El Congreso, con la excepción del PP, sienta las bases del pacto de Estado de inmigración

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del popular, acordaron ayer instar al Gobierno a "avanzar, previo consenso social y político, hacia el derecho de participación política de los residentes legales permanentes en las elecciones locales". La propuesta está incluida en una moción presentada por el grupo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y enmendada por el grupo socialista. El texto final es la primera formulación del gran pacto de Estado reclamado por el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, para fijar las líneas básicas de la política migratoria a medio y largo plazo.

En el texto aprobado, el Parlamento insta al Gobierno a "abrir un amplio proceso de diálogo con todos los grupos parlamentarios, con las comunidades autónomas, ayuntamientos, interlocutores sociales, ONG y asociaciones de inmigrantes (...)". El pacto", añade, "se inscribirá en la política y la normativa de la Unión Europea en esta materia y respetará los convenios y tratados firmados por España".

La propuesta de "avanzar" hacia la participación política en las elecciones municipales a los extranjeros con permiso de residencia es una de las tres iniciativas normativas que proponen los grupos parlamentarios. Las otras dos son la ampliación "significativa" de la duración del visado de búsqueda de trabajo, actualmente fijada en tres meses, y la apertura de un período de consultas para obtener un Reglamento de Extranjería que dé "una respuesta adecuada a la situación documental de los miles de inmigrantes que viven y trabajan en España de forma irregular".

El Parlamento también insta al Gobierno a concertar la gestión de los flujos migratorios y la integración de los inmigrantes de acuerdo con las comunidades autónomas. Respecto a esta última, reclama la formulación de un plan global, que deberá contar con un presupuesto exclusivo.

Propone, asimismo, intensificar la cooperación al desarrollo, especialmente en los países del Magreb; dotar las oficinas de extranjeros con recursos humanos y materiales suficientes para evitar su colapso y agilizar los procesos de documentación, y reforzar las inspecciones de trabajo para erradicar la explotación laboral.

Menciona expresamente la necesidad de hacer aflorar el trabajo doméstico y los servicios domiciliarios de atención personal y geriátrica, "con el fin de dotar al sector de mayor transparencia" y de "garantizar los derechos de los trabajadores".

"El pacto de Estado", señala el texto, "supondrá el inicio de una etapa en la que Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos coordinarán, cooperarán y compartirán aquellas funciones y competencias que posibiliten una gestión más eficaz de los flujos migratorios y respondan a una distribución más acorde de las competencias migratorias en el Estado de las autonomías".

En este sentido, reclama la potenciación de las funciones del Consejo Superior de Política de Inmigración, en el que están representados los Gobiernos autónomos y los ayuntamientos, y la fijación "de común acuerdo con las comunidades autónomas e interlocutores sociales del contingente anual de trabajadores extranjeros (...), compartiendo con las comunidades autónomas la gestión en los procesos de formación y selección de los inmigrantes".

Asimismo, establece la "corresponsabilidad financiera" del Gobierno en las políticas de integración que desarrollan las autonomías y los ayuntamientos, y le insta a elaborar un estudio para la crear de un "fondo estatal", destinado a "financiar las políticas de integración y acogida de las comunidades autónomas, según el número de personas extranjeras residentes en las mismas, respetando las competencias exclusivas en materia de integración y servicios sociales que corresponden a comunidades autónomas y ayuntamientos".

La portavoz del grupo Popular, María Ángeles Muñoz, dijo que su grupo no apoyaría el pacto de Estado porque la política del Gobierno carecía de rigor y transparencia. El portavoz socialista, Antonio Hernando, le replicó que la política del PP había triplicado el número de sin papeles desde 2001 y había engendrado tres leyes y tres fracasos.