Un cuadro sin explicar
España no podía ser una excepción. Era inevitable que la desaceleración en la mayoría de las economías industrializadas, de forma muy acusada en EE UU, acabara influyendo también en la nuestra, lo que obligaría a revisar a la baja no sólo las previsiones de crecimiento en las que se fundamentan los Presupuestos Generales del Estado, sino otras variables importantes. El Gobierno dio a conocer ayer su nuevo escenario macroeconómico, bastantes días después de que la mayoría de las instituciones internacionales hubieran hecho lo propio, y lo ha hecho, como suele con mayor frecuencia de la debida, al margen del Parlamento.
La controversia mayor radica en la ausencia de valoración de las implicaciones que tendrán las nuevas cifras sobre las partidas presupuestarias. El Gobierno, por boca de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, se limita a reiterar su propósito de cerrar el ejercicio sin déficit público, sin aclarar cómo se conseguirá con una economía que crece menos de lo previsto. La nueva tasa de crecimiento del PIB (3,2% frente al 3,6% inicial) se sitúa en la zona más elevada de los escenarios que se anticipan desde dentro y fuera de España.
El consumo de los hogares y la inversión empresarial registran la mayor desaceleración en los nuevos cálculos del Ejecutivo. A cambio, mejorará la evolución del sector exterior. Subyace una hipótesis, que quizá sólo sea un piadoso deseo: que la desaceleración del comercio internacional no nos afecte en exceso, que el precio de la energía no aumente y, sobre todo, que la competitividad de nuestra economía no experimente deterioros adicionales. En este punto, la credibilidad de las autoridades económicas depende de los éxitos futuros, poco probables desde la perspectiva actual, en la lucha contra la inflación. El diferencial en el ritmo de crecimiento de los precios en España es poco compatible con esa pretensión de que nuestro sector exterior compense el debilitamiento de la demanda interna.
El otro punto sensible es el impacto de ese menor crecimiento económico y del empleo en la recaudación tributaria. Las vías por las que el Gobierno compensará los menores ingresos son parte del secreto del sumario o de esa cocina rápida en la que se han producido estas nuevas cifras. Confiemos en que el necesario debate parlamentario aporte las explicaciones necesarias para conocer en su completa extensión cómo van a verse afectados los españoles por este ejercicio apresurado de previsión realizado por un Gobierno que no se resiste a la evidencia, sino que trata de escamotear a los ciudadanos la transparencia y rendición de cuentas a las que está obligado.
