Contra la impunidad

Las autoridades mexicanas tienen bajo su custodia desde el jueves pasado a Miguel Ángel Cavallo, presunto autor de crímenes terribles durante la dictadura militar en Argentina. Fue detenido cuando intentaba huir de aquel país después de haber sido reconocido por algunas de sus víctimas. Una orden internacional de busca y captura emitida por el juez de la Audiencia Nacional española Guillermo Ruiz Polanco, que sustituye a Baltasar Garzón durante las vacaciones, permitirá ahora que la justicia española -y al parecer también la francesa- presente ante las autoridades mexicanas una demanda de extradición.Miguel Ángel Cavallo está acusado en diversos sumarios instruidos en la Audiencia Nacional de delitos de genocidio, tortura y terrorismo. En Francia se le acusa de la muerte de 15 ciudadanos franceses, entre ellos dos monjas. Es una excelente noticia que México haya reaccionado tan rápidamente en el caso y se adhiera así a la cada vez mayor comunidad de países dispuestos a colaborar para que la justicia avance e impida la impunidad de crímenes tan atroces. La mundialización de la justicia es uno de los procesos de globalización más espectaculares y bienvenidos de la última década. Genocidas, torturadores y terroristas disponen cada vez de menos refugios, y quienes lo fueron, lo son o aspiran a serlo tienen cada vez más razones para temer que tarde o temprano habrán de pagar por ello. El caso Pinochet ha sido un hito en la historia. Pero el caso de Miguel Ángel Cavallo puede serlo también, y muy especialmente para su país, Argentina.

El caso Pinochet dinamitó, como se ha visto en los últimos meses, todo el entramado de garantías de impunidad que los responsables de los crímenes bajo la dictadura se habían otorgado a sí mismos. Es falaz el argumento tantas veces repetido de que los dictadores en Latinoamérica u otros continentes llegaron a un acuerdo con la sociedad para olvidar los crímenes cometidos por ellos, y que dichos acuerdos han de ser cumplidos. Lo cierto es que las leyes de "punto final" fueron impuestas por coacción y amenazas a las jóvenes democracias por quienes no podían seguir en el poder pero mantenían su capacidad de condicionarlas mediante la intimidación.

Ya no la tienen. Las sociedades y los Gobiernos democráticos han de sentirse plenamente libres para ignorar unas inmunidades e impunidades que eran resultado del chantaje. En Chile ya ha sucedido, y es de esperar que en Argentina suceda pronto. El presidente argentino Fernando de la Rúa vendrá en octubre en visita oficial a Madrid. Es de temer que en su país sea sometido, por parte de sectores muy concretos de la sociedad, a la misma presión que sufrieron las autoridades democráticas chilenas. Pero como se ha evidenciado en el caso de Pinochet, la solidaridad con un tirano o un asesino tiene escaso recorrido cuando se intenta nutrir de emociones patrióticas. Al final, los únicos solidarios constantes con los criminales son sus cómplices.

Ningún gobernante decente y democrático puede ceder a esas presiones. México deberá decidir ahora sobre la extradición de Cavallo. Como dice la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos, Cavallo aún podría encontrar en su país de origen fórmulas de escapar a la justicia. Mala suerte para el torturador, siempre presunto, el hecho de que México esté inmerso en un proceso de catarsis democrática que pasa inexorablemente por la persecución del abuso y el crimen en la Administración del Estado. Por eso es de esperar que Cavallo se vea pronto ante los tribunales. De momento, en España. Sería una buena noticia para Argentina, para México, para España y para los derechos humanos en todo el mundo.