El Tribunal de Cuentas denuncia el deficiente sistema de adjudicación de las obras de Metro

El Tribunal de Cuentas ha aprobado ya su auditoría sobre la gestión de los Presupuestos de la Comunidad en 1996, el primer año completo que gobernó Alberto Ruiz-Gallardón. Los auditores han determinado que el Gobierno regional pudo obtener mejores precios en la adjudicación de las obras de ampliación de las líneas 4, 7, 8 y 10 del metro, y que éstas no resultan "coherentes con el principio de economía de la gestión de fondos públicos". Ganaron los concursos las empresas más caras, a pesar de que otras más baratas obtuvieron más puntuación.

El Tribunal de Cuentas considera que la Comunidad pudo obtener unos precios más bajos en los concursos de adjudicación de determinadas obras de mejoras de carreteras, la ampliación de líneas del metro y en la gestión de centros de mayores. El Tribunal destaca que, en los concursos de adjudicación, la Comunidad estableció, en primer lugar, el precio medio de todas la ofertas. Luego puntuó más alto las propuestas que se acercaban más a esta media, despreciando a aquellas que se alejaban, aunque fueran más bajas. "La utilización de este criterio", se lee en el informe, "no es coherente con el principio de economía que debe informar la gestión de los fondos públicos, ya que carece de justificación no valorar las mayores bajas una vez examinada la capacidad, los medios y la solvencia de las empresas licitadoras".Esta situación se produjo en la adjudicación de las obras de duplicación de la calzada de la M-505 (749 millones), en la prolongación de la línea 4 del metro entre Esperanza y Gran Vía de Hortaleza (4.989), en la conexión de las líneas 8 y 10 (4.980), en la prolongación de la línea 7 (2.656) y en la rehabilitación del edificio sede del Gobierno regional (2.204 millones), "aunque esta observación es especialmente aplicable", dice el informe, en los de la cobertura asistencial a drogodependientes de los centros de Usera (103 millones), San Blas (110) y el suministro de 11.500 ejemplares de CD-ROM para colegios (92 millones) encargados por la Consejería de Educación.

Carril-bici

Los auditores públicos afirman además que no están claros los "motivos" por los que se dio una determinada puntuación a las empresas que se quedaron con las obras de duplicación de la M-505, el servicio de vigilancia de diversos grupos de viviendas del Ivima (260 millones) y el acondicionamiento para el uso ciclista de la carretera M-301 (797). Pero el Tribunal dice más con respecto a las obras de la M-505. Obras Públicas concedió finalmente los trabajos a la "empresa cuya oferta era más elevada" (más de 25,8 millones), a pesar de que "las puntuaciones obtenidas por la empresa que hizo la oferta más baja eran [con excepción de su acercamiento a la media] superiores a la obtenida por la adjudicataria".El Tribunal critica también el método con que se adjudicaron los trabajos de inspección de la prolongación de las líneas 4 (147 millones), 8 y 10 (156). Los auditores recuerdan que la Comunidad volvió a valorar las ofertas presentadas "en función de la proximidad a la media, a pesar de que este método no se establecía en los respectivos pliegos, y que no resulta coherente con el principio de economía de la gestión de fondos públicos".

Los auditores destacan la "deficiente redacción, supervisión y replanteo" del contrato de acondicionamiento del carril para bicicletas de la carretera M-301, la que lleva a San Martín de la Vega. El Tribunal afirma que no se consideró el acceso a Pinto, la imposibilidad de reutilizar las viejas señales existentes y la "no viabilidad del inicio del carril para bicicletas en la forma que figuraba en el proyecto" original.

Existen también irregularidades en el plazo de ejecución de los trabajos de rehabilitación de 103 viviendas en Palomeras Sur, cuyas obras se demoraron nueve meses por "la necesidad de adecuar el proyecto a la normativa en materia de incendios y accesibilidad a los edificios", "lo que supone una deficiente actuación administrativa, ya que el proyecto debería haberse adecuado a la normativa" antes de sacarlo a licitación (660 millones).

Se destaca también que Obras Públicas tuvo que modificar el proyecto de construcción de un aparcamiento disuasorio en el Pinar de las Rozas (87 millones) porque "el terreno no era adecuado" para la obra que se proyectaba.

Los auditores se quejan además de que se hayan cambiado los equipos de rayos X y radioterapia de los hospitales públicos (104 millones) y no se sepa aún "el número de tubos sustituidos, las averías y las causas".

Finalmente, el Tribunal de Cuentas se muestra muy crítico con una campaña de publicidad encargada por la Consejería de Economía. Los auditores se preguntan cuál era "la finalidad" de la campaña y qué cálculos se hicieron para determinar su presupuesto (150 millones) de licitación.