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Los partidos se niegan ahora a reducir su gasto electoral pese a ingresar por ello 15 millones

El PSC frustra un acuerdo a la baja al negarse a compartir el 'mailing' con el resto

Los partidos políticos catalanes se han pasado por el sobaquillo el acuerdo para reducir los gastos electorales que con gran pomposidad presentaron en febrero de 2001. El pacto preveía que las formaciones gastarían menos en el próximo ciclo electoral y que a cambio recibirían más fondos públicos para su financiación. Desde entonces los partidos se han repartido 15 millones de euros adicionales, pero se niegan a limitar sus gastos. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) incluso frustró ayer un acuerdo a la baja al negarse a compartir el mailing electoral con el resto de los partidos, lo cual hubiera comportado un ahorro de 2,7 millones de euros en las autonómicas.

El 26 de febrero de 2001, el presidente del Parlament -el principal hacedor del pacto-, Joan Rigol, y los máximos dirigentes de todos los partidos comparecieron conjuntamente para presentar el acuerdo y mostrar la cara más amable del llamado oasis catalán. Ayer, se puso de manifiesto el reverso del oasis: a la hora de la verdad, a las puertas del ciclo electoral, el pacto ha quedado en casi nada, pese a que los partidos ya se han embolsado los 15 millones de euros adicionales previstos para hacerlo efectivo.

En el momento de suscribir el pacto para limitar el gasto electoral se partió de la premisa de que los partidos sufrían un problema de financiación y que para avanzar hacia la transparencia debía aumentarse la dotación pública. Este último punto es el único que se ha cumplido: el acuerdo fue en 2001, pero el Ejecutivo aportó retrospectivamente 1,8 millones de euros adicionales correspondientes a 2000, que los grupos parlamentarios se repartieron en función del número de escaños.

Los "fondos adicionales" no han cesado de aumentar año tras año, según fuentes parlamentarias. Los 1,8 millones de euros de 2000 se convirtieron en 3,01 millones para 2001, en 4,51 millones para 2002 y en 6,01 millones para 2003. En total se han repartido 15,33 millones de euros. Si no hubieran firmado el pacto, los grupos parlamentarios se habrían repartido 20,64 millones de euros. Gracias al pacto -que ahora no cumplirán-, 35,99 millones.

Los secretarios de organización de todos los grupos, salvo el del PSC, presentaron ayer las medidas concretas que están dispuestos a aplicar para llevar a la práctica el acuerdo de 2001. Entre los puntos no hay ninguna mención a reducir el gasto en el próximo ciclo electoral. Tampoco se establece ningún mecanismo que permita asegurar que el gasto que declaran los partidos sea real.

Fuentes parlamentarias explicaron que Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se quedaron solos a la hora de defender una reducción efectiva del gasto electoral y de comprometerse a abrir sus contabilidades electorales a la Sindicatura de Cuentas sin restricciones. Ambas posibilidades fueron rechazadas por los partidos mayoritarios. El único compromiso adoptado es que los partidos entregarán a la sindicatura "la documentación contable solicitada" para poderla depositar en el "Registro de Documentación", algo a lo que ya están obligados con el Tribunal de Cuentas. Hoy por hoy la sindicatura no dispone de mecanismos de control para comprobar que los partidos gastan lo que dicen que gastan, uno de los puntos clave del debate.

La única medida prevista para reducir el gasto simbólicamente quedó ayer frustrada por la negativa del PSC a secundarla. Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Unió Democràtica (UDC), el Partido Popular, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya Verds estaban dispuestos a compartir el mailing electoral, lo cual hubiera supuesto un ahorro al erario público de 2,7 millones de euros. De haber prosperado, los electores hubieran recibido un único sobre con la propaganda y las papeletas de todos los partidos parlamentarios.

El PSC no estuvo dispuesto ni siquiera a asumir esta propuesta. "Lo que hace falta es cambiar la normativa, no plantear propuestas que no ofrezcan garantías de trato igualitario", afirmó a través de un comunicado Joan Rangel, secretario de organización de los socialistas. Todos los demás partidos censuraron la actitud del PSC, que impedirá aplicar esta mínima reducción del gasto.

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