Ducha de agua fría para el campo

Los sindicatos se encuentran desde ayer ante un dilema de difícil solución. UGT y CC OO saludaron la confirmación de que el Ministerio de Trabajo reculaba y aceptaba casi todas las modificaciones exigidas a la reforma del sistema de protección por desempleo como un triunfo.

Pero, en lo que parecía el final de una intensa carrera, no pudieron alzar los brazos sobre la meta en señal de victoria. El Ejecutivo rechaza sólo una de las ocho condiciones sindicales: el mantenimiento del subsidio agrario. Una medida que afecta a un colectivo muy específico (230.000 jornaleros andaluces y extremeños), pero que ha tenido un papel protagonista en los cinco meses de movilización social que han forzado la marcha atrás del Gobierno.

Una concentración de 200.000 personas en Sevilla inició la protesta contra el 'decretazo'

El anuncio, en abril, de la reforma del sistema de protección por desempleo disparó las alarmas sindicales, pero en Andalucía y Extremadura se ordenó zafarrancho de combate. El Ministerio de Trabajo quería impedir la entrada de nuevos beneficiarios en el sistema de subsidio agrario del que disfrutan desde 1984 los jornaleros agrarios de estas dos comunidades. Y a los que ya lo cobraban se les exigía, para continuar cobrándolo, que lo hubiesen recibido en alguno de los últimos tres años y que ninguna sanción les hubiese anulado ese derecho. En la práctica, se trataba de extinguir el subsidio agrario a medio plazo.

Para los jornaleros andaluces y extremeños que quedaran fuera del subsidio agrario y para los jornaleros del resto del país (unos 200.000), hasta ahora sin ningún tipo de protección, el Ministerio establece un sistema contributivo (360 días cotizados para conseguir el mínimo de tres meses de prestación por desempleo), que los sindicatos calificaron de 'irreal' y 'discriminatorio'.

UGT y CC OO recalcaron que la media anual de jornadas en el campo andaluz y extremeño (aún con tasas de desempleo al 40%) apenas llegaba a las 60, por lo sería muy dificil acumular las cotizaciones suficientes para cobrar el paro. Y enfatizaron que, los trabajadores de cualquier otro sector tienen derecho a cuatro meses de prestación con 360 días cotizados.

El subsidio agrario, muy similar al que ideó el Gobierno del PSOE en 1984, garantiza el pago de 330 euros al mes (el 75% del salario mínimo) durante medio año a los jornaleros andaluces y extremeños que demuestren haber echado 35 peonadas.

Una condición mucho más fácil de cumplir que la establecida ahora por el Ejecutivo central y que generó a las arcas del Inem un gasto de casi 1.000 millones de euros el año pasado. Además del habitual argumento del fraude (firmar peonadas falsas o ponerlas a nombre de algún familiar, una vez superado el mínimo de 35 jornales), el Ministerio de Trabajo se parapetó en otras paradojas del sistema: el gasto había seguido creciendo en los últimos años, a pesar de que las cifras de paro en el campo se habían reducido; y era mucho mayor en Huelva y Almería, las provincias andaluzas en las que más trabajo se genera en el sector agrario.

Los argumentos del Ministerio fueron rebatidos por los sindicatos: según UGT y CC OO, el fraude, que se ha reducido en los últimos años -sólo un 0,3% de las bajas en 2001 se debieron a sanciones-, debe afrontarse con más inspecciones y el crecimiento del gasto se debe a la masiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo agrario.

La contraoferta de los sindicatos fue renegociar el sistema contributivo para ajustarlo a la realidad del campo y que se permitiera a los jornaleros optar voluntariamente entre el nuevo sistema y el subsidio agrario.

La posición sindical fue respaldada desde el principio por los Ejecutivos autonómicos (ambos en manos socialistas) y por las federaciones regionales del PSOE e IU, que hicieron frente común. En Andalucía y Extremadura, el subsidio agrario, a pesar de sus disfunciones, se identifica con una conquista social que refleja la necesidad de elevar el nivel de vida de la población agraria, aún muy numerosa en ambas comunidades e históricamente discriminada. De hecho, el PP andaluz reclamó intensamente su eliminación mientras el PSOE gobernaba en Madrid al considerar que estaba destinado a generar 'voto cautivo'.

Un discurso que cambió cuando llegó al poder: Javier Arenas, entonces ministro de Trabajo, no sólo mantuvo el subsidio sino que redujo en 1996 el mínimo de peonadas de 40 a 35.

Las primeras movilizaciones dieron fe del rechazo con el que se recibieron en Andalucía y Extremadura los planes del Ministerio. Unas 200.000 personas, una movilización inaudita en la capital hispalense, se manifestaron a principios de junio en Sevilla contra el decretazo; centenares de autobuses fletados en pueblos alimentaron la marcha. Hasta el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), aletargado desde las luchas jornaleras por la reforma agraria de la década de los ochenta, renació y multiplicó sus ocupaciónes de fincas y los cortes de carreteras.

Los líderes estatales de UGT y CC OO, Cándido Méndez y José María Fidalgo, no tuvieron duda: vivieron el paro general del 20 de junio en Sevilla; hasta el Gobierno reconoció que la huelga había sido seguida por casi el 50% de los trabajadores andaluces (el 90%, según los sindicatos). El presidente andaluz, Manuel Chaves, dijo que 'haría todo lo posible' por evitar la aplicación del decretazo.

Ante la movilización, el PP andaluz elaboró un documento para suavizar las medidas del Gobierno sobre el subsidio agrario, que ya fueron aceptadas por el Grupo Popular en el Congreso el pasado mes. Pero el corazón de la reforma, que ya entró en vigor con el decretazo, seguía intacto. La decisión del Ministerio de Trabajo de mantenerla contra viento y marea fuerza a los sindicatos a mantener las espadas en alto, al menos en Andalucía y Extremadura, pese a haber conseguido una 'restitución de derechos'casi absoluta, como ayer reconocían sus líderes.