Sin agencia alimentaria

Hace un año que se aprobó, tras la convulsión social provocada por la crisis de las vacas locas, la ley que crea la Agencia de Seguridad Alimentaria, pero este organismo esencial para la salud pública, cuya tarea es garantizar la calidad de los alimentos y prevenir las crisis alimentarias, sigue sin ponerse en marcha. La agencia no puede funcionar porque no tiene aprobado su reglamento. Lo último es el envío a asociaciones de consumidores y partidos políticos de un borrador de estatuto elaborado por los ministerios de Sanidad y Agricultura.

Lo deseable en un organismo de estas características, al que se exige 'promover la seguridad alimentaria y ofrecer garantías e información a los ciudadanos y agentes económicos del sector agroalimentario', es que se atenga a la mayor independencia y transparecia posibles. Ése es el camino seguido, por ejemplo, por las agencias sueca y británica. El borrador enviado, sin embargo, privilegia el control del Gobierno en detrimento de la autonomía del centro. Pocas dudas caben de que la crediblidad de la agencia depende de su grado de independencia tanto frente a los intereses económicos como frente al poder político. Y de su transparencia. Se puede comprender que la discreción sea exigible en los procesos de investigación y de toma de decisiones, pero los resultados en ámbito tan cercano al ciudadano no pueden permanecer en la penumbra de los despachos o darse a conocer con cuentagotas a la opinión pública. No augura nada bueno que el proyecto de estatuto prevea que de los 17 integrantes del consejo de dirección de la agencia, máximo órgano decisorio, hasta 15 provengan de diferentes administraciones y sólo 2 de organizaciones sociales, de consumidores o económicas.

Además del modelo, la eficacia de la futura Agencia Alimentaria dependerá de su eficacia para coordinar a las distintas administraciones públicas en situaciones de crisis. Uno de los problemas que surgen en esas circunstancias es el choque de atribuciones. La ley prevé que 4 de los 12 miembros del consejo de dirección sean designados a propuesta de las autonomías que tienen transferidas las competencias alimentarias. Esta participación autonómica, sin embargo, debe corresponderse con una clara capacidad decisoria del consejo de dirección. No tendría sentido que en situaciones de riesgo el organismo encargado de afrontarlas careciera de poder ejecutivo para decidir la política a seguir en el conjunto del Estado.