Más de 100.000 millones por una tecnología que no funciona en ningún país de Europa

"Es un calendario flexible y realista y no voluntarista". Con estas palabras, el ministro Piqué definía ayer los nuevos plazos de la telefonía móvil multimedia que ya ha sufrido dos retrasos antes de ponerse en marcha: originariamente debía estar lista comercialmente en agosto de 2001 y se retrasó hasta junio de 2002, pero desde entonces sólo se han hecho pruebas de escaso alcance.

El UMTS (Universal Mobile Telecom System) es una tecnología llamada a convertir al móvil en un aparato multiuso imprescindible que se podrá utilizar como cámara para ver al interlocutor con el que hablamos; como tarjeta de crédito para pagar en un comercio o para navegar por Internet a mayor velocidad que el ADSL.

Sin embargo, por el momento sólo es una entelequia. En fase experimental (aún no se fabrican los terminales capaces de soportar esta tecnología) sólo funciona en la Isla de Man y en el Principado de Mónaco. En el resto de Europa acarrean un retraso de al menos tres años sobre lo previsto, aunque en la mayor parte ni siquiera se ha puesto fecha al lanzamiento.

El fiasco tecnológico de la UMTS ha provocado una crisis sin precedentes en el sector ya que, la euforia pasada, provocó que las compañías gastaran millonadas en conseguir las licencias que hoy son papel mojado. Los países que optaron por el método de la subasta como Alemania, Reino Unido u Holanda, recaudaron 103.900 millones de euros, mientras que los que adjudicaron las licencias por concurso, como España, ingresaron 5.200 millones.

El fracaso se ha puesto de manifiesto en los ejemplos de Xfera (España), Quam (Alemania) o Ipse (Italia), las compañías que han arrojado la toalla antes incluso de empezar a operar. Incluso operadores que ya disponían de una importante cuota de mercado con la tecnología actual GSM han visto en peligro su supervivencia por la hipoteca del nuevo móvil como el alemán Mobilcom. Esos pagos han provocado una deuda astronómica de 250.000 millones de euros, que no sólo pesan en el balance de las compañías telefónicas, sino en el de los bancos que les prestaron alegremente el dinero y, sobre todo, los fabricantes, que han tenido que ajustar empleo.