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Reportaje:

Asesinatos de firma desconocida

El País Vasco, al margen del terrorismo, registra un índice de criminalidad inferior al del resto de España. Los datos más recientes, de 1996, lo confirman. En Euskadi se cometen 55,4 delitos por cada mil habitantes frente a los 73,69 de la media nacional. Sin embargo, en los primeros cinco meses de este año ya se han producido cuatro homicidios. El año pasado fueron 11. La mayoría de los asesinatos, entre un 70% y un 80%, se aclaran. Tras los crímenes sin resolver suelen estar el desconocimiento del móvil, la falta de pruebas, dificultades judiciales y, principalmente, una inspección ocular incorrecta en el lugar de los hechos. En la última década, una veintena de asesinatos ha quedado impune en el País Vasco, la mitad, en Vizcaya. Del cuello de Lucía pende una cadena de oro con dos letras grabadas, L. T: las iniciales de su única hija, Leticia Temiño, violada y asesinada el 7 de enero de 1995. Tenía 18 años y vivía en Portugalete. Su cadáver fue hallado en un descampado, en la localidad cántabra de Pontarrón de Guriezo. Estaba desnuda y sólo llevaba unos calcetines de lana, una pulsera de plata y la medalla de oro que su madre luce desde aquella fecha aciaga. "Han pasado tres años y no sabemos nada de lo que pasó aquella noche de Reyes en que desapareció mi hija. Nunca ha habido detenciones, pero la investigación sigue abierta y, mientras así sea, tenemos esperanzas". Lucía y su marido, José María, están convencidos de que el motivo fundamental de la ausencia de indicios es "lo mal que se hizo" la inspección ocular. La autopsia reveló que la joven había recibido una brutal paliza antes de ser estrangulada. Sin embargo, no se encontró huella alguna que permitiera avanzar a la investigación. "La Justicia necesita tener un hilo del que tirar y en el caso de mi hija se rompió demasiado pronto. Tras la Ertzaintza, la Guardia Civil se encargó de la investigación; no culpamos a nadie, pero estamos seguros de que las cosas no se hicieron bien desde el principio. La única pista que ha habido es la que aportó un vecino de Portugalete, que dijo haber visto a Leticia con un chico moreno. La cooperación de la gente ha sido mínima, más bien nula", se queja Lucía. Ella y su marido no pierden la esperanza. Han ofrecido una recompensa de 15 millones de pesetas a quien dé una pista fiable. Un bregado y algo hastiado comisario del Cuerpo Nacional de Policía confirma: "No existe el crimen perfecto, sino la investigación mal hecha. Lo fundamental es la inspección ocular y demasiado a menudo no se hace como es debido. También es muy importante conocer las motivaciones. Como en la serie televisiva Colombo hay que fijarse en el mínimo detalle, ser machacón. Ahí está la clave". Pese a los errores y dificultades, este experto en homicidios asevera que "por cada caso no resuelto, hay entre un 70% y un 80% de éxitos". En la última década, ha quedado sin resolver más de una decena de homicidios sólo en Vizcaya. Francisco Javier Ruiz Ocejo, de 51 años, es la última persona asesinada en Bilbao. Su cuerpo fue hallado sin vida en la madrugada del pasado 2 de marzo en el parque de Doña Casilda. Le habían asestado una puñalada mortal en la espalda. ¿Quién? De momento, se desconoce incluso el móvil. Crimen pasional, atraco... son hipótesis que baraja la Ertzaintza. El juzgado de instrucción número 1 de Bilbao investiga los hechos. María Jesús, la novia de Miguel Ángel Peláez Ortiz de Guinea, quiere rotular en rojo el nombre de quien le seccionó mortalmente el cuello y después le arrojó boca abajo junto a las vías del tren en Basurto. Fue el 26 de junio del pasado año. La víctima, en la treintena, recibió siete puñaladas además del tajo letal que le atravesó el cuello. Miguel Ángel se ganaba la vida en una empresa de reparto. "Tenía una novia, pero conoció a otra chica que trabajaba en una pizzería y salía con las dos. Esta última tenía un novio formal y un día le dijo que iba a dejarle por Miguel Ángel. A los dos días, Miguel Ángel apareció degollado", recuerda un agente policial que conoce los hechos. El juzgado de instrucción número 2 de Bilbao abrió las diligencias previas 2248/97. A la busca del móvil El asesinato de Nestor Sebastián Gándara también permanece impune. En medios de la investigación se cree que pudo ser un ajuste de cuentas. El 26 de junio de 1996, un