España 2000: subastas preelectorales
Empieza un nuevo año, que no un nuevo siglo ni milenio, como la digitalización de la cultura nos quiere hacer creer. Nada pasó, aunque no podamos dejar en paro técnico a tanto milenarista, tanto profeta de desgracias sin cuento.Sin embargo, algo está pasando más allá de los dígitos, de las falsas angustias que han frustrado millones de planes vacacionales. La revolución tecnológica, como revolución comunicacional que acorta el tiempo y la distancia que separa a los seres humanos, sigue su curso, rápida y profunda como nunca antes, imprevisible en su evolución, abriendo ventanas de oportunidad inusitadas y cerrando puertas conocidas como inalterables.
La realidad está cambiando, y en España seguimos sin preguntarnos qué nos falta para percibir y aprovechar esas ventanas de oportunidad que se abren, o cómo podemos ir cerrando puertas del pasado pegajoso que nos acompaña, sin dejar de ser nosotros, manteniendo una identidad imprescindible para enfrentar los desafíos del dos mil.
Veo, con inquietud, en nuestra política interior y en la proyección exterior, simplificación y autocomplacencia. Subastas de precampaña, para rematar una legislatura vacía de proyectos y plagada de errores de los que marcarán derroteros irreversibles si no se corrigen rápidamente. Pagamos la ausencia de un proyecto de país de este grupo dirigente que hablaba de la segunda transición como si de un cambio de régimen se hubiera tratado más que de una alternancia democrática del poder.
Se dice que la economía va bien, y es cierto que crecemos desde 1994 (no desde 1996), como otros países de la Unión Europea, o menos que EEUU durante toda la década. Bajan los tipos de interés y se controla la inflación, como en el resto de los países citados en esta época de bonanza, aunque aquí se descontrolen un tanto los precios.
Pero con un reparto injusto de la riqueza que se crea. A un 20% de los ciudadanos les ha repercutido la bonanza en sus economías familiares. Al resto, que también observa que va bien, no les ha beneficiado porque viven de un salario y la moderación salarial es clave -se afirma- para el mantenimiento de la competitividad. Y en el reparto del crecimiento, unos pocos, amigos del poder, han hecho su gran agosto, controlando lo que era de todos, a través de las privatizaciones. El mayor pelotazo conocido en nuestro país, a manos de los que denunciaban a bombo y platillo la cultura del pelotazo.
Las privatizaciones se han presentado como proyectos de liberalización de la economía, para aumentar la competencia y mejorar la posición de los consumidores. Pero en realidad, se han privatizado las grandes empresas públicas de comunicaciones, telecomunicaciones, energía, finanzas, tabacos, etcétera, como los buques insignias del sector público rentable, poniéndolas en manos de los designados por el poder, antes y después de ser privatizadas, para crear una nueva oligarquía. Todo un espectáculo que favorece a una nueva clase financiera, económica y mediática, ligada al poder, con obediencia debida, a veces por duplicado.
Éste ha sido el único designio claro del equipo gobernante. Y lo están consiguiendo. Cuatro años más y consolidan la operación de control del poder más importante realizada en democracia. Durante el viejo régimen, a comienzos de los cuarenta o de los sesenta, estas cosas se hacían por las botas, aunque sean alabadas por Fraga.
Veinte años después de aprobada la Constitución, con una España más moderna, más dinámica, más cohesionada socialmente, la derecha vuelve al poder, e intenta por los votos, aunque escasos en diferencia, lo que siempre había hecho por las botas: la creación de una oligarquía nueva, controladora de las finanzas -en un país con poca autonomía empresarial- de la economía en sectores estratégicos, y de la mayor parte de los medios de comunicación.
Para eso han servido las privatizaciones. No sólo para enriquecerse con voracidad sin límites. Naturalmente, con un lenguaje posmoderno y falsamente regeneracionista que haría las delicias de Joaquín Costa.
Panorama preocupante, tras el que se oculta la idea obsesiva de controlar a la opinión pública, eliminando el principio de igualdad de oportunidades inherente a la democracia. O, si prefieren, el de aceptabilidad de la derrota, que es su esencia. La mediocracia controlada como único proyecto de país.
Aquí, privatizar no es equivalente a liberalizar. Incluso puede significar lo contrario: crear oligopolios que dejen en manos de un grupo de poder una parte sustancial del mercado y del poder mediático. Puede ser una oportunidad perdida, irrecuperable, de preparar a España para los desafíos de la globalización, de la economía abierta. Nada, en los precios al consumidor, ha mejorado con la operación.
Clama el presidente su recién adquirida pasión constitucional, alarmado por la progresiva desafección que su falta de proyecto de país ha provocado. Critica, en estos prolegómenos de la campaña, a socios de legislatura y oposición, alzándose como garante del texto que nunca quiso, como si tuviera la manía de llegar siempre tarde. Iniciaron su mandato con la reinvención de una Confederación Española de Derechas Autónomas, aunque se conformaban con una Confederación de Derechas Autónomas, sin la E, después de sus pactos con los nacionalismos de vieja data o de nuevo cuño.
