguillo "Repsol necesita enderezarse" porque "los mercados están cambiando". Evaluaciones poco precisas, pero que suelen resultar demoledoras, sobre todo si después se encargan informes para confirmarlas. Además, en GN estaban convencidos de que un cambio en la presidencia sería bien acogido por analistas y mercados.

De la cuantiosa relación de motivos esgrimidos para el despido de Cortina, éste parece el más débil. En términos estrictamente financieros, el beneficio por acción y la rentabilidad del dividendo venían creciendo (modestamente, eso sí) durante los últimos años (gráficos adjuntos). La compañía peleaba con una deuda voluminosa, muy pesada desde la operación de compra de YPF en Argentina -operación, por cierto, poco discutible en términos estratégicos, puesto que permitió que Repsol cerrase el ciclo del refino con la producción de petróleo-, pero el grado de endeudamiento afecta en general a casi todas las empresas energéticas. No era una preocupación decisiva, porque el programa de reducción de la deuda era un éxito hasta el momento.

- Mala relación del accionista principal con el equipo de dirección. Éste es el apartado de los agravios. En varias ocasiones, La Caixa pidió que se aumentara su participación en el consejo de Repsol. Sólo pedían, dicen, un consejero más (contaba con un presidente y dos consejeros). Cortina no atendió sus peticiones, aunque eran de estricta justicia. "Se ríen de nosotros", transmitieron LC-GN al Gobierno, en especial al receptivo responsable de Industria, José Montilla.

Otros agravios son muy conocidos, como el de la OPA (frustrada) sobre Iberdrola. Más irritación, más síndrome de maltrato.

El Gobierno opina

Esta relación de malentendidos ha sido reconstituida con las opiniones vertidas por responsables o emisarios de LC-GN ante Solbes y Montilla principalmente. Conste que las quejas no se han limitado a las autoridades de Madrid. Están ampliamente extendidas por todos los centros de poder de Cataluña. Ni la entidad financiera ni la empresa de gas han ocultado su incomodidad en Repsol.

El Gobierno socialista podía haber reaccionado con reparos. A efectos de entender la situación cabe simplificar diciendo que algunas instancias eran fervientes partidarias de sustituir a Cortina (y a todos los presidentes de las empresas privatizadas) y ése sería el caso de Montilla; otras anteponían cautelas y prudencias a tal deseo (por ejemplo, presidencia del Gobierno) y otras actuaban como manifiestamente indiferentes (caso del ministerio de Solbes en general). Pero como no era necesario intervenir políticamente, sino simplemente aceptar un cambio en la presidencia de una empresa promovido por un accionista, desde la Administración simplemente se aceptó sin más la operación.

Ahora bien, debe hacerse constar que el nuevo equipo de Industria percibió una imagen no demasiado buena de Alfonso Cortina y su equipo de dirección. Cuentan que en una de las reuniones con el actual secretario general de la Energía, Toni Fernández Segura, los repsoles se extendieron en interminables quejas sobre las terribles circunstancias que perjudicaban el negocio, desde el precio del crudo hasta la competencia de las estaciones de servicio de los hipermercados. Fernéndez Segura, molesto, acabó la reunión con una advertencia irritada: "Desde este despacho no se hacen las cuentas de resultados de las empresas". Tampoco Montilla recibió mejores percepciones de sus entrevistas con Alfonso Cortina y Ramón Blanco, consejero delegado. Suele suceder que si a la mala percepción del accionista se une la mala percepción del Gobierno, las consecuencias sean malas. Éste fue el caso.

Mapa para privatizadas

Ahora bien, ¿cabe deducir del caso de Repsol una política precisa del Gobierno respecto a las presidencias de las empresas privatizadas? La existencia o no de tal política ha sido muy debatida, a veces en términos muy confusos. Por ejemplo, interpretando los nombramientos de los presidentes de Hispasat o Red Eléctrica por parte del Gobierno socialista como una intervención indeseable, cuando en realidad se trata de empresas públicas o en las que el Estado es el accionista de referencia. Los criterios con los que actuará el Gobierno de Rodríguez Zapatero en el caso de las empresas privatizadas se resumen en:

- El Gobierno no intervendrá para sustituir a los presidentes de las empresas privatizadas. Se trata de empresas privadas que están fuera de la órbita de actuación del Ejecutivo.

- Deberán ser los accionistas, es decir, la propiedad, quienes promuevan los cambios en las presidencias si lo desean. Es decir, deberán arriesgar su dinero y mover los hilos políticos adecuados, quizá por asociación o agrupación, para plantear los cambios en la dirección. En ese caso, el Gobierno no se opondrá a los movimientos propuestos.

- Las sustituciones caen bajo la responsabilidad de los accionistas. Por lo tanto, la sustitución se hará por profesionales o empresarios. Tal criterio excluye que desde el Gobierno se intente colocar en las presidencias o cargos ejecutivos hombres próximos al Gobierno o al PSOE.

Estos criterios se han cumplido estrictamente en el caso de Repsol YPF. Un accionista propuso el cambio, el nuevo presidente es un representante de la propiedad y el Gobierno se limitó a no oponerse a la operación.

El paso siguiente es más complejo. La aplicación de los criterios para las privatizadas exige que en la empresa exista un accionista de referencia, que sea capaz de incitar el cambio. Una condición adicional es que la participación sea superior al 5% u 8%, según esté de fragmentada la propiedad. En el caso de Repsol YPF existía. No está claro que esa misma condición pueda darse hoy en el resto. El mensaje que el Gobierno lanzó el miércoles al mercado es que operaciones organizadas por los accionistas serán bienvenidas. Y la reacción del mercado, de acuerdo con interpretaciones oficiales, es que así se ha entendido, como demuestran las reacciones de alguna de las privatizadas.

Salida pacífica

Todavía queda por examinar un último factor que explica el éxito de la operación. Alfonso Cortina no opuso resistencia. Pudo haberlo hecho, aunque fuese a la desesperada. Quizá estaba en consiciones de articular la resistencia de los consejeros independientes, o de pedir ayuda al BBVA. Pero no lo hizo. Según algunas versiones, fue él quien convenció a los consejeros independientes de que la proposición de La Caixa era buena para la empresa.

Previamente, Fornesa y Brufau le habían informado de que tenían los votos suficientes en el consejo -con la abstención del BBVA- y la aquiescencia del Gobierno. Ofrecieron los catalanes un acuerdo amistoso, que inluía la presidencia de la inmobiliaria Colonial y poner el nombre de Alfonso Cortina al Centro de Tecnología de Repsol. Así que no hubo cuestión. ¿Recibió mejor tratamiento Óscar Fanjul?