testigo vio a la víctima con tres hombres en el monte Pagasarri, en Bilbao. Se llegó a pinchar el teléfono de un sospechoso, pero "no se consiguió nada". El juzgado de instrucción número 7 de Bilbao investiga el caso de este joven que tenía 24 años. Unos días antes, el 15 de junio de 1996, el cadáver de José Manuel Jaime Oraa, un empresario de Getxo dedicado a negocios inmobiliarios, fue descubierto en Erandio dentro de su vehículo. Le pegaron dos tiros con una escopeta de cañones recortados. Ya entonces, la Ertzaintza reconoció que disponía de "muy pocas pistas para esclarecer las causas del crimen". El juzgado de instrucción número 5 no ha logrado saber qué pasó aquella mañana. Fuentes de la Unidad de Investigación Criminal de la Ertzaintza aseguran que conocer el móvil es esencial para avanzar en las pesquisas. También para ellos la inspección ocular es el pilar de la investigación y para ello disponen de un laboratorio móvil. Pero a pesar de los avances en investigación policial, en ocho años nada se ha podido averiguar del doble asesinato ocurrido en Galdakao el 15 de abril de 1990. La Ertzaintza ha llegado a barajar más de 20 hipótesis. Pero el desconocimiento del móvil que llevó a al menos tres personas a matarles es el principal obstáculo de este caso abierto. Joseba Ziliaurren, de 25 años, e Idoia Ortuondo, de 23, salieron de sus casa un viernes por la tarde. Una patrulla policial los halló cosidos a puñaladas dos días después en un monte. El joven trabajaba en la plataforma de gas de Bermeo. Era "una buena persona, sin enemigos", según dijeron entonces sus conocidos. Los asesinos le seccionaron el cuello, le ataron las manos a la espalda y luego echaron tierra sobre él. A su novia le asestaron varias puñaladas, antes de ocultarla bajo helechos. La autopsia no reveló señales de lucha. En medios de la investigación siempre se ha sospechado que la pareja conocía a sus verdugos. "No se pudo determinar los elementos objetivos. Se supo que cerca del lugar se escondía droga y que al faltar cierta cantidad los asesinos pudieron echar la culpa a la pareja. También se barajó la idea de que el chico pudo ver algo desde la plataforma donde trabajaba, pero todo ha quedado en agua de borrajas", reconocen en la Ertzaintza.El listado policial y judicial de homicidios pendientes incluye nombres escondidos en la memoria. El cadáver de una prostituta, Yolanda Ríos, fue encontrado con un golpe en la cabeza el 18 de marzo de 1990 en la calle Isleta de Uribitarte, en Bilbao. Pudo ser un accidente, o quizá un cliente. "Habría que haber investigado todos los hombres con los que estuvo aquel día, pero no se hizo", recuerda un policía que conoció el caso. El juzgado número 6 de Bilbao mantiene abierta la instrucción por la muerte de José Luis Gumero Elejalde, de 33 años, acaecida el 31 de enero de 1993, en el bar que poseía en la calle Hernani de Bilbao. Le habían clavado un destornillador en el cuello. "A nadie se le ocurrió coger las huellas del destornillador", dice escéptico un jefe policial. Y la incógnita tampoco se ha despejado sobre las muertes de María Pilar Spreter, el 7 de diciembre de 1996; ni sobre la de Pablo González García, cuyo cuerpo fue hallado calcinado, hace ya casi 10 años en El Regato. Tampoco se sabe si la muerte de Jon Boada, en 1989, fue un accidente, como se sospechó, al dispararse una escopeta de aire comprimido. "Quizá algún día conozcamos los rostros de los asesinos. Pero siempre habrá crímenes sin resolver, aunque sean los menos", dice el mismo responsable. Huella confusa En Guipúzcoa, la huella de una zapatilla de deporte era la única pista para descubrir al asesino de Gloria Arellano Mateo, viuda de 69 años, encontrada apuñalada el 4 de julio de 1995 en su domicilio de Rentería. Su nieto fue juzgado y condenado por homicidio. El joven recurrió y la Audiencia Provincial le absolvió en 1997, al tiempo que criticó la investigación policial por no haber tenido en cuenta que las zapatillas de deporte no dejan una huella nítida y que, además, el hombre que convivía con la madre calzaba el mismo número. Al menos media docena de asesinatos cometidos en Guipúzcoa en los últimos años siguen sin resolver, unos por falta de pruebas y otros archivados de modo provisional a la espera de que algún elemento que haga avanzar la investigación. El 11 de febrero de 1995 Rosa María Oñeka apareció muerta a cuchilladas en un piso de Irún. Las