Los inmigrantes copan la mano de obra agrícola de base en Alicante

La importancia del fenómeno de la inmigración en Alicante la revela un dato abrumador: cerca de 11.000 jornaleros extranjeros -la mayoría extracomunitarios- trabajan ya legalmente en las explotaciones agrícolas de la provincia. Según La Unió de Llauradors, esta cifra supone el 80% de la mano de obra del campo, el resto es un agricultor autóctono encargado de las labores de coordinación y control. El sindicato reclama medidas para consolidar estos 'imprescindibles' temporeros extranjeros en el sector y erradicar la explotación de inmigrantes ilegales.

Apenas restan un par de semanas para que entre de lleno la recogida del níspero y la cereza, recolecta que marca el inicio de la campaña agrícola. Miles de braceros ultiman los preparativos para una interminable y dura temporada que les llevará como nómadas a recorrer la provincia de Alicante en busca de la cosecha de turno. Aparentemente, esta estampa se repite campaña tras campaña en los campos de la provincia desde que el auge turístico, allá por los noventa, ahuyentara a los temporeros nacionales del campo hacia el sector servicios. Pero ahora los protagonistas del paisaje agrícola alicantino son bien distintos. Según datos de la Unió de Llauradors, el 80% de la mano de obra que trabaja el campo procede de un país extracomunitario, el resto es un agricultor nacional encargado de las labores de coordinación y control.

Los datos corroboran que la mano de obra inmigrante se ha convertido en estos momentos en 'imprescindible' para uno de los pilares de la economía alicantina: la agricultura, según considera José Castro, delegado de la Unió. El perfil del temporero actual es el de un extranjero, de entre 25 y 45 años, que acaba de llegar a España. Su familia vive en el país de origen y no tiene experiencia en el sector agrario nacional. Una vez establecido en España, la prioridad del extranjero es trasladar aquí a su familia. Por nacionalidad, los suramericanos y los ciudadanos de los países del Este son, por este orden, los más proclives a trabajar la tierra. Les siguen los ciudadanos del Magreb -sobre todo, marroquíes y argelinos- y africanos.

La mano de obra procedente de fuera de la Unión Europea, acuñada como inmigración económica por su interés en trabajar en los países receptores, supuso un balón de oxígeno entre 1997 y 2000 para los pequeños empresarios agrícolas -sin ir más lejos, el pasado año, los agricultores de la Comunidad reclamaban más de 15.550 para salvar las cosechas -. Por esos años, los patronos, mayoritariamente minifundistas, se mostraban inquietos ante la falta de mano de obra dispuesta a trabajar en un sector distinguido por su 'inestabilidad y dureza', relata Castro. El temor a dejar perder las cosechas que habría supuesto la ruina para el pequeño empresario agrícola alicantino alentó la contratación de inmigrantes ilegales. Los cuatro últimos procesos de regularización (el extraordinario y la revisión de las solicitudes rechazas, la operación Ecuador y el de arraigo) ha significado en el último año y medio una solución 'temporal' para este sector, aunque 'no definitiva', apunta Castro. Merced a estos procesos, cerca de 11.000 jornaleros trabajan hoy en condiciones legales la tierras de Alicante. Aunque, apostilla, los clandestinos siguen teniendo un peso considerable en el sector.

Pero el problema sigue sin tener una solución definitiva: la agricultura es el trampolín para luego saltar al sector servicios y la construcción que, aunque igual de duros, 'son más estables'. Una de las alternativas de este sindicato ha sido la constitución de una bolsa de trabajo que garantiza nueve meses de campaña. En el ámbito de la Comunidad, casi un millar de extranjeros integran esta bolsa.