Un nuevo contrato con el profesorado JOAN ROMERO
El autor repasa los problemas actuales del sistema educativo valenciano y propone diversas medidas para redefinir el papel de los docentesEl sistema educativo está viviendo en nuestro país momentos de incertidumbre. Hay malestar en muchos centros educativos y por vez primera he visto a profesores y profesoras con acreditada vocación docente impotentes para afrontar situaciones creadas en el aula. Albergan sentimientos de desánimo, frustración, desilusión y atonía. También entre muchas familias empieza a cundir una cierta inquietud y preocupación. Todos estos síntomas están aflorando, sobre todo, en la enseñanza de titularidad pública y cabe el riesgo de que se pueda socavar el prestigio conseguido por ésta en los últimos 20 años. Después de meses de debate abierto con muchos representantes de la comunidad educativa, creo llegado el momento de la reflexión serena sobre algunas de las conclusiones obtenidas y, sobre todo, creo que es hora de avanzar con propuestas de mejora de la situación. Desde ciertos sectores se culpa a la LOGSE y a la enseñanza comprensiva de esta situación. Tanto de la bajada de niveles de los contenidos como de la imposibilidad del profesorado para ejercer su tarea por la heterogeneidad de su alumnado y por la falta de motivación e interés de un grupo de ellos que no quiere estar en las aulas. Son los llamados "objetores escolares". Esta cuestión merece sin duda una primera reflexión porque el debate está vivo en toda Europa occidental. La LOGSE es heredera de las reformas educativas llevadas a cabo por gobiernos socialdemócratas en diferentes países europeos hace más de 20 años. Las únicas alternativas posteriores han sido las formuladas en los años ochenta por los ideólogos de la derecha liberal conservadora, concretadas en los gobiernos de Thatcher y Reagan, con un balance de privatización y de creación de redes paralelas que legitiman la desigualdad y que ya ha sido denunciado hace años por los mejores expertos. La opción por la comprensividad no nace sólo de la necesidad de potenciar la igualdad, sino también del tipo de demanda de formación que se requiere. En la sociedad actual, el aprendizaje ha pasado a ser una necesidad presente a lo largo de toda nuestra vida. Por lo tanto, el objetivo fundamental de la educación ha de ser proporcionar a todos los estudiantes las competencias básicas que van a necesitar para seguir, con autonomía creciente, aprendiendo a aprender. La educación y la formación no sólo aparecen como los valores más democráticos, sino también como el recurso esencial de un país, ya que el crecimiento económico y la competitividad de sus empresas cada vez dependerán más de la formación y de las competencias técnicas o profesionales de un pueblo. Pero, además, formación y educación son dos elementos esenciales en el campo de la justicia social por promover la igualdad de oportunidades y por ser el más poderoso elemento compensador entre los individuos. La educación para todos es una de las mayores conquistas de nuestras democracias y por ello defendemos su carácter de servicio público. Existe un consenso básico acerca de este nuevo cometido que se le asigna a la educación y a la formación, condicionado a la existencia de una educación básica y obligatoria capaz de proporcionar una formación integral que desarrolla las capacidades cognitivas, sociales y efectivas de los individuos. En toda Europa se ha optado por un modelo de enseñanza comprensiva para todo el alumnado frente al modelo segregador desde edades tempranas. El debate hace ya tiempo que no se establece entre enseñanza comprensiva o no, sino, en todo caso, en cuál es el grado adecuado de comprensividad y en cómo se desarrolla en cada centro educativo. Pero la educación no queda al margen de los rápidos y profundos cambios culturales y sociales. Cambios que muchas familias pretenden que sean resueltos en exclusiva en la escuela y por los profesores. Pienso que no es posible que las familias dimitamos de nuestras obligaciones y responsabilidades. No podemos aspirar a que el profesorado cubra déficits de valores, de formación, de convivencia, cuya tarea fundamental corresponde al ámbito familiar. Tampoco podemos pretender que el profesorado asuma, ni resuelva en exclusiva -ni siquiera principalmente- problemas que derivan de situaciones sociales que desbordan y sobrepasan con mucho el recinto escolar y, en todo caso, sus responsabilidades como docentes en el aula. La escuela no puede sustituir a la familia. La escuela debe compensar las