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TRIBUNALES - MORTANDAD DE PECES

El fiscal pide dos años y medio para el alcalde de Benicull por unos vertidos

La Fiscalía ha solicitado una pena de dos años y medio de cárcel, además de una inhabilitación para ejercer el cargo y una sanción económica, para el alcalde de Benicull (La Ribera Alta), Jaime Montaner Gadea, por autorizar a una industria a efectuar unos vertidos contaminantes al alcantarillado municipal que provocaron una mortandad de 500 peces.

Montaner ejerce desde 1989 el cargo de alcalde de Benicull, una entidad local menor de unos 850 vecinos, dependiente del municipio de Polinyà de Xúquer. El fiscal también pide la misma pena para José Soler Martínez, el gerente de la industria José Soler Tormo, SL, acusada de efectuar los vertidos que causaron la mortandad. Para cada uno de los acusados solicita una sanción próxima al millon y medio de pesetas, y reclama para el empresario una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión relacionada con la actividad productora actual.La investigación se inició en septiembre de 1998 cuando una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil localizó 500 peces muertos (carpas y carpines dorados) flotando en la acequia de Michans, en Benicull.

Los guardias tomaron muestras de agua de la acequia. Al analizarlas, los peritos judiciales comprobaron que los vertidos de José Soler Tormo, SL ("la única industria que existe en Benicull", recalca la Fiscalía), "incumplen la normativa vigente, superando ampliamente los límites permitidos" y que esos vertidos "son incompatibles con la existencia de flora y fauna acuáticas en las acequias".

El fiscal alega que el 29 de julio de 1993, el Ayuntamiento autorizó a la empresa a conectar su colector de residuos industriales a un tramo del alcantarillado municipal situado aguas abajo de la balsa de decantación. De modo que esos vertidos no reciben ningún tratamiento depurador y se vierten directamente a la acequia Guillén, conectada a las del Rey y Michans.

En cambio, el letrado de Tormo ha decidido solicitar la absolución de su cliente porque "la mortandad no tiene nada que ver con sus vertidos" y culpa de la contaminación a otras empresas.

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