La juez archiva la querella contra una filial de Agrupació Mútua
La magistrada Eva Moltó ha archivado la querella por supuesta apropiación indebida contra una filial de Agrupació Mútua en la que estaban inculpados Fèlix Millet -directivo del FC Barcelona-, Xavier Bigatà -ex consejero de Política Territorial de la Generalitat- y Josep Lluís Torra -director de la entidad-. La querella fue presentada por 19 ex trabajadores del Banco Consolidado, y les acusaba a los tres y al ex vicepresidente de esta entidad, Eduardo García Pérez, de estar implicados en la desaparición del fondo de pensiones creado para empleados del banco, que fue adquirido por Agrupació Mútua. El fondo se creó con 98,6 millones de pesetas.
La juez recuerda que la creación de este 'fondo interno' no comporta que los trabajadores tengan ningún derecho, sino que 'ostentan únicamente una expectativa de derecho' ante las obligaciones sociales contraídas legalmente por la empresa a través de los contratos o los convenios colectivos. Pero como en 1995, añade la juez, el Banco Consolidado rescindió las relaciones con sus trabajadores, 'es evidente que desapareció la posibilidad de creación de nuevos compromisos'.
Además, la magistrada recuerda que la liquidación del banco se hizo 'bajo el control constante' y la supervisión del Banco de España, al igual que ocurrió con la posterior transmisión a Agrupació Mútua.
En su resolución, la juez niega la práctica de nuevas pruebas que reclamaban los querellantes y atiende la petición de archivo que reclamó la defensa, ejercida por el abogado Emilio Zegrí, y que apoyó el fiscal. La querella se basaba en una sentencia del mes de enero de este año en la que el Tribunal Supremo reconoció el derecho a la propiedad de esos fondos a unos trabajadores de La Caixa, pese a que no mantengan relación laboral con la entidad.
Sin embargo, la juez recuerda que se trata de una sola sentencia, lo que no sienta jurisprudencia, y que existen otras que indican lo contrario. En todo caso, añade la juez, sería una jurisdicción diferente a la penal la que debería pronunciarse sobre las reclamaciones de los trabajadores.
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