Los rectores reclaman 156.000 millones en prestación de servicios para este curso

Los rectores de las diez universidades andaluzas aprovecharon ayer el acto toma de posesión del nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Alfonso S. Palomares, para reunirse con la consejera de Educación, Cándida Martínez, con el objeto de ultimar el nuevo modelo de financiación universitaria. Los rectores, que ayer celebraban su cuarta reunión desde el mes de julio, han cifrado en 156.000 millones de pesetas la cantidad que este curso necesitarán para sufragar el coste básico de prestación de servicios de sus universidades.

Los diez rectores andaluces congelaron el pasado lunes la propuesta que elaboró el gerente de la Universidad de Jaén, Juan Hernández Armenteros, quien presentó en la tercera reunión celebrada en Antequera un esbozo de reparto de las inversiones para el periodo 2002-2006 según los parámetros establecidos por el dictamen sobre Universidad aprobado por el Parlamento andaluz. Sin embargo, ayer en Córdoba, los rectores retomaron esta propuesta, la única existente, para tratar de llegar a un acuerdo en los puntos donde se produjeron diferencias de criterio.

Este documento establece que el reparto de los fondos, aún por determinar por el Gobierno andaluz, siga las líneas marcadas por la Cámara andaluza, esto es, un aumento significativo del presupuesto público para estas instituciones (incremento que los rectores sitúan en torno al 18% interanual y que se incluiría dentro del 80% del total de la financiación) y otro 20% de inversión condicionado a la consecución de objetivos fijados en los contratos-programa que suscribieran con la Administración educativa. Algunos rectores consideraron que esta propuesta era poco transparente y perjudicial para sus intereses, por lo que fue rechazada. Este esquema de reparto se basaba en parámetros objetivos como el número de alumnos, la dispersión del campus de cada institución, la carga investigadora de las titulaciones o el número de profesores.

Divergencias

La aplicación de este modelo, según algunos rectores, habría favorecido a algunas universidades sobre otras, caso de la Universidad de Málaga, que con este sistema de reparto crecería en un 55% en inversión. Los rectores de Granada, David Aguilar, y de Sevilla, Miguel Florencio Lora, se mostraron en contra de la propuesta al considerar que no reflejaban las aspiraciones de sus instituciones. No obstante, sí hay algo en lo que todos los rectores coinciden: que las universidades necesitan que se les inyecte 156.000 millones de pesetas en el presente curso para hacer frente a los gastos por servicios básicos. Esta inversión, según el dictamen del Parlamento, deberá ser sufragada en un 20% por la iniciativa privada y en un 80% por la Administración andaluza (125.000 millones).

Otro asunto que concita el acuerdo de todos los rectores es el tema de la deuda contraída por sus instituciones.Así, reclaman a la Junta que asuma esta deuda que, aseguran, no se debe a la mala gestión de los recursos, sino a la insuficiencia de estos. Los rectores ponen como ejemplo la política seguida por la Comunidad de Madrid, que ha asumido la deuda y el pago del 100% de los gastos corrientes.