diferencias de patrimonio cultural familiar de partida. También ha cambiado el papel del profesorado. Lo que en años pasados funcionó para educar a una élite, ya no es válido para educar a toda la población escolar. Vivimos en una época de continuo progreso científico y tecnológico que provoca una rápida obsolescencia de los conocimientos y donde el profesorado está empezando a perder el control en el proceso de aprendizaje reduciéndose su situación relevante para trasladar conocimientos, saberes o valores. Eso obliga al profesorado a asumir el nuevo papel que la sociedad le demanda y que exige en muchos casos un cambio de actitud para afrontar nuevas situaciones. La sociedad no puede pedir al profesorado más -pero tampoco menos- de lo que puede dar. La tercera reflexión obligada se refiere a las consecuencias que la aplicación parcial y tendenciosa de la LOGSE ha acarreado. Los graves incumplimientos en la construcción y adecuación de centros, la ruptura de los dos ciclos de la Educación Secundaria, la concentración en los centros públicos del alumnado de riesgo, la ausencia de programas útiles y serios de formación del profesorado y la falta de recursos materiales y humanos precisos para atender la heterogeneidad y la diversidad de necesidades e intereses del alumnado, explican en buena medida la actual situación. Ni siquiera la existencia de una Ley de Financiación, cuestión que debe apuntarse en el debe de la mayoría parlamentaria que aprobó la LOGSE en el Parlamento, hubiera sido garantía de cumplimiento por el actual gobierno del PP. La pregunta, entonces, sería: ¿funcionaría todo bien si se cubrieran todas esas deficiencias y una nueva administración asumiera las responsabilidades de las que estos cuatro años el PP ha hecho dejación y si, aprovechando el momento de bonanza económica, se aprobara una Ley de Financiación que garantizara una correcta aplicación de la LOGSE? No cabe duda de que si se hubieran construido y adecuado los centros y si estos dispusieran de los recursos humanos y materiales necesarios para atender la diversidad, muchos de los problemas que tienen las familias, los profesores y los alumnos se resolverían o se suavizarían notablemente. Pero aún así, creo que seguirían existiendo problemas y por ello es necesario profundizar más en el diagnótico y avanzar cinco medidas urgentes: 1. Garantía de asignación de recursos económicos suficientes para financiar las necesidades del nuevo sistema educativo. Es decir, para construcción y adecuación de los centros necesarios, para la puesta en marcha de todos los ciclos formativos de formación profesional especifica de grado medio y superior, para la generalización de la oferta de escolarización a los tres años y para la dotación de profesionales y de medios materiales. 2. Medidas específicas y urgentes para que el profesorado de Secundaria pueda atender adecuadamente al alumnado que se incorpora al segundo ciclo de la ESO. La más importante es la puesta en marcha de programas específicos para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a problemas graves de conducta, a situaciones sociales o culturales desfavorecidas. Estos programas se deben implantar en la ESO aunque los alumnos no hayan cumplido los 16 años. Asímismo, la reducción de alumnos por aula en centros que escolarizan un número significativo de alumnado con dificultades, la dotación de especialistas, la incorporación de trabajadores sociales en determinados centros, la generalización de programas de diversificación curricular en todos los centros que imparten la ESO y la generalización de programas de garantía social, son también medidas necesarias. 3. Negociar un nuevo contrato con el profesorado que redefina sus funciones, su horario de trabajo y de permanencia en el centro, así como las retribuciones de acuerdo con sus responsabilidades, de manera que su trabajo cobre más sentido, recupere la autoestima y se implique más activamente en este proceso de cambio. 4. Proporcionar una oferta de formación permanente ajustada a auténticas necesidades que el profesorado tiene en el aula y a las nuevas exigencias organizativas de los centros. 5. Dotar de mayor autonomía a los centros que les permita, por una parte, implantar fórmulas más descentralizadas de organización y gestión y, por otra, les libere de las rigideces y la burocracia que dificultan su capacidad para ofrecer un mejor servicio público en la vertiente académica y en la prestación de otros servicios y actividades escolares demandadas por la sociedad.
Joan Romero es secretario general del PSPV-PSOE.
