Blair no convence a los afectados por la reforma del Estado de bienestar

El Gobierno británico no logra transmitir las supuestas bondades de su proyectada reforma del Estado de bienestar. Ayer volvieron a la carga los dos principales pesos pesados del laborismo en un intento de paliar los efectos del descontento. El ministro de Hacienda, Gordon Brown, declaró al diario The Times que "la reforma está inspirada en la necesidad de modernizar el sistema, de forma que se atiendan los requisitos de las personas necesitadas y se les garanticen las oportunidades que necesitan". El propio Blair dijo que el programa de reformas es urgente. "Debemos apresurarnos", señaló, "porque no es correcto que el gasto social sea tan elevado cuando la gente necesitada no recibe la ayuda suficiente".

El mensaje del Ejecutivo no cala entre los grupos que reciben subsidios por enfermedad o incapacidad a un coste estatal anual en torno a los 23.500 millones de libras (unos 5,6 billones de pesetas). Organizaciones como la Red de Acción Directa de Personas Minusválidas, que temen recortes en las ayudas sociales, insistían ayer en que no tolerarán que Blair les tome por "objetivos débiles". "El Gobierno claudicará como hizo el anterior con el poll-tax [impuesto municipal]", señaló ayer su portavoz.

El Ejecutivo se mantiene, de momento, fiel a sus objetivos. Brown señaló después en la BBC que "los verdaderos defensores del Estado de bienestar son aquellos que están preparados para llevar a cabo las reformas necesarias". Haciéndose eco del descontento que también afecta a muchos diputados laboristas, incluidos algunos miembros del Gabinete, el ministro reconoció que "nos llevará tiempo convencerles de que el status quo no es el mejor camino hacia adelante".

Estadísticas

La reforma se orienta a crear nuevas oportunidades laborales entre los discapacitados, que se estiman actualmente en más de cuatro millones de personas. La revisión del gasto en ayudas sociales podría incluir un método de evaluación de los recursos de los solicitantes, que anularía el principio de universalidad sobre el que se fundó el Estado de bienestar hace 50 años.El Gobierno aún ha cofirmado esta hipótesis -sus propuestas no se darán a conocer hasta la primavera- pero unas estadísticas divulgadas esta semana parecen indicar que éste es el camino hacia el que dirige sus esfuerzos. Según los datos del Ministerio de Seguridad Social, 10.000 millones de libras (unos 2,4 billones de pesetas), cerca del 40% del total de la ayuda destinada a los discapacitados, se distribuyen anualmente entre familias acomodadas. El informe, que en un principio se iba a publicar el mes próximo, indica también que el 25% de los hogares más ricos de la sociedad recibe unos 3.500 millones de libras del Estado. El conjunto de estadísticas avala el argumento del Gobierno de que el sistema actual falla en. sus objetivos.