La suspensión de pagos de Opening deja a 45.000 alumnos con fuertes deudas bancarias

El cierre de las academias de inglés Opening ha dejado a 45.000 estudiantes sin clases y atrapados con una importante deuda bancaria, ya que han pagado las matrículas a través de créditos bancarios que ahora tienen obligación de devolver, y cuyo importe se calcula entre 30 y 40 millones de euros en total. Opening, que presentó suspensión de pagos con un pasivo de 121,4 millones de euros, pertenece a CEAC, líder de la educación a distancia. La empresa reconoce que, si no recibe una inyección urgente, no podrá ni abrir sus puertas ni devolver el dinero a los estudiantes.

Opening, que cuenta con 133 academias en toda España, cerrará definitivamente las puertas de sus centros propios, un total de 74, la próxima semana si no consigue una vía de financiación para salir de la crisis. Los restantes 59 centros están vinculados a la marca Opening en regimen de franquicia y muchos de ellos, al ser empresas independientes, podrían continuar impartiendo clases con otro nombre.

De los 82.000 estudiantes matriculados en Opening, un total de 45.000 tienen créditos pendientes de devolución. En el sistema establecido por Opening para las matrículas, que no se pagan al contado, el estudiante firma un contrato de financiación en el que interviene una entidad financiera, que no está representada en el momento de la firma. En este contrato, se especifica que el centro realiza una cesión de crédito al alumno, y que este último se convierte en el deudor de la cantidad acordada con Opening.

En Cataluña, la comunidad en la que Opening tiene mayor implantación, '19 academias que se encuentran en franquicia están dispuestas a abrir el próximo lunes 2 de septiembre y seguir prestando el servicio', según señala Josep Tous, director general de Consumo de la Generalitat. Este organismo se compromete a visitar, una por una, todas las academias de Opening en Cataluña y levantar un acta por incumplimiento de servicio en cada centro que mantenga cerradas sus puertas a partir del próximo lunes.

El director general de la empresa propietaria de la red de academias, Rafael Macías, reconoció ayer, en declaraciones a Europa Press, que no podrá cubrir 'las deuda de la empresa si finalmente la situación desemboca en quiebra, porque el asunto quedará en manos de los jueces'. Macías manifestó que el grupo podría reflotarse 'si recibe una inyección de 5 millones de euros'.

La idea de recibir una inyección de capital por parte de un nuevo socio empezó a barajarse el pasado mes de junio, cuando la dificil situación de Opening, lastrada desde mucho antes, empezó a trascender públicamente. Opening, que tiene su sede social en Barcelona, abrió entonces una negociación en la que tomaron parte la Generalitat, a través del Instituto Catalán de Finanzas, los bancos acreedores de la empresa y el grupo Sylvan (propietario de The Wall Street Institute). Este último tanteó la posibilidad de convertirse en el nuevo socio de referencia de Opening, pero abandonó el proyecto al conocerse la suspensión de pagos de la filial de CEAC.

'Los empleados de los centros Opening de toda España no cobran sus salarios desde hace tres meses', manifestó un profesor de inglés del grupo. Ayer, la plantilla de Opening -1.200 empleados- decidió convocar una huelga a partir del próximo martes si la situación actual se mantiene. Este acuerdo fue tomado en una asamblea en la que participaron 300 empleados de la red de academias de idiomas.

Tras el estallido de la crisis de Opening, las organizaciones de consumidores han pedido mayor transparencia y control sobre los cursos de enseñanza no reglada, a menudo financiados mediante créditos. El antecendente más visible de Opening es el cierre de las academias Aula Magna, que dejó en la calle a 15.000 alumnos (el 90% con préstamos suscritos), y la denuncia sobre los créditos encubiertos en algunos centros de inglés. Las asociaciones de usuarios y consumidores exigen una regulación más estricta y plantean que las academias depositen una fianza y precisen una licencia específica. La venta de cursos de enseñanza no reglada (como los de idiomas o los de las escuelas de adultos) tiene dos regulaciones distintas, según se haga dentro o fuera del establecimiento mercantil. Mientras que en el primer caso hay importantes lagunas jurídicas, según los consumidores, en el segundo existe una regulación específica.