El representante del PP en el 'caso lino' quiere que el Congreso entregue los papeles a Garzón

Jaime Ignacio del Burgo declaró ayer que si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pide de nuevo la documentación que reunió la comisión parlamentaria de investigación sobre el fraude en el cobro de subvenciones al lino, el Congreso debe adoptar una decisión 'rápida' para enviársela, porque 'de lo contrario daría la impresión de que estamos ocultando algo, cuando todo es ya público y notorio'.

Según Del Burgo, el PP es 'el primer interesado en comprobar si existió fraude' y, si fue así, en 'exigir responsabilidades penales'. A juicio de este diputado popular, la comisión parlamentaria dictaminó que no hubo una trama en el Ministerio de Agricultura para cazar subvenciones al lino, pero apuntó que si hubo un delito de falsedad en los certificados sobre transformación de lino la responsabilidad sería de las autonomías, porque eran las que tenían las competencias de inspección.

Los socialistas pusieron ayer el énfasis en los impedimentos puestos por el PP en la Mesa del Congreso para facilitar información sobre el caso a la Audiencia Nacional. 'Todo queda en casa: la Mesa del PP entrega a su poder judicial particular, el fiscal general del Estado, una documentación que había pedido el verdadero poder judicial, y todo con el objetivo de obstaculizar la labor del juez Garzón y salvar a la ex ministra Loyola de Palacio'. Así interpretó la secretaria general del Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, la negativa de la Mesa del Congreso a entregar a Garzón los documentos relativos al caso del lino.

Los socialistas presentaron ayer una proposición no de ley en el Congreso para impedir que una situación así se repita. 'Es triste tener que presentar esta iniciativa para defender un principio elemental del Estado de derecho como es el deber inexcusable del Parlamento de colaborar con la Justicia', dijo el autor de la proposición, Diego López Garrido, portavoz en la Comisión Constitucional.

Los socialistas no encuentran justificación jurídica a que el PP, ayudado por los votos de CiU, promoviera en la Mesa del Congreso la decisión de remitir la documentación sobre el caso del lino a la Fiscalía General del Estado, porque 'para un precente a favor de esa vía hay cientos en contra'. Su conclusión es que se trata de una decisión política, para que 'el fiscal del Gobierno' actúe para proteger a la ex ministra Loyola de Palacio, según María Teresa Fernández de la Vega. Por su parte, el representante de IU en la comisión parlamentaria que investigó al caso del lino se ofreció ayer a declarar ante Garzón por si su testimonio es de utilidad.