Bronca final
El dictamen de la Comisión sobre Gescartera, aprobado ayer en un tumultuoso Pleno del Congreso con los votos del PP, CiU y CC, exime de toda responsabilidad política a los ministros Rato y Montoro; concluye que tales responsabilidades quedaron canceladas con las dimisiones de Giménez-Reyna y Pilar Valiente, y propone una serie de reformas del funcionamiento de la Comisión del Mercado de Valores.
Esas reformas son el resultado de lo que el representante de CiU denominó 'disfunciones', pero que sería más propio considerar negligencias: es la ausencia de controles efectivos por el Gobierno y el Parlamento, la existencia de criterios sectarios en algunos nombramientos, la firme decisión de cerrar los ojos ante indicios graves, lo que se pretende combatir con las reformas. Pero es contradictorio admitir las negligencias y considerar que de ellas no se deriva responsabilidad política.
Las comisiones de investigación están para determinar si los miembros del Gobierno son responsables del comportamiento de sus subordinados o de aquellos a quienes nombraron para el cuidado y gestión de las instituciones. En la tradición parlamentaria, la responsabilidad política corresponde al ministro, excepto si es capaz de demostrar que los actos investigados fueron realizados contra sus órdenes expresas o que no tenía forma material de conocerlos. No existe responsabilidad política delegada que puedan asumir sus subordinados. O no la hay o corresponde al ministro.
El ministro de Hacienda es responsable político de las actividades irregulares de su secretario de Estado, Giménez-Reyna, que ocupaba un cargo de la máxima confianza, equivalente al de un viceministro. La dimisión del secretario de Estado sólo cancela sus responsabilidades personales, ya se verá si penales, derivadas de los trapicheos y posible tráfico de influencias en favor de la agencia de valores presidida por su hermana. Y Rodrigo Rato es responsable de la calamitosa gestión de la CNMV en el caso de Gescartera, porque su política de nombramientos contribuyó a la discordia en el consejo de la comisión y obstaculizó la adopción de decisiones. Al nombrar consejeros sin contar con el presidente de la comisión (Pilar Valiente, José María Roldán) y al favorecer con ellos una guerra civil dentro de la institución, Rato es responsable en gran medida de la parálisis interna de un consejo que sólo intervino cuando había una evidencia penal en los tribunales.
Lo que ha revelado la comisión es que la estafa no habría sido posible sin intervenciones y omisiones destinadas a dar credibilidad a Gescaretera y a ocultar su verdadera situación. Y esas omisiones y actuaciones tienen gran relación con la política de nombramientos de esos ministros y con su falta de interés (como mínimo) por saber lo que estaba pasando. Un paso más allá estaría ya la connivencia y las responsabilidades serían de otro orden.
El estilo provocador del portavoz del PP, Martínez Pujalte, empeñado en convertir la comisión en un nuevo juicio contra la corrupción socialista, consiguió convertir el pleno de ayer en una bronca. Es un estilo que recuerda al tabernario de Ramallo. A éste le premiaron con un puesto en la CNMV tras rechazar la presidencia de Trasmediterránea. Las reformas propuestas, ¿impedirán que Martínez Pujalte pueda un día ser premiado con un alto cargo en un organismo regulador?
