La Generalitat pagó por la planicie de Castell el triple del valor de mercado

La Generalitat ha gastado 11,76 millones de euros (1.956 millones de pesetas) del erario público -el triple de su valor de mercado, según fuentes inmobiliarias- en la compra de 46 hectáreas de la planicie de Castell, en Palamós, a la inmobiliaria Camo. La empresa figura en el Registro Mercantil a nombre de Artur Suqué y su esposa, Carmen Mateu, propietarios de Casinos de Cataluña. Entidades ecologistas acusan a la Generalitat de trato de favor a los dueños de los terrenos y han remarcado que la compra era innecesaria para preservar la zona.

El Departamento de Economía confirmó ayer el montante de la operación, aunque no aclaró si el sistema de compra es el mismo que el del paraje de Castell, 30 hectáreas adquiridas en 1999 por 2.400 millones de pesetas pagaderos en 20 años.

Diversas fuentes inmobiliarias de la zona coincidien en afirmar que el precio que ha pagado la Generalitat es 'exagerado' teniendo en cuenta que se trata de un terreno rústico y sin ninguna perspectiva de recalificación ante su previsible inclusión en el Plan de Espacios de Interés Natural.

La planicie de Castell ha sido adquirida a un precio aproximado por hectárea de 255.000 euros (42 millones de pesetas), mientras que terrenos similares a escasa distancia, también en segunda línea de costa, oscilan entre los 42.000 y los 72.000 euros (entre 7 y 12 millones de pesetas). Las mismas fuentes inmobiliarias advierten de que la comparativa con otros terrenos se ha calculado al alza, por cuanto la planicie tiene también una zona de cultivo, cuyo precio de mercado es casi siempre menor. La vieja masía que incluye el terreno -sobre la que los anteriores propietarios preveían levantar un hotel de lujo- valdría entre 100 y 150 millones de pesetas si no presentara un estado semirruinoso. En la zona de Mont-ràs, a unos dos kilómetros de la planicie de Castell, hay actualmente unas cinco hectáreas de terreno rústico a la venta con unas características muy similares. Su precio por hectárea es de unos 60.000 euros (10 millones de pesetas), casi cuatro veces menos de lo que ha pagado la Generalitat.