Un vecino de Otívar ingresa en prisión por el incendio de la Sierra de Cázulas en Granada

El titular del Juzgado de Instrucción número uno de Almuñécar (Granada) ordenó ayer el ingreso en prisión sin fianza de M. P. J., detenido por la Guardia Civil como presunto inductor del incendio de la Sierra de Cazulas, el más extenso de los declarados este año en la región. Según fuentes de la investigación consultadas por la agencia Efe, el detenido se ha reconocido como culpable de un delito de negligencia al arrojar al suelo la colilla mal apagada de un cigarro. M. P. J., de 36 años y vecino de Otívar -cuyo término municipal ha sido el más afectado por el incendio-, fue detenido por agentes de la Guardia Civil a las siete de la tarde del pasado jueves. Culminan así las primeras investigaciones realizadas para determinar las causas de un fuego que ha arrasado, en cuatro días, 2.386 hectáreas de pinar de repoblación y matorral denso. Los responsables del plan Infoca en la región dieron ayer por extinguido el incendio, aunque varios retenes vigilarán la zona durante los próximos 15 días. El delegado de la Consejería de Medio Ambiente en Granada, Rafael Salcedo, cifró en 50 millones de pesetas el coste de las tareas de extinción, en las que han intervenido unas 400 personas y el 95% de las unidades áreas del Infoca en Andalucía y calculó que las sierra más afectadas (Cázulas y Almijara) tardarán más 30 años en recuperar su vegetación. Salcedo replicó en rueda de prensa a las críticas de Ecologistas en Acción, que ayer aseguró que ya advirtió en 1998 del riesgo de incendio en la zona, y que la Junta no tomó las medidas preventivas necesarias. "La Sierra de Cázulas es una propiedad privada y la Junta no tiene la obligación de realizar en ella tareas de limpieza y acondicionamiento de cortafuegos. Las labores silvícolas corresponden a los propietarios, que pueden solicitar subvenciones públicas para acometerlas, aunque no tenemos constancia de que lo hayan hecho", respondió.