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La última partida de aceite de colza viaja a Francia para su destrucción

Vicente González Olaya

El aceite de colza tóxico, causante de la muerte en España de 346 personas y que dejó secuelas graves en otras 20.000, terminará sus días en una planta cementera del oeste de Francia. La Consejería de Medio Ambiente concluyó ayer la retirada -13 años después de que lo ordenase la Audiencia Nacional- de los 440.000 litros de aceite de colza desnaturalizado que se almacenaban en una destartalada nave industrial de las afueras de Arganda del Rey.

El último camión que recogió estos residuos partió ayer hacia la localidad francesa de Airvault (cercana a Poitiers), porque en España ninguna empresa de tratamientos de residuos tóxicos quería hacerse cargo de la partida de aceite de colza.

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Luis Otero, gerente de Gesdema, empresa pública dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, reconoció ayer lo complicado que le había resultado a la Comunidad deshacerse de los residuos: "Entre que era muy difícil encontrar algún gestor de residuos español que quisiese hacerse cargo del cargamento y que el aceite de colza desnaturalizado trae recuerdos muy tristes, decidimos que lo mejor era llevarse la carga a otro país. Y Francia aceptó el envío".

El aceite ahora retirado procede del canje que propuso, a mediados de los años ochenta, el Gobierno central a los compradores de aceite de colza desnaturalizado. La Administración regalaba la misma cantidad de aceite puro de oliva que se le entregaba de tóxico. Y así se acumularon 440.000 litros de aceite mortal en Arganda.

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Medio Ambiente trasladará a un depósito de seguridad las tierras envenenadas por el aceite

El aceite de colza desnaturalizado fue almacenado a las afueras de Arganda en 1985, cuando la Audiencia Nacional ordenó retirarlo. La Seguridad Social eligió esta localidad porque allí poseía unas grandes naves industriales en desuso.La Guardia Civil vigiló durante siete años los 440.000 litros de aceite, pero en 1992 abandonó su custodia porque un gran número de sus agentes fueron reclamados para servicios de seguridad de la Expo de Sevilla.

Su vigilancia fue sustituida por un sistema electrónico que no resistió los avatares del tiempo. Las alarmas fueron desconectadas por los desaprensivos, las ventanas reventadas, la techumbre se llenó de boquetes y las inclemencias meteorológicas empezaron a hacer mella en la carga tóxica. El aceite se extendió por los suelos de la nave. En las etiquetas de los miles de botellas y bidones deteriorados se leía: "Aceite decolorado", "aceite filtrado", "aceite desodorizado", "aceite neutro", "aceite depurado"...

Ahora, según los técnicos de Medio Ambiente, el "trabajo ha sido complicado", porque además "hay que descontaminar los terrenos sobre los que se levantan las naves industriales". Las filtraciones de las garrafas y botellas rotas han llegado a la tierra del entorno. Medio Ambiente, antes de devolver a la Seguridad Social las naves, debe llevarse al depósito de seguridad de San Fernando todas las tierras emponzoñadas, así como las botellas y garrafas que contenían el tóxico.

Los operarios que realizan estas labores de descontaminación, que acabarán el 24 de noviembre, van enfundados en traje de polietileno para que sus cuerpos no entren en contacto con el aceite. La operación tiene un coste de 25,8 millones. Los sucesivos gobiernos municipales de Arganda, ante las quejas vecinales, reclamaron que las sustancias fueran retiradas en el menor tiempo posible. Pero sus peticiones cayeron en saco roto. De hecho, el Ministerio de Trabajo afirmó en marzo de 1995 que el aceite almacenado no se podía destruir porque era "una prueba" que dependía directamente de la Audiencia Nacional, a pesar de que el caso estaba cerrado desde 1992.

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Sobre la firma

Vicente González Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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