pruebas señalaban a Cándido Desiderio como autor del crimen. Pese a las altas penas de cárcel reclamadas, el procesado quedó en libertad por falta de pruebas. Los padres de Ana Isabel Merino Dávila viven con la esperanza de que algún día se encuentre a la persona que, en la madrugada del 11 de agosto de 1992, decidió matarla rajándole cuello. La joven, de 21 años, iba al trabajo. Nunca llegó porque quedó tirada en el asfalto. El caso está archivado provisionalmente por falta de pruebas. En la investigación se señaló al famoso violador del ascensor, Pedro Luis Gallego, condenado a cientos de años de cárcel por haber forzado a numerosas jóvenes en otros puntos de España, pero se descartó su autoría. En junio de 1997, fue un jurado popular el que decidió que Josu Endika Iriondo, Roberto Fernández y su hijo Iñaki no eran los culpables de la muerte a hachazos del mendigo Hilario Fraile, ocurrida en Éibar en 1995. Otro de los sucesos que continúa sin esclarecer, y en cuya investigación participaron agentes de la Ertzaintza y del Cuerpo Nacional de Policía es la desaparición y posterior hallazgo del cadáver del empresario donostiarra Juan Sáez Rubio, de 42 años. El 29 de setiembre de 1994 viajó a Zaragoza por cuestiones de trabajo y no se supo nada de él hasta que su cuerpo apareció flotando, nueve días después, en las aguas de una presa del río Ebro. El sumario está archivado provisionalmente por falta de pruebas. En Vitoria, la policía no da abasto en los últimos meses. Dos crímenes sangrientos, el de un anticuario y el de una profesora de inglés, le han devuelto a las estadísticas de la crónica negra. La escena que la esposa de Ángel Quintana y agentes de la Ertzaintza hallaron en la tienda de antigüedades de éste en la madrugada del 29 de enero era digna de una novela de Agatha Christie. Le habían golpeado con un objeto contundente en la cabeza. Unos días después fue detenido un sospechoso, Juan Carlos J.G., en Arévalo (Ávila). Ha estado más de tres meses en prisión y la juez instructora le ha acusado de homicidio y robo. El descuartizador de Vitoria La profesora Esther Areitio es la última víctima de un crimen abierto. El 7 de mayo su cadáver descuartizado fue hallado en varias bolsas de basura cerca de su domicilio, donde esta viuda vivía sola. Las pesquisas han determinado que una o varias personas extrajeron esa misma noche dinero de dos cajeros automáticos con la tarjeta de la víctima, pero sólo hay un retrato robot del posible sospechoso. Uno de los crímenes que mayor conmoción ha causado en Álava en la última década es el asesinato de la esposa del entonces alto cargo de Osakidetza Ángel Loma Osorio. Luisa Rincón, enfermera de 37 años, fue hallada muerta el 18 de junio de 1990 junto a un camino, a 15 kilómetros de Vitoria, con un fuerte golpe en la cabeza. Cerca del cuerpo había un vehículo familiar que no era el suyo, con las puertas abiertas y la radio encendida. La mujer había salido de su casa esa misma tarde a comprar patatas fritas. Las investigaciones judiciales concluyeron con un auto que determinaba la existencia de un homicidio sin autor, pese a los insistentes rumores que apuntaban a una persona próxima a la víctima. De forma similar acabó otro caso. El 1 de marzo de 1994 fue descubierto en el interior de las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en Betoño el cuerpo de un agente del grupo de desactivación de explosivos con un tiro en el corazón. Era José Luis Osuna, de 33 años. Se descartó que fuera un suicidio. Ninguno de los 35 agentes que había en el acuartelamiento declaró haber escuchado la detonación. El 17 de octubre de 1994 aparecía en una gasolinera de Arkaute, cercana a la academia de la Ertzaintza, el cadáver apuñalado de un trabajador de la estación de servicio. Pese a no existir evidencias en el lugar del crimen, tres hombres fueron detenidos como sospechosos. El aparente éxito de la investigación se desvaneció, a pesar del hallazgo de restos de sangre en el vehículo de los arrestados. Todos tenían coartada. Además, el Instituto de Toxicologia descartó que la sangre tuviera relación con el asesinato. El 15 de enero de 1997, el juez instructor remitía a la Audiencia un auto de conclusión de sumario y archivo provisional del caso por ausencia de autor.

Este reportaje ha sido elaborado por Isabel Camacho, Aurora Intxausti y Pedro G. de Viñaspre.

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