Justicia, seguridad ciudadana, infraestructuras y educación soportan el ajuste del gasto público

El ajuste en el gasto público llevado a cabo el pasado año por el Gobierno del PP se ha traducido en menores fondos para servicios esenciales como la justicia, la seguridad ciudadana, la educación y las infraestructuras. La aportación al desempleo también ha bajado como consecuencia de la reducción del paro. Por el contrario, a la hora de gastar se han primado la defensa y una serie de gastos cautivos como los derivados del nuevo sistema de financiación autonómica y la cesión parcial del impuesto sobre la renta, la sanidad o el pago de intereses de la deuda pública.

En conjunto, el gasto público estatal aumentó el pasado año un 1,3% en relación a 1996, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado. Éstos se refieren a las obligaciones reconocidas (los compromisos de gasto pendientes o no de ejecución) y muestran que se ha producido un ajuste importante. El 1,3% de aumento es inferior a la inflación del ejercicio (2%) y al crecimiento económico tanto real (3,4%) como nominal (5,7%).El ajuste ha sido desigual, lo que queda patente en el análisis de las políticas de gasto según su destino final. Se trata de la expresión más clara de las decisiones políticas del Gobierno y la forma en que los ciudadanos pueden percibir más directamente en qué se emplean los impuestos que pagan. Se resume en que hay partidas previamente comprometidas que crecen sistemáticamente por encima de las demás, mientras otras siguen en en erosión.

Entre las primeras están las transferencias a otras Administraciones públicas (4,8 billones), casi la tercera parte del gasto total (18,5 billones). De ellas, 2,5 billones van a las comunidades autónomas, un 18,2% más que el año anterior, en concepto de participación en los ingresos del Estado y de entregas a cuenta de la cesión parcial del impuesto sobre la renta. El Estado, sin embargo, recaudó por este impuesto sólo un 5,5% más que en 1996, mientras sus ingresos totales crecieron un 13,7%.

El segundo capítulo en importancia es el de las transferencias internas (4,4 billones de pesetas), que prácticamente se mantiene igual que el año anterior. Las aportaciones del Estado al Insalud para financiar asistencia sanitaria suponen la mayor parte (3,2 billones) con un aumento del 13% en relación a 1996.

Por el contrario, las efectuadas al Instituto Nacional de Empleo (Inem) como aportación al desempleo se han reducido prácticamente a la mitad (de 248.500 millones en 1996 a 142.000 en 1997), gracias a la disminución del paro. La deuda pública absorbe otro gran pedazo del pastel (3,5 billones) con un crecimiento del 6,6%.

20,6% menos para becas

El resto son partidas de menor cuantía, aunque con un gran impacto en servicios públicos muy directos. El caso más llamativo es el de las infraestructuras hidraúlicas, con un recorte del 36%, o las carreteras, con una disminución del 16%. La Administración de Justicia ha dispuesto de un 17% menos de recursos y la seguridad ciudadana de un 11,1% menos que en 1996.En educación han bajado las becas y ayudas a estudiantes (un 20,6%), así como los fondos destinados al segmento de infantil, primaria, universitaria y especial, aunque han subido los recursos destinados a educación secundaria y formación profesional. También se ha producido un recorte en las ayudas a vivienda (10,2%). Las aportaciones para el pago de pensiones no contributivas han descendido un 21,3%.