La directora de Contabilidad de la OCDE, sancionada tras denunciar irregularidades

Marta Andreasen, directora de Contabilidad de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, está suspendida de empleo desde hace 10 meses y de sueldo desde hace tres. Fue sancionada tras denunciar múltiples irregularidades, incluido un agujero de varios millones de francos en las cuentas de 1998, algo que la OCDE desmiente. El presidente del colegio de comisarios que auditan las cuentas de la organización, Jacques Berthe, asegura, sin embargo, que Andreasen, la más alta funcionaria española, puso en marcha la reforma financiera, "el gran elemento positivo interno de estos últimos años".

Escasa documentación

Andreasen se incorporó a la OCDE en octubre de 1998 y un año después pedía cita con el secretario general, Donald Johnston, para contarle, según una nota interna que elaboró el 29 de noviembre pasado, que "el patrimonio real [de la organización] difiere de forma significativa del presentado al cierre de 1998". "(...) He encontrado y documentado una diferencia de varios millones de francos. Esta diferencia ha sido posible dada la total falta de transparencia de la contabilidad durante los últimos años".Heredera de la organización que gestionó el Plan Marshall, la OCDE fue fundada en 1961 y hoy día cuenta con 1.847 funcionarios en su sede de París y un presupuesto de 34.940 millones de pesetas. En estos últimos tiempos ha servido a los países industrializados de foro de debate sobre la globalización al tiempo que ponía en la picota a los paraísos fiscales con legislaciones laxas.

La nota de Marta Andreasen había sido precedida por otros descubrimientos: el caos del elevado número de cuentas corrientes con las que opera la OCDE; la profusión de partidas conciliatorias antiguas; la inexistencia de una situación patrimonial y de una cuenta de explotación; los pagos de algunos servicios sin facturas; la gestión de los recursos de la asistencia médica sin participación de la dirección financiera; el peculiar sistema interno de concesión de préstamos a empleados.

No en balde, Berthe y los tres comisarios que auditan anualmente la contabilidad se han cuidado siempre de certificar las cuentas de la OCDE, tal y como estipula su reglamento financiero, y han preferido "declarar su sinceridad", una expresión menos comprometida. Esta fórmula "no implica ninguna opinión sobre la corrección de la situación financiera (...)", señalaba Berthe el año pasado en su informe sobre el balance de 1998 al que ha tenido acceso EL PAÍS.Esta reserva ha sido introducida, añadía en el informe de Berthe, a causa, entre otros motivos, de "la insuficiente documentación que caracteriza al sistema tradicional contable de la OCDE". Aquí existe, reconoció Berthe en una conversación con este periódico, "una cultura específica de transmisión oral de la información que dificulta nuestra labor", porque hay que "confesar a los interesados y dependemos de su buena fue, de su memoria y de su permanencia en el puesto". Asegura, no obstante, que nunca ha descubierto irregularidades.

Donald Johnston quiso confirmar el diagnóstico y el proyecto de reforma que le propuso Marta Andreasen, que llevaba menos de un año en la organización, aunque su experiencia en el sector privado rebasaba los veinte. Consultó primero con Berthe y éste le contestó por escrito en octubre de 1999: "Las cuestiones suscitadas por la señora Andreasen son pertinentes (...)".

El secretario general no se dio por satisfecho y encargó entonces a la prestigiosa consultora Arthur Andersen un informe sobre sus finanzas. En la primera versión de su informe, que repartieron en noviembre pasado, los auditores privados aseguraban haber detectado "malversaciones".

Esta acusación fue retirada del informe definitivo, distribuido en primavera, pero el texto seguía siendo demoledor. La información contable y financiera, recalcaba, conlleva "grandes desviaciones comparada con las reglas de contabilidad internacionalmente aceptadas (...). Con su actual presentación, la información financiera no puede ser interpretada sin amplias explicaciones orales".

Junto con las consideraciones generales, la consultora señala una retahíla de anomalías concretas como la gestión y los pagos de préstamos al personal por un mismo funcionario que escapa a cualquier control. Concluye que ante tanta confusión y opacidad resulta "difícil hacerse una idea precisa de la buena salud financiera de la institución y, en especial, de su liquidez y solvencia". Aconseja, por último, al secretario general brindar un apoyo incondicional a los encargados de sacar adelante la reforma. Marta Andreasen no recibió apoyo, sino que fue apartada.

Donald Johnston reconoció, en una entrevista con EL PAÍS, que el sistema contable de la organización que encabeza es "obsoleto". "Lo que nos dice el informe [de Arthur Andersen] es que nuestra contabilidad es arcaica, algo que ya sabíamos y que intentamos resolver. Nos ha servido de llamada de atención para que aceleremos nuestra reforma".

Los embajadores de los Estados miembros, ante los que responde el secretario general, sabían que la contabilidad estaba anticuada y, según Johnston, no le censuraron por ello. Tras la publicación en agosto pasado de extractos del informe de Andersen en primera página del diario Financial Times, el secretario general envió una carta a los 29 embajadores tranquilizándoles: En sus "cuentas financieras de 1999 la OCDE ha adoptado normas internacionales (...)".

Aunque fue nombrado secretario general en junio de 1996, este ex ministro liberal canadiense tardó en ocuparse del área financiera. "Teníamos otras prioridades", admitió, porque los países miembros impusieron la supresión de 265 puestos y una congelación de los sueldos durante dos años.

El agujero contable señalado por Marta Andreasen ha quedado, según Johnston, "desmentido no sólo por las verificaciones internas, sino por Arthur Andersen" que no descubre ningún fraude, aunque sí describe una opacidad. "Cometió un error de interpretación", añade un alto cargo de la organización.

No era ésa la opinión del secretario general adjunto, Thorvald Moe, cuando en noviembre de 1999 remitió una carta a Johnston indicándole que el primer informe de Andersen confirmaba las alegaciones de Marta Andreasen.