Así, negociaron sistemas de financiación autonómica inviables y disparatados para conseguir socios. Así, cambiaron de la noche a la mañana su consideración y su percepción de los nacionalismos vasco y catalán, y fomentaron otros con prebendas irresponsables. Así, menospreciaron la cohesión que representaba una financiación sanitaria razonablemente igual para todos.
Nadie como ellos para defender la Constitución, ahora que se aproxima el momento del voto, como si la memoria histórica fuera inexistente, y no hubiera sido el propio Aznar el crítico más implacable del texto.
Demonizado el nacionalismo vasco moderado, imprescindible, sin embargo, para la solución de la violencia, ha dejado de ser para Aznar el factor de gobernabilidad de España del que venía
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Felipe González es ex presidente del Gobierno español.
España 2000: subastas preelectorales
Viene de la página anterior presumiendo estos años. Pero, cuando se vea con perspectiva histórica este momento, esta legislatura, quedará el regusto amargo de una política que distanció a grupos importantes de la lealtad constitucional que se había mantenido durante toda la transición. ¿De qué se queja el protagonista de este desaguisado?
Descalifica al partido socialista, que viene insistiendo durante años en la necesidad de un Pacto de Estado en temas de esta naturaleza, sin que el Gobierno actual responda.
La Constitución era, y es, un buen texto para garantizar la convivencia en libertad y en democracia, así como para dar respuesta a las aspiraciones identitarias de los pueblos de España. Ha de ser respetada en sus contenidos y en los procedimientos para reformar lo que se crea necesario, con extremada prudencia, con el mismo consenso con el que fue aprobada. Es un sarcasmo que los que ayer la atacaban se conviertan hoy en guardianes de la piedra filosofal recién descubierta. Más aún si son sus políticas las responsables de su debilitamiento.
No nos engañemos, ni nos dejemos arrastrar por las subastas preelectorales: el balance de esta legislatura no será bueno. La cohesión social se ha debilitado; la territorial, también. Las infraestructuras para la modernización de España se han parado, a pesar de inauguraciones sin cuento, de obras que no se empiezan ni tienen dotación presupuestaria. La sanidad se desvirtúa como servicio público que iguala derechos cívicos en el territorio, como la educación. Incluso la Universidad se siente acosada en el ejercicio de su autonomía constitucional.
Se cuentan bien las stock options, pero se pierde la cuenta del número de ciudadanos, como ocurre en Andalucía, con efectos negativos en la financiación de servicios básicos de salud y educación. Por cierto, que si este sistema de opciones sobre acciones sirve para fidelizar a los ejecutivos, ¿por qué se van tantos?
Se cuentan bien los beneficios de la prolongación de concesiones en autopistas, con la engañifa de que pagarán menos los usuarios, que deberían dejar de pagar al final del periodo de concesión.
Y así, con el precio de la energía y la financiación de las eléctricas. Así, con los salarios de los altos cargos y con su imparable crecimiento en número, contra todo lo dicho. Así, con el tratamiento de la inmigración, dando marcha atrás a sus propias iniciativas, para cargar la responsabilidad sobre otros. Así, con temas más dolorosos, de los que no queremos hablar, como el tratamiento de la violencia.
Otro día hablaremos de la política exterior de este Gobierno, que no es más, porque no podría ser otra cosa, que la proyección hacia fuera de su idea de España. Por eso pierde peso y carece de consenso.
A los socialistas les queda una ardua tarea a partir de marzo:
Recomponer un proyecto de país. Prepararlo para los desafíos de la globalización y de la economía abierta, haciéndolo, de verdad, más competitivo. Defender al usuario, al consumidor, y no a los grupos oligárquicos de poder. Fomentar el espíritu emprendedor, desarrollando la iniciativa y la innovación, en materia económica, cultural y social. Perfeccionar el sistema sanitario, no destruirlo, como se pretende. Desarrollar una Universidad con calidad y autonomía y recuperar el ritmo de atención al sistema educativo básico, imprescindible para la sociedad del conocimiento que se prepara. Replantear la relación con las autonomías, recuperando parte de la confianza perdida, etcétera.
El Gobierno de Aznar se ha beneficiado de lo que va bien en Europa y mejor en EEUU: el crecimiento de la economía. Otorguémosle el mérito de no haberlo estropeado. No ha sabido responder a los retos más serios de España, ni territoriales, ni sociales, ni culturales, porque carece de un proyecto de país y vive obsesionado con el partido socialista, al que considera enemigo a batir y no adversario político en la contienda democrática.
Lo único que han hecho con propósito deliberado ha sido la privatización de lo público, para quedárselo. Esto merece ser revisado, para que se conozca cómo ha ocurrido, en todos sus detalles y las cosas vuelvan a su lugar. Sin marcha atrás en un proceso que podría ayudar a mejorar nuestras posiciones en la economía abierta, si se elimina el propósito oligárquico de control financiero, económico y mediático que lo mueve.
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