¿Y la Universidad?

LA UNIVERSIDAD Complutense ha generado en los últimos años una deuda de 22.000 millones de pesetas por impago de cuotas a la Seguridad Social e IRPF de su personal. La deuda será absorbida por el Estado. Es casi seguro que una situación como ésa en otro ámbito de la actividad pública habría suscitado un escándalo. El que no haya sido así se debe, seguramente, a la conciencia de que la Universidad no ha recibido una atención presupuestaria congruente con el enorme crecimiento del número de estudiantes que acuden a sus aulas, cerca ya de millón y medio.Que se pueda comprender el origen de los problemas contables de algunas universidades no obsta para exigir una escrupulosa utilización de los fondos que se le asignan, sin alardes, ni iniciativas costosas de dudosa utilidad académica o fantásticos proyectos de expansión que sólo pueden afrontarse mediante fuertes endeudamientos. El problema es generalizable a la mayoría de las universidades. Al menos, de aquellas que han permanecido hasta hace poco en esa especie de limbo conocido por territorio MEC. Las transferencias, en trance de generalización, a las comunidades autónomas han contribuido a paliar algunos de estos problemas presupuestarios y de gestión.

Claro que eso no ha sido así siempre. El caso de la Generálidad valenciana y su pulso con la Universidad de Alicante a propósito de la creación de la Universidad de Elche es una, manifestación del difícil encaje de una institución cuya autonomía es prenda esencial con poderes territoriales que pueden tener la tentación de utilizarla con fines electorales. El problema ha hecho aflorar la crisis latente en el Consejo de Universidades, que se ha sentido desairado por la ministra de Educación y Cultura al no acceder ésta a convocar un pleno para debatir el asunto. Si un órgano como ése, con represen tación de todas las universidades y de las autoridades educativas del Gobierno central y de los Gobiernos autónomos, no tiene competencia para tratar de la crea ción de una nueva universidad y la segregación de centros de otra ya existente, cabe preguntarse si estamos ante un verdadero organismo de coordinación universitaria o ante una simple burocracia encargada única mente de los asuntos de trámite, tal y como se preguntan los rectores. La reciente dimisión del secretario general del consejo, Francisco Michavila, tiene sin duda mucho que ver con la falta de definición y de eficacia a que se está llevando a este organismo, clave en el diseño original de la LRU. El fuerte crecimiento del profesorado para hacer frente a la nueva expansión del alumnado ha roto los corsés y algunas voces empiezan a advertir sobre los peligros de una nueva penenización en la Universidad, que debería ser atajada con modificaciones legales, y también presupuestarias, que tomen en consideración el papel y la dimensión de la Universidad en nuestros días, muy distintos de los de la universidad clásica.

Para que la Universidad pueda cumplir su papel se requiere una política presupuestaria suficiente, una política de profesorado que permita contar con enseñantes motivados por su carrera docente, y la confianza en sus órganos de gobierno y de coordinación, empezando por el Consejo de Universidades; pero sin que esa confianza se confunda con patente de corso para disponer de recursos siempre escasos en proyectos irreales o inspirados sólo por la ambición de sus gestores.