Los municipios dejan de ingresar 11.000 millones del sector eléctrico y de telefonía
Los ayuntamientos catalanes dejaron de ingresar el año pasado 11.000 millones de pesetas, en concepto de impuestos locales, de las nuevas empresas que operan en los sectores energético y de telecomunicaciones, según la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Los alcaldes acusan a estas empresas de aprovecharse de las normas fiscales de los municipios, no adaptadas al proceso de liberalización de ambos mercados, para no pagar tributos locales. Los municipios exigen un cambio legal que acabe con la situación.
La Federación de Municipios de Cataluña, presidida por Manel Mas, alcalde de Mataró, atribuye a supuestas "presiones" de los operadores del mercado de la energía y las telecomunicaciones el hecho de que, por el momento, el Gobierno "haya hecho la vista gorda" a unas normas fiscales locales "inadecuadas" a la liberalización gradual de ambos sectores. En este sentido, los ayuntamientos sugieren que el Gobierno de José María Aznar beneficia, con su actitud, a estas empresas."Los nuevos operadores se están aprovechando de una ley desfasada", declaró ayer Lluís Miquel Pérez, alcalde de Reus y presidente de la Comisión de Economía y Presupuestos de la FMC.
El origen de la discordia es la ley que regula las haciendas locales, que obliga a las empresas suministradoras de servicios a pagar una tasa por usar el llamado dominio público. Las empresas eléctricas con red propia están obligadas a pagar a los ayuntamientos el 1,5% de sus ingresos anuales por pasar por cada localidad.
Los ayuntamientos no tienen problema para controlar cuánto facturan las empresas propietarias de la red en cada municipio. El problema se creó con el arranque del proceso gradual de liberalización del mercado de la energía, que inicialmente tenía que culminar en el año 2007 y que posteriormente se adelantó a 2003. La liberalización -a la que la FMC dice que no se opone- comporta que todos los consumidores serán libres para escoger un suministrador de electricidad.
La paulatina apertura del mercado a nuevos operadores permite que un operador propietario de la red se la alquile a otros. "Los ayuntamientos no tenemos manera de detectar la facturación de estos segundos usuarios de la red, y esto les permite escaparse de su obligación de tributar por el uso del dominio público", lamenta el alcalde de Reus.
La revisión legal que piden los concejales de hacienda locales consiste precisamente en plasmar en la norma que las empresas explotadoras de suministros no sólo incluyan a las "propietarias de la red que aprovecha o usa el dominio público", sino también a "aquellas que la utilizan para la comercialización de dicho suministro alquilándola mediante el abono de un peaje".
La actual redacción "inadecuada" originó, el año pasado, que los municipios de toda España dejaran de ingresar 12.600 millones de pesetas que, según la FMC, deberían haber pagado las eléctricas.
Pago selectivo
En el caso de las telecomunicaciones, cuya liberalización está mucho más avanzada, Pérez eleva la gravedad del problema. La obligatoriedad de pagar este tributo a los ayuntamientos -en este caso, el equivalente al 1,9% de la facturación del operador- sólo se aplica a Telefónica, anteriormente en régimen de monopolio, y no a sus nuevos y múltiples competidores. Las estimaciones de la Federación de Municipios de Cataluña elevan a 44.000 millones de pesetas el dinero que dejaron de embolsarse en las arcas de los consistorios españoles en 1999.Sumando ambos sectores, los municipios dejaron de ingresar el año pasado 56.000 millones, de los que 11.000 corresponden a Cataluña.
