Las sombras del Presupuesto

Las cuentas públicas para 2004 vuelven a situar a España como la alumna aplicada de la zona euro. Mientras Francia y Alemania sufren el escarnio de las autoridades por sobrepasar el 3% de déficit público que permiten las reglas del juego europeas, España presentó el pasado viernes un nuevo Presupuesto General del Estado con las cuentas saneadas. De cumplirse las previsiones, será la cuarta vez que España pueda hacer gala de unas cuentas públicas equilibradas, mientras Francia, con un 4% de desviación para este año y Alemania, con un 3,8%, acumulan ya dos años de suspensos y se verán en dificultades para abandonar los números rojos a corto plazo.

Desde 1996, España ha pasado de un déficit público -diferencia entre ingresos y gastos del Estado- del 4,9% del producto interior bruto (PIB) al equilibrio técnico del -0,1% en 2002 y a un equilibrio perfecto previsto para este año. ¿Cuáles son las causas de este aparente milagro español? En primer lugar, el crecimiento. La economía española avanza el 2,3%, frente a una zona euro próxima al estancamiento -sólo crece el 0,2%- y gigantes como Alemania inmersos en la recesión. Gran parte de esa capacidad para crecer mientras los demás se hunden radica en el consumo interno. Esa fuerza de la demanda revierte en más recaudación de impuestos, tanto directos como indirectos. La recaudación por IRPF no deja de incrementarse, y ello a pesar de las dos rebajas fiscales que ha puesto en marcha el Gobierno -una en 1999 y otra este año. Entre enero y agosto, los ingresos por la declaración de la renta han aumentado un 6,4% en relación con el mismo periodo de 2002. Más han avanzado los ingresos por IVA, hasta un 10%.

España no es el único país que recurre a estos mecanismos para pulir sus cuentas públicas

No obstante, algunos expertos cuestionan el carácter altamente favorable de la comparación y atribuyen las diferencias a efectos de calendario. En el caso del IRPF, advierten de que los efectos de la reforma se apreciarán más a final de año. En el IVA, apuntan que el aumento del precio del petróleo y las menores devoluciones que el Estado ha realizado hasta el momento por el pago de este impuesto están engordando las cifras de 2003.

Otro de los motivos por los que España crece más que sus socios es el empleo. El mercado de trabajo generará 281.800 nuevos puestos este año, según las previsiones oficiales, y 299.700 el año que viene. Hasta agosto, la Seguridad Social ha recibido casi medio millón de nuevos afiliados.

Casi la mitad de los afiliados en el último año son inmigrantes, un colectivo que suma ya 728.212 cotizantes en las listas de la Seguridad Social. Esta cantidad representa el 4,37% de todos los afiliados.

Es precisamente la salud que exhiben las cuentas de la Seguridad Social lo que permitirá lograr el tan ansiado déficit cero este año, pues el desequilibrio del 0,5% que arrojará el Estado en 2003 se compensa con el superávit del 0,5% por cotizaciones sociales. Desde 1996, España ha pasado de un déficit del 0,4% en la Seguridad Social a un superávit del 0,7% en 2002.

Más allá de estos motivos, hay una serie de operaciones que permite que los Presupuestos luzcan mejor. Se trata de maniobras que entran dentro de lo legal y que permiten computar de otro modo lo que en principio sería déficit. Así ocurre con las inversiones, que si se decide incluirlas en el Presupuesto, deben contar como gasto. España, un país con gran volumen inversor, ha conseguido situar gran parte de este concepto fuera de los capítulos que se financian con los ingresos del Estado. "El Presupuesto ha dejado de ser expresión fiel de la actividad financiera pública", afirma Francisco Fernández Marugán, diputado socialista experto en Presupuestos. Sostiene que el 50% de la inversión pública se sitúa fuera de las cuentas del Estado. El Ministerio de Hacienda argumenta que las cuentas del Estado están avaladas por Bruselas y que, por tanto, todo su desarrollo entra dentro de lo permitido.

¿Cómo es posible realizar inversiones sin que dejen huella en el Presupuesto? Bruselas permite que determinadas inversiones se financien con deuda pública si existen perspectivas de funcionar con criterios de mercado. Si en un plazo de tiempo el proyecto permite recuperar el 50% de la inversión realizada se puede recurrir a la deuda. Así ocurrió con las infraestructuras ferroviarias, para las que el Gobierno creó el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) en 1997. El Estado realiza una aportación mínima y el resto se financia mediante préstamos. Al GIF han ido a parar 4.944 millones de euros entre 1996 y 2002, según datos del diputado socialista.

Un mecanismo similar se ha empleado con RTVE. El Estado actúa como avalista -garantiza que puede cubrir la deuda- en lugar de reconocerla en sus Presupuestos. El pasivo del ente público asciende ya a 6.600 millones de euros, casi un punto del PIB, y se valdrá de un presupuesto de 1.557 millones de euros el próximo año. De esta cantidad, 668 millones provendrán de más endeudamiento. Algunos expertos consideran que estas partidas "acabarán dando la cara" y que el Estado tendrá que asumirlas en algún momento en las cuentas públicas.

España no es el único país que recurre a estos mecanismos para pulir sus cuentas públicas. Casi todos los expertos reconocen que hay técnicas inventadas por otros Estados, como la creación de un gestor de infraestructuras ferroviarias, pero resulta difícil determinar qué prácticas son comunes. La elaboración de los Presupuestos es prácticamente el único asunto económico en el que los países de la zona euro tienen autonomía, una vez que la política monetaria viene determinada por el Banco Central Europeo. Y cada país guarda celosamente las recetas con las que elabora sus cuentas públicas.

Un apartado que cada vez cobra más importancia en los Presupuestos es el de las administraciones regionales y locales. También éstas recurren a maquillajes como los del Estado para financiar algunos de sus proyectos. El año pasado arrojaron un déficit del 0,3%, con una necesidad de financiación de 1.912 millones de euros. No obstante, algunos analistas sospechan que el déficit puede ser mayor del reconocido, ya que, con el proceso de transferencias de servicios básicos a las comunidades (educación, sanidad, empleo...) existe cierto descontrol sobre sus cuentas.

Consecuencia de todo lo anterior, para analizar las cuentas públicas es necesario desviar la atención hacia la deuda. Al contrario que el déficit, el volumen de endeudamiento ha aumentado cada año desde 1996, hasta situarse en 374.304 millones de euros el año pasado, equivalente al 53,8% del PIB. El Gobierno argumenta que ese porcentaje sí que cae cada año, aunque también hay que tener en cuenta que el PIB nominal -sin descontar los efectos de inflación- crece mucho cada año debido también al aumento de los precios.