La polémica carta del alcalde de Sevilla
En ocasiones, los políticos hacemos y decimos muchas tonterías, como casi todo el mundo, sólo que en nuestro caso es peor, por lo que representamos y por la transcendencia mediática que nuestras palabras tienen.
El grupo municipal popular del Ayuntamiento de Sevilla y, sobre todo, su portavoz el señor Raynaud están batiendo todos los récords en esto de las sandeces; yo comprendo que este señor tiene que hacer méritos para que su partido, el PP, le nombre candidato a la alcaldía de Sevilla y para alcanzar este objetivo parece no tener límites: empezó defenestrando a la que era portavoz popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Diz; siguió con la política del 'todo vale' con tal de hacerse notar, y, de momento, ha terminado, junto a su grupo, llevando a los tribunales de justicia al alcalde de Sevilla.
Monteseirín tiene todo el derecho a difundir las propuestas de cualquier grupo que crea de interés para sus vecinos
El 'delito' cometido por el alcalde ha sido el de dirigirse a los vecinos de Sevilla, en su condición precisamente de alcalde, informándoles de una iniciativa parlamentaria que, entre otras cosas, propone una modificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y que, en caso de aprobarse, significaría para los pequeños comerciantes y trabajadores autónomos un alivio en una pesada carga que están soportando desde hace muchos años. Esta iniciativa, estudiada seriamente para que beneficie a los contribuyentes sin perjudicar a las arcas municipales, no es una invención del alcalde de Sevilla ni de ningún parlamentario iluminado: es la propuesta de un grupo de alcaldes, entre ellos el de Sevilla, que no quieren que los comerciantes o autónomos de sus municipios encuentren trabas a su desarrollo por causa de la presión fiscal y de ella se ha hecho eco, en el ejercicio de sus obligaciones, el grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados.
El alcalde pensó, con buen criterio, que debía informar de esta iniciativa a los sevillanos que se verían beneficiados con su aprobación, pero cometió una torpeza que algunos no le perdonan y es que la proposición de ley es del grupo parlamentario socialista y no del PP. Que sea buena o no para los ciudadanos es lo de menos, lo grave es que es del PSOE y el alcalde no puede, por lo visto, informar de lo que hagan los representantes de la soberanía nacional, que no son otros que los diputados, elegidos por sufragio universal y organizados en grupos parlamentarios, sobre todo si son socialistas.
¿Quién ha dicho esto o dónde está dicho? ¿No puede informar como alcalde y sí como presidente del grupo municipal socialista o como dirigente del PSOE de Andalucía? ¿Quién dice estas barbaridades?
Sólo aquellos que piensan que defender, difundir e informar de las iniciativas de los partidos políticos, que son cauce de participación de los ciudadanos, según establece nuestra Constitución, es algo ajeno a los intereses públicos y de los que un alcalde no se puede interesar, aunque la iniciativa concreta beneficie directamente a muchos ciudadanos de la ciudad a la que representa.
Es evidente que las funciones de los representantes públicos son muchas y diversas, pero también lo es que sus límites no están marcados, de manera concreta, en ninguna parte; sólo tenemos un mandato preciso: la defensa de los intereses de los ciudadanos a los que representamos y el no utilizar los fondos públicos para usos ajenos a la función pública que desempeñamos; el alcalde de Sevilla, con su famosa carta, no ha hecho otra cosa que cumplir con la obligación de defender los intereses de los sevillanos de la manera que ha creído que era la mejor posible para los mismos; dejemos que sean estos los que decidan con su voto si ha actuado correctamente y que sean los jueces los encargados de decidir si hay delito cuando éste realmente se cometa. No se deben de matar moscas a cañonazos, no sirve para nada.
El alcalde de Sevilla tiene todo el derecho del mundo para difundir las propuestas de cualquier grupo parlamentario que considere de interés para sus vecinos; de la misma manera que un diputado tiene la obligación de trasladar al Congreso las iniciativas que estime necesarias para la resolución de los problemas que preocupan a sus electores, a los únicos a los que se debe y ante los únicos que, políticamente, responde. Dejemos que el Estado de Derecho funcione y no hagamos de aprendiz de brujo..., que no merece la pena.
Amparo Rubiales es diputada a Cortes por el Partido Socialista
