Ajuste de pensiones
EL DEBATE de las pensiones vuelve al centro de la polémica política. Y lo hace de forma sorprendente, ya que la consecución del Pacto de Toledo, que dio origen a una ley de revalorización de las pensiones, parecía dar un cauce ordenado a una cuestión que tanta alarma puede generar en la sociedad. La caída de la inflación, por debajo de los previsto, ha bastado para sacar a la luz que el pacto, con ser bueno, es posiblemente insuficiente para abordar un problema de tal magnitud. Y, sobre todo, parece haber sumido al Gobierno en un mar de dudas, del que todavía no parece haber salido pese a las llamadas a la tranquilidad que hacen algunos de sus ministros.Las pensiones subieron este año un 2,6%, en función del IPC previsto. Todo indica, sin embargo, que el IPC real quedará en un 2,2% como mucho. El dilema para el Ejecutivo es decidir si en las pensiones del año que viene deducirá esas cuatro décimas de diferencia que los pensionistas han cobrado en función de la inflación prevista y superior a la real. Según la Ley de Revalorización de Pensiones, éstas mantendrán el poder adquisitivo al acomodarse a la evolución del IPC. Hasta ahora, y durante muchos años, el IPC real ha sido siempre superior al previsto y no al revés, por lo que el Estado había de compensar la pérdida de poder adquisitivo.
La devolución de la diferencia por parte de los pensionistas supondría un ahorro a la Administración de 46.000 millones de pesetas. Y se ajusta plenamente a la ley. Y sin embargo, no deja de parecer injusta. Porque es un ahorro cuyas consecuencias paga la parte más débil de la sociedad; que cobra unas pensiones de muy baja cuantía -la media es inferior a las 60.000 pesetas al mes para más de siete millones de pensionistas y 3,5 millones cobran menos de 65.000 pesetas al mes-. Dado el buen momento que atraviesa la economía española, es difícil de aceptar que sean precisamente estos jubilados con pensiones en parte misérrimas los elegidos para no beneficiarse de dicha bonanza. Es comprensible por ello la exigencia de CiU y del PSOE -también de IU, que no firmó la ley de pensiones- de que no se descuente la diferencia el año próximo.
El Gobierno cuenta con margen presupuestario para no gravar a los pensionistas ese 0,4% sin poner en riesgo el cumplimiento de Maastricht. Va a ingresar este año mucho dinero por privatizaciones y prevé una reducción del déficit mayor a la establecida en el Plan de Convergencia. Por un lado, es extremadamente difícil explicar ese recorte él año próximo. Por otro, no lo es menos comenzar ya desde un principio con excepciones la aplicación de una ley con la que se pretende no sólo garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, sino la propia supervivencia del sistema.
Una de las vías apuntadas por el PSOE, que ha presentado una proposición de ley al respecto, es anular la posibilidad de rebajar las pensiones cuando el IPC real sea inferior al previsto. Puede ser una buena vía para este año, en que las condiciones económicas permiten esta alternativa. En todo caso, el Gobierno y el Parlamento han de valorar con rigor tal iniciativa. No es, en todo caso, una buena costumbre la modificación de las leyes -propugnada desde diversos partidos para diferentes ámbitos últimamente con bastante asiduidad-, en cuanto tienen algún efecto no deseado.
Pero puede haber excepciones, y sí parece correcto aprovechar la ocasión para que nos beneficiemos todos de la buena marcha de la economía, también los pensionistas, y para demostrar que el ajuste que impone la moneda única es compatible con la consolidación e incluso la extensión del Estado de bienestar. Y es momento también para demostrar que sigue vigente la filosofía que marcó el Pacto de Toledo de no hacer de las pensiones arma arrojadiza entre los partidos políticos. Porque sobran declaraciones sugerentes y, en todo caso, demagógicas y falta, ante todo, claridad.
