Europa premia a los países pobres que acaben con el trabajo infantil

Los países en vías de desarrollo que supriman el trabajo infantil y reconozcan la libertad sindical y la negociación colectiva obtendrán más ventajas en sus relaciones comerciales con la Unión Europea (UE). Éste es el objetivo básico del proyecto de reglamento sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) que la Comisión aprobó ayer y sobre el que decidirá el Consejo de ministros comunitario.

El nuevo texto, válido para el periodo enero 1999-diciembre 2001, refunde los anteriores y elimina algunas contradicciones que impedían la puesta en práctica de la cláusula social incitativa, ya aprobada por los Quince el pasado 25 de mayo.Hasta ahora, los países ricos intentaban castigar a los países incumplidores de los convenios sociales internacionales de la OIT (trabajo infantil, libertad sindical, negociación colectiva) y medioambientales (protección de los bosques) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ello resultaba imposible porque los pobres siempre sumaban una mayoría en contra en el foro de la OMC.

Reducción de aranceles

Ahora la UE, en vez del palo, pretende aplicar la técnica de la zanahoria: quien mejor cumpla, obtendrá más ventajas comerciales. Considera que esta técnica incitativa tiene más posibilidades de abrirse paso y elimina la base de las críticas del Tercer Mundo a los países desarrollados por intentar imponer en el comercio una cláusula social a palo seco, a la que acusaban de mera máscara para los deseos proteccionistas de los ricos. Las ventajas comerciales ofrecidas por Bruselas se concretan en una reducción adicional de aranceles sobre productos industriales de hasta el 25%, y del 15% en productos agrícolas.Las rebajas arancelarias destinadas a los países en vías de desarrollo son muy variadas, tanto por producto como por país.

Dos de los problemas que se resuelven con el proyecto de nuevo reglamento provienen del estatuto especial de que gozaban distintos países de América Latina, conocido como el "régimen drogas". Mediante éste, los países de la zona que se comprometen en su erradicación con políticas de sustitución de cultivos y creación de empleos alternativos podían exportar sus productos a Europa sin pagar derechos de aduana, esto es, con arancel cero.

Ahora la Comisión Europea propone acabar con la discriminación que sufrían los centroamericanos respecto de los sudamericanos: éstos últimos gozaban de arancel cero para todos los productos, mientras que aquéllos sólo podían exportar sin derechos fronterizos sus productos agrícolas, no los industriales.

Además, el nuevo reglamento reconcilia el "régimen drogas" con el Sistema de Preferencias Generalizadas. Sin cambiarlos era imposible ofrecer ventajas adicionales limitadas a quienes ya disfrutaban de arancel cero. Los latinoamericanos que quieran mantener éste deberán comprometerse también en los ámbitos laboral y ambiental.

Para ello deberán notificar si reaccionan favorablemente, antes de tres meses. En caso afirmativo, gozarán automáticamente del arancel cero durante un año; y en cuanto se comprometan formalmente a aplicar los convenios de la OIT consolidarán indefinidamente esa ventaja. En caso contrario, la perderán.