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viernes, 26 de abril de 2002
EL 'CASO BBV'

Garzón imputa a 25 ex ejecutivos del BBVA y excluye a Rodríguez Ponga

El auto deja fuera a Goirigolzarri y Mario Fernández, al no incluir las operaciones de Puerto Rico

El juez Baltasar Garzón declaró ayer imputados a 24 consejeros del BBVA, a los que investiga por su presunta participación en delitos de apropiación indebida, societario de falsedad documental, administración desleal, fraude fiscal, falsedades en balances y cuentas, blanqueo de capitales y cohecho (soborno). El magistrado, que ha levantado el secreto del sumario, no ha incluido entre los imputados al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, ni, "por el momento" al consejero delegado del BBV, José Ignacio Goirigolzarri, y al ex vicelehendakari del Gobierno Vasco, Mario Fernández, por considerarlo prematuro.

De la relación de personas contra las que el fiscal anticorrupción David Martínez Madero dirige la acción penal, únicamente Rodríguez Ponga, Goirigolzarri, Mario Fernández, Carlos Delclaux y Alfredo Roselló no han sido incluidos en la lista de imputados que figura en el auto de Garzón, aunque Delclaux ya estaba imputado por el caso BBV Privanza, por lo que suma un total de 25 imputados en la actualidad. Y ello es debido a que el magistrado ha admitido la petición del fiscal en lo que se refiere a la utilización de las estructuras de BBV Privanza en el paraíso fiscal de Jersey y respecto a la inspección del Banco de España sobre las cuentas secretas del BBVA y los fondos de pensiones de los consejeros procedentes del BBV, pero ha dejado fuera del auto, por prudencia hasta constatar los hechos, la tercera vía de investigación, conocida como "operaciones en Latinoamérica".

Éstas se refieren al uso, por parte de administradores y altos responsables de BBV de fondos, así como el diseño y la utilización de mecanismos de enmascaramiento de transferencias cuyo objetivo final era obtener posiciones mayoritarias en entidades financieras de Perú, México y Colombia, a través del BBVA en Puerto Rico.

Careo con el testigo protegido

El magistrado justifica su decisión en que las pesquisas sobre ese aspecto van a continuar, pero considera que la información de que dispone es insuficiente y debe de contrastarse, por lo que considera prematuro someter a las cargas del proceso a las personas incluidas en esa línea de investigación.

"En el momento actual", dice, "y contando con los mismos elementos, se considera un tanto prematura la designación concreta y determinada de personas como imputadas, ya que falta la recepción de las transcripciones de las declaraciones de los testigos, tomadas en Puerto Rico, así como los documentos solicitados" a EE UU.

El juez ha decidido no imputar a Estanislao Rodríguez Ponga y anuncia que le llamará a declarar como testigo, que ampliará la declaración del testigo protegido, Nelson Rodríguez, ex vicepresidente ejecutivo y encargado de asuntos jurídicos del BBV Puerto Rico entre 1992 y 1998, lo que probablemente forzará a un careo entre ambos, todo ello antes de tomar una decisión sobre la imputación del secretario de Estado.

El fiscal Martínez Madero tiene la intención de presentar un recurso contra el auto, para lo que se refiere a la no imputación del secretario de Estado de Hacienda.

El auto de Garzón, que consta de 39 folios, cita como imputados a: Eduardo Aguirre, Plácido Arango, José Domingo Ampuero, Javier Aresti, Luis Francisco Bastida, Gervasio Collar, José María Concejo, Alfonso Cortina, Juan Entrecanales, Óscar Fanjul, Ramón de Icaza, Luis Lezama, Federico Lipperheide, José Lladó, Rodolfo Esteban Molinuevo, Ricardo Muguruza, José Ángel Sánchez Asiaín, Pedro Luis Uriarte, Juan Urrutia, Andrés Vilariño, Luis María Ybarra, Emilio Ybarra y Juan Manuel Zubiría. Y a Manuel López, que ya estaba imputado cuando la investigación se circunscribía únicamente a las posibles defraudaciones fiscales de BBV Privanza, lo que no ocurre con Carlos Delclaux, que de momento ha quedado excluido de su posible implicación en la trama por pagos políticos en Colombia. En la lista anterior figuran los 22 consejeros de BBV que recibieron fondos de pensiones suscritos en Alico, a los que se les acusa de apropiación indebida. También se imputa de delito societario a los consejeros que firmaron las cuentas de los ejercicios comprendidos entre 1996 y 1999.

El auto recoge el auto dictado el pasado 9 de abril por el propio Garzón en el que señalaba: "La investigación se centra esencialmente en las posibles defraudaciones realizadas a través de BBV Privanza Jersey y Canal Trust Company, que ahora, y según se desprende del informe del Banco de España, habría sido utilizada para establecer estructuras o trusts directamente encaminados a ocultar, frente a terceros, importantes cantidades sobre las que se habría ejercido facultad de disposición por personas, con cargos de responsabilidad en el BBV, sin rendir cuentas a los interesados, y, quebrantando las normas de control, así como falseando balances y cuentas".

La resolución agregaba que las "cuentas ubicadas en paraísos fiscales, utilizando sociedades off shore y cuentas en clave, se habrían utilizado para mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, así como para la consolidación de fondos de pensiones, que entrarían en las categorías delictivas antes citadas". Entre las operaciones que se investigan figura el ingreso de 123 millones de dólares procedentes del Trust T.532 de Jersey. Ese trust se constituyó en octubre de 1998 para recibir los beneficios de la compraventa de acciones de Argentaria por el BBV entre 1996 y 1998 antes de su privatización total. Tras la venta de las acciones, el importe, 134 millones de dólares, fue transferido al BBV Privanza Bank Jersey Limited, sin registrarlo en la contabilidad del banco.

Doce cargos

Pero contra esos fondos aparecen doce cargos, de los que destacan tres. Los dos primeros suman 1.525.586 de dólares y fueron pagados en diciembre de 1998 y enero de 1999 para sufragar la campaña electoral de Hugo Chávez para lo que se formó un nuevo trust, el T541, con la compañía Excelsior, cuyo beneficiario era el Banco Provincial de Venezuela.

El tercero es un cargo de 27 de marzo de 2000 por 19.267.721 dólares, que corresponde a dos transferencias a nombre de American Life Insurance Company (Alico) con domicilio en Delaware (EE UU). El cargo responde a la constitución de sendos fondos de pensiones para los 19 miembros del consejo de administración del BBV.

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