Crece la delincuencia
Al Gobierno del PP le ha estallado, en su sexto año de mandato, un problema que en su día presentó como propio de la etapa de poder socialista: la degradación de la seguridad ciudadana por el aumento de la delincuencia. Los datos hablan de cerca de dos millones de denuncias por delitos o faltas en 2001, con un incremento de más del 10%: cifras no alcanzadas desde mediados de los años ochenta.
Algunos portavoces del Gobierno se han apresurado a vincular este espectacular aumento de la delincuencia con la inmigración. Es una causa de la que echan mano cada vez que las estadísticas no encajan en sus previsiones o un hecho violento protagonizado por extranjeros dispara la alarma social y la exigencia de responsabilidades. Es cierto que la mitad de los detenidos en 2001 fueron extranjeros. Pero, por un lado, esa proporción se reduce en el número de condenados por los tribunales, lo que induce a pensar que a veces es el hecho de ser extranjeros lo que les hace sospechosos, y, por otro, en casi todos los países de la Unión Europea ocurre ese fenómeno de la presencia más que proporcional de no nacionales entre los delincuentes que se aprovechan de la libertad de movimientos en el ámbito europeo. Es una realidad que merece la máxima atención policial y judicial, pero no puede convertirse en explicación monocausal del aumento de los delitos.
El Gobierno debe dar de lado las explicaciones esotéricas sobre la delincuencia y aplicarse a combatirla. Es difícil comprender por qué las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil -los dos cuerpos de seguridad básicos del Estado- se han reducido en unos 7.000 efectivos en los últimos seis años. Los socialistas calculan que en las plantillas teóricas de estos dos cuerpos están sin cubrir unas 12.000 plazas. Tampoco se entiende que en la Ertzaintza, según denunciaron ayer tres de sus sindicatos, haya 375 plazas sin cubrir, a la vez que se reclama la ampliación de la plantilla en 200 efectivos.
El gasto en seguridad, en porcentaje del PIB, se ha reducido desde 1996, mientras que ha aumentado enormemente la actividad de la seguridad privada. Quizás por ello han quedado en papel mojado propuestas como la de la policía de proximidad o de barrio. Sin embargo, dos condiciones son imprescindibles para hacer frente con eficacia a la delincuencia: la convicción de que corresponde a los poderes públicos combatirla y la disponibilidad de medios suficientes. ¿Partirá el Gobierno de estas premisas a la hora de hacer frente al mayor incremento de la delincuencia en tres lustros?
