Papeles bajo contrato
España acogió el pasado año a uno de cada tres inmigrantes llegados a la UE. Desde el año 2000, el número de extranjeros empadronados ha pasado de menos de un millón a casi cuatro. Muchos de ellos, unos 800.000, se encuentran en situación irregular pese a su vinculación al mercado laboral. Esa gran bolsa de trabajo sumergido es, según el Gobierno, el verdadero activador del efecto llamada -en su peor versión- sobre el que tanto alertaba el PP cuando gobernaba, y que sigue invocando frente a los intentos actuales del Ministerio de Trabajo por poner remedio a la disociación entre realidad legal y realidad social. El ministro Caldera ofreció ayer un pacto de Estado sobre inmigración cuya primera consecuencia sería un reglamento de aplicación de la ley de extranjería.
El discurso del PP sobre la necesidad de establecer una barrera clara entre inmigración legal e ilegal fue compatible con una política que de hecho permitió el florecimiento de una enorme bolsa de economía sumergida que contrata inmigrantes sin papeles. El fuerte crecimiento de sectores apoyados en la existencia de mano de obra barata tiene seguramente mucho que ver con ello. Es un modelo inviable a largo plazo, con trabajadores que, como es lógico, tienen derechos, como la sanidad o la educación, pero que no cotizan, ni ellos ni sus empleadores. Al mismo tiempo, el carácter restrictivo de la ley obligó a periódicos y poco rigurosos procesos de regularización.
El intento del Gobierno actual por reconciliar legalidad y realidad puede provocar otros efectos no deseables, pero siempre será mejor actuar que mantener la ficción actual: en 2003 llegaron unos 600.000 inmigrantes, cuando el contingente fijado era de 30.000. Las acusaciones del PP de que el Gobierno ofrece papeles para todos fue contestada ayer por Caldera con datos. Por ejemplo, que el Gobierno actual se encontró con cerca de 400.000 expedientes sin resolver, de los que la cuarta parte eran de renovación del permiso de residencia. Era urgente poner remedio a esa bola de nieve de personas arrojadas a la irregularidad por la propia Administración.
El reglamento que se quiere consensuar propondrá fórmulas para vincular la regularización a un contrato laboral verificable, a fin de acabar con la picaresca de falsas ofertas de trabajo. Caldera informó de que buena parte del reglamento procede de propuestas que ya estudiaba el anterior Gobierno, y recordó que el criterio sigue siendo adecuar los flujos de inmigrantes a las necesidades reales del mercado laboral y a la capacidad de integración de la sociedad española.
