España limita por seguridad la entrada de marroquíes por Ceuta

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha decidido mantener, de forma permanente, el férreo control policial que estableció la semana pasada en la frontera del Tarajal, que separa la ciudad autónoma de Marruecos, para evitar el acceso de inmigrantes "y probables delincuentes" tanto en los ocho kilómetros de perímetro fronterizo como en el paso aduanero. La delegación argumenta que los exhaustivos controles, que sólo permiten el acceso de marroquíes con permiso de trabajo o que puedan justificar su estancia, responden a la llegada de un mayor contingente de inmigrantes durante agosto y septiembre, en su mayoría marroquíes que han entrado clandestinamente a través de Tarajal haciéndose pasar por argelinos.

El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) inició hace una semana las inspecciones en la frontera, lo que ha reducido su actividad en más de un 50% y ha provocado las quejas del comercio ceutí, que sobrevive de la venta de mercancías a Marruecos.

Los marroquíes residentes en la provincia de Tetuán pueden cruzar el paso fronterizo de Ceuta sin visado gracias a un acuerdo tácito con el Gobierno español, circunstancia que aprovechan muchos otros para entrar en la ciudad, hacerse pasar por argelinos y evitar así su repatriación inmediata. La Delegación del Gobierno explicó que también pretende estrechar la vigilancia sobre personas con antecedentes penales a las que atribuye la mayoría de los pequeños delitos cometidos en Ceuta.

Protestas de los empresarios

Al reforzar los controles, las autoridades pretenden "proteger los derechos de los ceutíes" evitando que "determinados individuos" lleguen a la ciudad e impedir la entrada clandestina de magrebíes y subsaharianos. El censo de inmigrantes de Ceuta supera, según Médicos Sin Fronteras, las 800 personas, 650 de las cuales están acogidas en el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) y el resto duerme a la intemperie.

La medida también pretende evitar las constantes agresiones que sufren los agentes de la Guardia Civil y que la Delegación del Gobierno atribuye a "ciudadanos marroquíes que se lucran con el paso irregular de inmigrantes y con el tráfico de mercancías a través del vallado perimetral". Entre enero y septiembre pasados, la Guardia Civil contabilizó 230 apedreamientos en los que 24 agentes resultaron heridos y 46 vehículos, dañados.

Las restricciones de paso, aplicadas hasta ahora sólo en situaciones como el 11-S y tras los atentados suicidas de Casablanca (a 300 kilómetros de Ceuta), han provocado un aluvión de protestas del empresariado local. Los ingresos de los tres polígonos comerciales próximos a Tarajal, en los que hay 100 empresas, han caído un 50% en el último año a pesar de que la zona es el pulmón comercial de Ceuta: mueve 600 millones de euros y genera el 70% de la actividad económica, aunque según la Cámara de Comercio, desde 2002 ha caído prácticamente a la mitad.