El TSJA exige que la consultora KPMG deje "toda actividad inspectora" en la caja
Los datos en los que se basa la denuncia de la Junta ante la Fiscalía Anticorrupción se recopilaron por los inspectores autonómicos que auditaban las cuentas de Cajasur desde octubre pasado. La caja cordobesa recurrió contra la inspección a principio de mes ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que solicitó su suspensión, entre otras cosas, por contar con el auxilio de la consultora privada KPMG. Según el auto que difundió ayer Cajasur, el tribunal rechaza la suspensión pero advierte de que la inspección "sólo puede realizarse por funcionarios al servicio de la Consejería", por lo que "deberá cesar de inmediato" el personal de la consultora privada "en toda actividad inspectora".
La Consejería de Economía abrió un concurso público para contratar los servicios de una consultora privada que realizara labores de "auxilio" a sus funcionarios en su labor inspectora, habida cuenta de que la Junta no ha creado aún un cuerpo autonómico especializado para desarrollar los planes de inspección a los que le faculta la Ley andaluza de Cajas, aprobada a finales de 1999. El método elegido por Economía fue ampliamente criticado por el PP y por Cajasur que, junto a Caja San Fernando, fue la primera entidad en ser inspeccionada. La titular de Economía, Magdalena Álvarez, defendió entonces la legalidad de la medida, aunque anunció la pronta creación del cuerpo autonómico de inspectores.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA -la misma que congeló la orden autonómica que reclama la nulidad de la póliza millonaria a favor del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo-, en un auto fechado el pasado jueves, no considera que la participación de la consultora privada KPMG en la inspección sea suficiente motivo para suspenderla hasta que decida sobre el recurso planteado por la caja.
Nulidad
Pero, a su vez, el TSJA deja claro que considera improcedente la contratación de una consultora privada para auxiliar a la Junta en la inspección. "Al ser potestad inspectora de la Administración el ejercicio de un servicio público investido de autoridad, es obvio que sólo puede ser efectuado por quienes participan de esa condición al servicio de la Administración Pública, y no por personas ajenas a su círculo de actividad, por más que lo hagan en virtud y al amparo de un contrato administrativo", argumentan los jueces en el auto para indicar que "este extremo favorece la petición de la recurrente [Cajasur], pero sólo en cuanto a que ese personal [privado] debe quedar inmediatamente fuera de la actividad inspectora".
"Después de esto, todo lo actuado a través de la inspección debe declararse nulo al haber participado KPMG en todo el proceso", concluyó ayer el jefe de los servicos jurídicos de Cajasur, Diego Jordano. "Es una consecuencia lógica", señaló Jordano quien tambien consideró que la demanda de la Junta ante la Fiscalía Anticorrupción se "basa en documentación obtenida de forma ilegal". Una interpretación que fue rebatida por fuentes autonómicas que recordaron que el TSJA había rechazado suspender la inspección.
El secretario regional del PP, Antonio Sanz, pidió la "dimisión inmediata" de la consejera de Economía por el rechazo judicial a su decisión de contratar una empresa privada para auxiliar la inspección autonómica.
