La política sobre el suelo reduce en Valencia la vivienda protegida al 5%
Los promotores se escudan en la demanda real de pisos baratos para reclamar más solares
La decisión del Ayuntamiento de Valencia de recurrir a la venta de suelo como fórmula habitual para lograr importantes ingresos redujo el porcentaje de vivienda de protección oficial (VPO) a sólo un 5% el año pasado. La existencia de una demanda real de vivienda tasada, especialmente ahora que el sector empieza a apreciar los primeros síntomas de recesión y necesita ofertar casas más baratas, ha llevado a los promotores a exigir la recalificación de nuevas pastillas de suelo no urbanizable en urbanizable. Una demanda que sólo puede hacerse efectiva a costa de la huerta.
El problema planteado en la ciudad de Valencia no es el de falta de oferta de vivienda, ya que el Ayuntamiento ha adjudicado la gran mayoría de sectores de suelo urbanizable y otorgado licencia de construcción para 10.000 viviendas ya construidas o en construcción. Por tanto, según los datos de la propia Corporación, quedan pendientes de construir en suelo urbanizable unas 17.000 viviendas adicionales, a las que hay que añadir otras 3.800 de sectores en desarrollo -como los de la Ciudad de las Artes o Malilla Sur, donde se ha previsto el nuevo hospital de La Fe- y otras 15.000 en suelo urbano previsto en el Plan General de Ordenación Urbana -en el entorno del futuro Parque Central, por ejemplo-. El cómputo de todos estos planeamientos arroja como resultado la existencia de terreno urbanizable para levantar 35.800 viviendas nuevas, a las que hay que añadir otras 65.000 que se adquirieron como inversión en muchos casos y que permanecen cerradas sin salir al mercado.
La polémica entre el equipo de gobierno que preside la popular Rita Barbera, la oposición socialista y la asociación de promotores se plantea por la política seguida por el Ayuntamiento y las dificultades para obtener suelo a un precio lo sufientemente bajo como para permitir la construcción de viviendas de protección oficial.
Las actuales características de la VPO obligan a los promotores a vender esta vivienda a precio tasado a un máximo de 973 euros (161.000 pesetas) el metro cuadrado, mientras que, según el estudio presentado por la Asociación de Promotores y Constructores de la Provincia de Valencia, el metro cuadrado tiene un coste medio de 1.179 euros (196.000 pesetas) sin contar el beneficio que se lleva el constructor.
Retroceso
El año pasado, según los datos elaborados por el concejal socialista Rafael Rubio, se concedieron en Valencia licencias para construir un total de 5.322 viviendas, de las que sólo 269 (el 5%) fueron VPO -más de la mitad de ellas realizadas por la empresa municipal Aumsa con fines sociales y de pocos metros habitables- y 122 rehabilitaciones (2%). Una cifra que supuso un claro retroceso frente a los datos del año 2000, ejercicio en el que se concedieron licencias para 6.004 viviendas, de las cualeas un 562 (un 9%) fueron VPO y 91 rehabilitadas. Rubio argumenta que hay un margen de una década para atender la demanda de vivienda en la ciudad de Valencia, aunque lo que no existe es capacidad para construir VPO en las actuales condiciones. 'Es necesario debatir el cambio de gestión del PGOU porque sino la VPO desaparecerá definitivamente o se concentrará en guetos de marginalidad', expica el concejal socialista encargado del área de Urbanismo.
Los socialistas responsabilizan al Ayuntamiento de Rita Barberá de optar habitualmente por la fórmula de la subasta para sacar al mercado suelo municipal. Una fórmula que permite engrosar los ingresos municipales pero que genera un efecto inflacionista en el mercado. Rubio lamenta también que, a diferencia de lo que hacen otras Corporaciones, el PP de la ciudad de Valencia renuncie a realizar los planeamientos y a esperar que sea el agente urbanizador quien presente sus iniciativas, lo que impide poner condiciones en materia de equipamientos públicos y porcentaje de VPO.
Los promotores, por su parte, aseguran que los bajos tipos de interés, el incremento de las tasas y el encarecimiento de los terrenos han reducido del 37% al 12% el porcentaje de VPO en la Comunidad y advierten de que este año será muy difícil construir viviendas tasadas. Una realidad que se traduce en la exigencia nuevas ayudas y la recalificación de zonas calificadas hoy como huerta. Una petición que podría solucionar la falta de suelo para VPO y, de paso, les ofrecería nuevas bolsas de suelo de reserva de cara a las próximas décadas.
