Los socialistas denuncian ante el fiscal jefe del TSJ las irregularidades del plan de alumbrado

La polémica gestión de Juan Vicente Jurado, delegado de Alumbrado del Ayuntamiento de Valencia, está en manos del fiscal. El edil socialista Rafael Rubio presentó el martes una denuncia ante el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano para que investigue la gestión del Plan Integral de Alumbrado Público (PIAP), en la que el Grupo Socialista ve indicios de delito, en concreto de malversación de caudales públicos y prevaricación. Desde que el plan fue aprobado, en 1994, con 1.610 millones de pesetas de presupuesto, Jurado ha plantado 10.000 nuevos puntos de luz en la ciudad. Las dudas en torno a la legalidad de la gestión de Jurado, por la aplicación del plan y por los precios de las farolas, entre otras cuestiones, llevaron a los socialistas a pedir una comisión de investigación que Rita Barberá no aceptó.

La denuncia presentada por los socialistas ante el fiscal jefe del TSJ pretende esclarecer una larga lista de sospechas en torno a la política de Alumbrado que el equipo de gobierno del PP que preside Rita Barberá nunca ha aclarado: desde las irregularidades detectadas en la ejecución del PIAP, aprobado en marzo de 1994, y el posible trato de favor a las empresas encargadas de llevarlo a cabo, hasta las sustanciales modificaciones de los precios de las farolas y la inflación en el número de puntos de luz instalados, pasando por el supuesto trato de favor a los barrios pudientes de la ciudad -en los que más votos cosecha el PP- en detrimento de zonas periféricas. La política de alumbrado ha estado bajo sospecha en estos cinco años. Los propios servicios de control del Ayuntamiento -interventor y secretario- han informado en varias ocasiones de la existencia de posibles irregularidades. La oposición ha intentado, sin éxito, aclarar todas estas cuestiones. Pero el "oscurantismo" del PP, que se negó a constituir una comisión de investigación a pesar de que prometió indagar sobre el tema y que ha "hurtado" al pleno modificaciones del plan de alumbrado ha impedido, según los socialistas, aclarar todas estas cuestiones. El PIAP aprobado por el pleno en 1994 a propuesta del entonces delegado de Urbanismo, el edil de Unión Valenciana Juan Manuel Castañer, establecía las calles, plazas y avenidas de la ciudad en las que se instalarían nuevas farolas. Pero ese reparto fue modificado posteriormente sin pasar por el pleno. La ejecución fue adjudicada a las empresas Imes y Etralux, dos de las 12 que acudieron al concurso, algunas de las cuales presentaron ofertas hasta un 15% inferiores. Las dos compañías detentan la contrata de mantenimiento del alumbrado público en la ciudad. Tras las elecciones de 1995 se hizo cargo del área de Alumbrado Juan Vicente Jurado, entonces en las filas regionalistas, quien pidió inmediatamente otros 4.000 millones de pesetas para poner más farolas en la ciudad. Con la llegada de Jurado empezaron a surgir las sospechas. Se incorporaban nuevos modelos de farolas no incluidos en el cuadro de precios, se empezaron a fraccionar los proyectos de manera que no llegaran a los 50 millones de pesetas y poder adjudicarlos de forma directa, según ha reconocido Jurado. El Ayuntamiento pagaba por las farolas hasta un 135% más de lo que costaban en fábrica. Los precios de las que se instalaban se modificaban sobre la marcha, casi siempre al alza, en un baile que alcanzaba oscilaciones de hasta el 30%. Así, farolas como las colocadas en la avenida de María Cristina, cuyo precio inicial era de 385.647 pesetas, pasaron a costar más de 700.000. El precio del modelo Grandes Vías también se incrementó: de 343.750 pesetas en junio de 1994 a 416.666 en enero de 1995 y 444.300 en marzo de 1996, y todo ello sin que el pleno acordase el precio de esa farola, que se estableció en el pleno del 25 de abril de 1997. Según los socialistas, "alguien determinó ese precio en connivencia con la empresa contratista". Además, surgieron desviaciones presupuestarias en la ejecución de proyectos, algunos de los cuales ni siquiera figuraban en el PIAP, por lo que se computaron en el presupuesto ordinario municipal. Se gastaron 137 millones más de lo previsto en el PIAP, como reflejó un informe del interventor municipal. Las empresas contratistas aprovecharon las discrepancias en el seno de UV, que acabaron con la fuga de Jurado al Grupo Mixto y generaron tensiones en el gobierno de Barberá, para achacar la polémica a cuestiones "políticas", mientras Jurado, que ayer eludió comentar el asunto, descargaba las culpas en los técnicos y trataba de contrarrestar la polémica negociando rebajas de precios con las contratistas y la alcaldesa prometía una investigación que no aclaró nada. Hasta el pasado martes, en que los socialistas acudieron al fiscal jefe del TSJ, que ahora deberá decidir si abre o no una investigación.