El agua, sin valor.
A lo que más se parece la situación del agua en España es al suministro de alimentos de primera necesidad durante el franquismo en los años cuarenta. El instrumento que preside su distribución es el intervencionismo; son los políticos los que deciden lo que se puede demandar y lo que se oferta, a quién hay que darle agua y a quién hay que quitársela. El resultado es esa mezcla de despilfarro y escasez que surge cuando hay una ausencia absoluta de señales de mercado. Como, a pesar de gastar enormes cantidades de dinero público y de llenar de cemento nuestros espacios naturales, los políticos no aciertan en sus cálculos, periódicamente tienen que cortar el suministro, decretar que no se use agua para fuentes ornamentales o que sólo se limpien las calles en casos imprescindibles, y obligar a industrias y agricultores a destinar forzosamente parte sus caudales al abastecimiento de la población.En 1996, con la llegada del PP al Gobierno, se abrió la esperanza de un cambio en la política del agua. No ha habido tal cambio. La Ley de 1999 no ha sido sino "la reforma vergonzante de un Gobierno asustado ante las críticas de la oposición incapaz de abrir en España una nueva política del agua", en palabras del profesor Ariño. El reciente documento del Círculo de los Empresarios piensa lo mismo de la reforma de 1999: "Los cambios introducidos, ni aisladamente ni en su conjunto, ejercen un impacto importante sobre las fallas estructurales del sistema". El principal fallo de la ley del PP "consiste en la ausencia de un marco de incentivos capaz de ajustar la oferta y la demanda". Este interesante documento presenta algunas propuestas de modificación de la política del agua, destacando la de que los derechos de aprovechamiento sean transmisibles, como forma de conocer su valor.
En vez de avanzar en esta dirección, el nuevo ministro vuelve al pasado y promete la presentación urgente de un Plan Hidrológico, sin introducir ningún cambio en el sistema de gestión del agua. El pueblo ha vuelto a escuchar eso de que "se va a llevar el agua de donde sobra a donde falta". Pero, si no se deja a los ciudadanos valorar el agua, será imposible saber dónde sobra y dónde falta. El fracaso de mantener esa vieja política está asegurado. No habrá oferta voluntaria, pues nadie va a decir que le sobra agua si no le pagan por la que cede. Y, si no se deja a los usuarios valorar el agua, no habrá demanda, sino cartas a los Reyes Magos.
Si al Gobierno, preocupado por su imagen centrista, le parecen muy de derechas los consejos de Ariño y del Círculo de Empresarios, puede leer lo que una persona de izquierdas de toda la vida y ecologista acreditado dice en un reciente escrito sobre el agua y la solidaridad. J. M. Naredo no utiliza la palabra "mercado", pero considera que "el trasvase voluntario de agua entre usuarios" y concesionarios debería ser un instrumento de primer orden para asegurar el abastecimiento, y recuerda que "en otros países hay una amplia experiencia de acuerdos voluntarios entre usuarios y agricultores que reciben en contrapartida ingresos monetarios".
Sólo si hay "mercado" o "trasvase voluntario de agua entre usuarios" será posible conocer el valor del agua. La función del Estado no es decidir lo que hay que ofertar y demandar. Sus funciones son otras: asegurar la equidad, defender los equilibrios ecológicos, garantizar la calidad del agua e impedir los manejos de los oligopolios. Si no hay cambios, no hay por qué esperar que los políticos del PP vayan a ser más hábiles en el cálculo centralizado de costes y beneficios que los políticos del PSOE, de la UCD, o del franquismo. Con el intervencionismo, volverán las discusiones sobre dónde falta o sobra agua, las guerras entre Comunidades Autónomas y, si no llueve lo suficiente, el racionamiento. Los españoles ya han olvidado lo que era el racionamiento del pan, el aceite o el tabaco; pero, lamentablemente, lo siguen sufriendo periódicamente con el agua. Y así seguiremos mientras se siga sin dar valor al agua.
