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Tribuna
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Accidentes en el verano de 2003

Lamentablemente, este verano se ha producido lo que una y otra vez la Unión General de Trabajadores viene denunciando, que los accidentes de trabajo se producen en nuestra Comunidad entre otros motivos por la escandalosa precariedad existente en el mercado laboral.

El conjunto de la sociedad valenciana, igual que el resto del Estado, hemos podido comprobar las lamentables imágenes producidas en Repsol YPF de Puertollano. Sin ninguna duda, la rabia e impotencia que me produjeron a mí y creo que a la inmensa mayoría de los ciudadanos nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que esta ocurriendo y el porqué.

Con independencia de cuál sea el resultado de la investigación de lo ocurrido en Puertollano, está claro, y no es la primera vez que ocurre un accidente en ese centro de trabajo, que algo o alguien ha fallado.

Si comparamos los accidentes producidos en nuestra Comunidad con el de Puertollano, seguramente encontraríamos un punto en común, "las contratas". Las espectaculares imágenes, por la catástrofe humana pero también por la dimensión económica, no se han producido en nuestra Comunidad pero aquí este verano han caído unos cuantos trabajadores: jóvenes, menos jóvenes y entrados en edad, precarios; en la industria, en la construcción, en los servicios, o en el puerto de Valencia con dos nativos y algún otro que no cuenta, porque el barco es de bandera de conveniencia.

En toda la geografía valenciana (Sagunto, Llíria, Pego, Torreblanca, Alcoi, Castellón, Museros, Novelda, Geldo, Rojales, Oliva, Nules, Vinaròs, o Valencia) por poner algunos municipios donde se han producido los accidentes mortales. Es evidente que nada se puede hacer hoy por los fallecidos, pero es urgente y necesario conocer que ha pasado para que no se produzca de nuevo. La Administración autonómica tiene la obligación de hacer cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, no es posible que se continúe mirando hacia otra parte sin aplicar los mecanismos legales a aquellos desalmados que no tienen ningún rubor de poner en peligro las vidas humanas con tal de tener mejores resultados económicos.

¿Cuántos muertos más hacen falta para que el Gobierno asuma su responsabilidad de una vez por todas?. No se trata, desde mi óptica, de criminalizar al Gobierno por lo que ocurre en los centros de trabajo; se trata de pedirle, rogarle y, por que no, exigirle que antes de que se produzcan los accidentes aquellos centros de trabajo que no cumplan con la normativa vigente, si tienen que ser cerrados lo sean y no luego tengamos que lamentarlo como nos esta ocurriendo últimamente y en concreto este verano.

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Está claro, que no todos los empresarios comparten los planteamientos de que todo vale con tal de obtener mejores resultados económicos pero no obstante, sus silencios los convierten en cómplices de actitudes poco responsables. Es hora de que todos los que tienen responsabilidad directa, es decir, Gobierno y empresarios, actúen con rotundidad denunciando las actuaciones nada responsables de unos cuantos que empañan el buen hacer muchos.

Hoy día nadie discute de la precariedad de nuestro mercado de trabajo, por cierto, muy superior a la media Europea. Una precariedad que desde el movimiento sindical denunciamos permanentemente, como hemos demostrado con las distintas movilizaciones de protesta, incluida la huelga general que tanto nos criticaron aquellos que nos quieren hacer responsables de ella y por ende de los accidentes producidos. Pues bien, en la Unión General de Trabajadores no sólo protestamos cuando las condiciones lo requieren, sino que también proponemos alternativas. La proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular que presentamos en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada con los votos del Partido Popular, contemplaba actuaciones para corregir los estragos que producen las subcontrataciones en los trabajadores tales como: 1) verificar la regularidad en materia de la seguridad social, 2) responsabilidad solidaria por deudas a los trabajadores, 3) reclamaciones ante la empresa principal, 4) paso a la condición de fijo en la empresa principal en caso de fraude por cesión ilegal de trabajadores, 5) responsabilidad del titular del centro de trabajo en la coordinación de contratas y subcontratas. Estas cinco propuestas modifican las actuales leyes del Estatuto del Trabajador y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Aquí en nuestra Comunidad el pasado mes de junio solicitamos a la Administración autonómica un plan especifico en el sector de la construcción, intuyendo lo que podía ocurrir este verano, solicitud que hoy no tiene contestación. Pues bien, otra vez es en la construcción donde se ha producido el mayor numero de accidentes, lo cual demuestra una vez mas que no estábamos equivocados con nuestra solicitud a la Administración.

Este verano hemos podido nuevamente comprobar, en Puerto Llano y en nuestra Comunidad, que subcontratas y precariedad es igual a muerte de los trabajadores.

Estoy convencido que la política de prevención por si sola no sirve, creo que no se puede tardar mas tiempo en complementar las políticas preventivas con el cumplimiento exhaustivo de la legislación vigente, de no ser así difícilmente, por no decir imposible, cesaran día tras día los trabajadores muertos por accidente.

Rafael Recuenco es secretario general de UGT del País Valenciano

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