El PSOE califica el decreto de inundaciones del Gobierno de "discriminatorio, ilegal e insuficiente"
El PSOE acusó ayer al Gobierno central de "discriminar" a Andalucía, incluso en asuntos "tan graves" como en ayudar a los que perdieron todo en las inundaciones. El PSOE criticó con dureza el decreto del Gobierno central que contempla las ayudas para los damnificados en las inundaciones ocurridas el pasado diciembre en las poblaciones de Écija y Camas, y que incluye 2.000 millones de pesetas en ayuda directa y créditos por 3.000 millones a repartir entre cinco comunidades. La senadora socialista Ana Arnaiz calificó el decreto de "insuficiente, ilegal, tardío y discriminatorio".
Según la senadora socialista, el Gobierno central "condiciona" las ayudas estatales a la región andaluza a que el resto de administraciones aporten el 50% del total de los fondos. Arnaiz, apuntó de seguido el tratamiento "distinto" otorgado por el Ejecutivo central a otras autonomías: el Gobierno arregló la rotura del puente del Ferrol y la Xunta de Galicia "no pagó un duro", dijo. "Un agravio comparativo que hará a los ecijanos preguntarse por qué dicho puente fue reparado de forma urgente y a esta población continúan sin llegar las ayudas", según postilló el diputado del PSOE por Sevilla, Daniel García. El decreto aprobado por en el Consejo de Ministros del pasado 17 de abril y que articulaba mecanismos de ayuda para los afectados por las inundaciones que sufrieron las poblaciones de los municipios sevillanos de Écija y Camas, fue duramente criticado ayer por responsables socialistas. La medida, aprobada cuatro meses después de la tragedia, aún carece de cuantificación definitiva. Los damnificados no saben cuanto les corresponderá, ya que deberán compartir el dinero con otras cuatro comunidades: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Aragón. Además, según Arnaiz, sólo en el caso de Andalucía el Ejecutivo central ha condicionado la habilitación de las ayudas a que la Junta de Andalucía, los dos municipios afectados y la Diputación de Sevilla aporten el 50% de los fondos. Una exigencia considerada por la senadora socialista de "ilegal", ya que la ley obliga al Gobierno el abono total de las ayudas. Otro de los defectos que adolece el decreto, según los socialistas, es el requisito de la constitución de una comisión de trabajo para la evaluación de daños. Esto fue calificado por Arnaiz como una "provocación", ya que antes de la promulgación del decreto fueron creadas cuatro comisiones que cuantificaron los daños y estimaron un coste económico de 1.330 millones de pesetas para sufragar los gastos en enseres y viviendas de las 790 familias afectadas; para los comerciantes y las industrias, 293 afectados en total, se cifraron los daños en 2.037 millones, mientras que para la agricultura el coste fue de 1.128 millones. En el apartado de caminos, limpieza de emergencia, enseres de emergencia e infraestructuras municipales el aporte económico fue cuantificado por dichas comisiones en 49.346.400, 128.062.909, 44.621.933 y 893.258.912 pesetas, respectivamente. En las conclusiones de los evaluadores se cifra el acondicionamiento del puente Genil, para evitar nuevas inundaciones en Écija, en 3.000 millones de pesetas. El coste económico global solicitado por las comisiones resulta ser muy superior a los 2.000 millones del decreto del Gobierno. Por todo ello, el PSOE ha vuelto a presentar una segunda interpelación en el Senado para exigir que se concreten las ayudas que deberán venir a Andalucía. Sin embargo, el reparto final puede ser perjudicial para la comunidad ya que, según Arnaiz, "veremos una vez más como el Gobierno del Partido Popular hace sectarismos y pagará los pactos políticos con otras autonomías, dándole ayudas superiores y beneficiando a sus socios parlamentarios".
