Un asunto constitucional
Qué hubiese ocurrido si la boda de don Felipe de Borbón y Grecia con Letizia Ortiz se celebrase "contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales", algo previsto en el artículo 57 de la Constitución española?.
Felipe de Borbón es el heredero de la Corona de España, el futuro jefe del Estado. Su boda con Letizia Ortiz, junto a otras muchas cosas, es, por definición constitucional, un asunto de Estado y, en consecuencia, un asunto político que a lo largo del tiempo puede llegar a plantear cuestiones de primera magnitud.
Todo hasta ahora transcurre con la normalidad de los grandes acontecimientos sociales, pero la decisión de don Felipe al elegir esposa podría haber ocasionado una tormenta.
Zapatero ha propuesto una reforma constitucional que consagra el principio de igualdad entre hombre y mujer en la sucesión a la Corona
Cisneros: "El Rey ejerció una autolimitación de su poder antes de la Constitución; a cambio, se respetó la configuración de la Monarquía"
López Garrido: "La discriminación en favor del varón en la sucesión es, como dicen los alemanes, una norma constitucional, inconstitucional"
La respuesta a la hipótesis de la prohibición tiene una primera respuesta: el Congreso y el Senado, que integran las Cortes Generales, tendrían que haber improvisado un procedimiento para actuar porque, más de veinticinco años después de aprobada la Constitución, su título II, "De la Corona", carece de desarrollo reglamentario, algo que se ha intentado en varias ocasiones y que ha embarrancado siempre.
Se trata de poner en marcha el Reglamento de Cortes Generales, que, en buena parte, tendría que estar dedicado a desarrollar los procedimientos para aplicar los artículos 56 a 65 de la Constitución.
Todas las fuentes parlamentarias consultadas coinciden en que los recelos entre Congreso y Senado han impedido que el propósito llegase a buen puerto, aunque en la VI legislatura, y presidiendo el Congreso Federico Trillo (PP), llegó a redactarse un texto articulado.
Gabriel Cisneros, diputado popular, miembro de la ponencia que redactó la Constitución y actual vicepresidente del Congreso, señala que las urgencias políticas del día a día han podido retrasar el desarrollo de la Constitución en este terreno, ya que los supuestos que se manejan -sucesión, abdicaciones, renuncias, regencia, tutoría del rey e incapacitación, entre otros- "son supuestos históricamente excepcionales".
Tanto como lo es la boda del heredero de la Corona, que coincide con una iniciativa de plena actualidad.
El nuevo presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha formulado una propuesta muy tasada de reforma de la Constitución para, entre otras cosas, consagrar el principio de equiparación entre hombre y mujer a la hora de la sucesión.
La Constitución, en su artículo 57, instauró la prevalencia del varón sobre la mujer -los senadores Joaquín Satrústegui y Camilo José Cela consiguieron, en 1978, que se suprimiese la expresión "hembra"- entre las personas del grado más próximo de parentesco.
Cisneros explica que, una vez que se decidió vaciar de cualquier contenido de poder a la figura del Rey, el propio don Juan Carlos ejerció "una severa autolimitación antes de que se redactase la Constitución; a cambio, se respetó la configuración de la Monarquía tradicional, que incluía esa prevalencia del varón".
Para Cisneros, "el acceso de la mujer al primer plano de todas las realidades sociales es la gran transformación que se ha operado en España en estos más de veinticinco años, y, en consecuencia, si hoy hubiese que redactar una Constitución, cualquier discriminación en favor del varón sería imposible".
Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, reflexiona sobre una hipótesis en torno a la boda de don Felipe: con la redacción actual de la Constitución, si el primer descendiente de don Felipe y Letizia fuese mujer pasaría a convertirse automáticamente en princesa de Asturias; pero si más tarde el matrimonio tuviese un varón, le arrebataría el título y la condición de heredera, algo que -López Garrido y Cisneros coinciden- sería incomprensible para la sociedad actual.
López Garrido explica que la situación actual es lo que la doctrina alemana ha definido como "una norma constitucional, inconstitucional".
Más allá del aparente juego de palabras, el diputado socialista explica que Rodríguez Zapatero adoptó la decisión porque "la igualdad hombre-mujer es un elemento esencial de la democracia deliberativa y participativa" que se quiere poner en marcha en esta nueva etapa política y que "tiene que ser un referente para la izquierda en este siglo".
En cualquier caso, esta reforma concreta exige disolver las Cortes, convocar elecciones, que se apruebe por los dos tercios del Congreso y el Senado antes y después de la disolución, además de un referéndum. Si hay acuerdo para llevarla a cabo será a final de la legislatura. Puede que para entonces la boda del heredero haya fructificado, con o sin reforma.
