Sancristóbal devuelve 66 millones de los fondos reservados

Esa atenuante, recogida en el artículo 21, párrafo 5, del nuevo Código Penal, permite al tribunal reducir en uno o dos grados una pena si el reo 'repara el daño ocasionado a la víctima en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral'. Sancristóbal será juzgado junto a otros siete ex altos cargos de Interior -entre ellos, los ex ministros socialistas José Barrionuevo y José Luis Corcuera- a partir del 19 de septiembre.

La devolución a las arcas públicas de los citados 66 millones de pesetas deja en una situación incómoda la estrategia de defensa de los otros siete procesados en este caso. Todos ellos, salvo el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, han negado haber enriquecido sus patrimonios personales con dinero de los fondos reservados. Sancristóbal es el único de los acusados, hasta el momento, que ha devuelto dinero cobrado de los fondos reservados.

130 millones Sancristóbal, en un escrito que su abogado, Manuel Murillo, ha remitido a la Audiencia de Madrid, explica que los 66 millones devueltos constituyen la totalidad del dinero que percibió de los fondos reservados de Interior durante su etapa como gobernador civil de Vizcaya y, más tarde, como director de la Seguridad del Estado.

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón cree que Sancristóbal recibió más dinero de los fondos reservados del que ahora ha devuelto. Sostiene que la cantidad percibida por Sancristóbal asciende en total a 130 millones. Luzón le considera autor de dos delitos continuados de malversación en su modalidad de sustracción de caudales públicos y pide para él seis años y un mes de prisión y 16 años de inhabilitación por el primer delito, y cuatro años y siete meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por el segundo.

Según el fiscal, Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad del Estado y también acusado de malversación en el caso de los fondos reservados, entregó siete millones de pesetas (21 en total) a Sancristóbal por cada uno de los tres años en que ejerció como gobernador civil. Después, cuando fue nombrado director de la Seguridad del Estado, compartió con Vera las facultades de disposición de la cuenta 25-0121228-6 del Banco de España, donde se guardaban los fondos reservados. Al cesar en el cargo, Sancristóbal recibió, además, una gratificación por servicios prestados de 25 millones, según el fiscal.

Los ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera están acusados, al igual que Sancristóbal, de un delito de malversación continuada de fondos reservados, por consentir que terceras personas detrajeran caudales públicos que ellos tenían a su cargo, según el fiscal. En el caso de Corcuera, el fiscal le imputa, además, otro delito de malversación consistente en la 'sustracción de caudales' públicos por destinar 7,3 millones de pesetas a la adquisición de joyas como regalo navideño para las esposas de altos cargos de su departamento.

El fiscal pide para Barrionuevo siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 16 años. Para Corcuera solicita seis años y un mes de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y, además, otra pena de cuatro años y siete meses por utilizar dinero de los fondos reservados para sufragar joyas regaladas a las mujeres de sus subordinados.

Otro de los procesados en el sumario de los fondos reservados es Rafael Vera. Según el fiscal, Vera, contando con la anuencia de Barrionuevo y Corcuera, se apropió, durante el periodo en que fue subsecretario, director de la Seguridad del Estado y secretario de Estado para la Seguridad, de al menos 255.197.979 pesetas procedentes de la cuenta del Banco de España en que estaban los fondos reservados. Para Vera el fiscal reclama ocho años de prisión y 20 de inhabilitación absoluta. Le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos.

Según el fiscal, Vera, condenado en 1998 por un delito de malversación de fondos públicos en el caso Marey -al igual que Sancristóbal- acordó con Barrionuevo que parte de los fondos reservados asignados a Interior 'debían destinarse a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista'.