La hora de Zamora
EL INTENTO de implicar al presidente del Gobierno en la trama de supuesta financiación ilegal del PP (entonces AP) de Castilla y León a mediados de los ochenta ha hecho reaccionar a la dirección de ese partido, que anuncia querellas contra el denunciante y una investigación a fondo en Zamora, cuna del escándalo. El propio Aznar considera "poco serio",que se le pregunte sobre el asunto, pero su actitud y la de su partido cuando estaba en la oposición se vuelve ahora contra él. Por lo demás, es posible que el escándalo incida en el debate sobre la reforma de la ley de financiación de los partidos, en la que el PP quiere que sean legales las donaciones anónimas de empresas.El presidente de la Diputación de Zamora, Antolín Martín, suspendido de militancia en el PP tras una serie de batallas internas, ha acusado al que todavía es su partido de haberse financiado entre 1983 y 1991 mediante el cobro de comisiones ilegales y otras prácticas corruptas. El denunciante ha hecho entrega al fiscal de la Audiencia Provincial de documentos que respaldarían sus acusaciones. Entre ellos, el testimonio grabado de un empresario, Eduardo Corrales, que explica el modus operandi de los altos cargos de la diputación supuestamente encargados de cobrar las fuertes sumas exigidas a los constructores.
La falta de fiabilidad de ese empresario, incurso, junto con otras 13 personas, en una querella por estafa, es el principal argumento del PP local para negar veracidad a la denuncia. Sin embargo, el hecho de que entre las personas implicadas figure un ex vicepresidente de la diputación, Casto Lorenzo, señalado como el hombre clave de la supuesta trama de financiación irregular, complica el panorama. Además, el propio Casto Lorenzo hizo hace año y medio una denuncia -que no ratificó ante el juez- en téminos similares a los que ahora aparecen. Por otra parte, Antolín Martín, veterano militante del PP -fue alcalde de su capital-, asegura que el motivo de su caída en desgracia fue su intento de cortar con "el tráfico de maletines", en alusión al cobro de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.
Una de las revelaciones incluidas en el material entregado al fiscal se refiere a la recaudación y pago en 1987 de una fuerte suma -20 millones de pesetas- a un diputado provincial del PSOE por cambiar su voto a favor del candidato del PP a la presidencia de la diputación, impidiendo que fuera elegido el pactado entre el PSOE y el CDS, que tenían mayoría. La dirección local del PP negó entonces tajantemente la compra del voto, y aunque nadie dudaba de la identidad del Bellido Dolfos del caso, no pudo probarse la existencia de un pago. El supuesto traidor, un tal José Luis Antorrena, dirigió una carta a EL PAÍS negando la acusación en términos barrocos, y se pasó al grupo mixto, desapareciendo de Zamora algún tiempo después.
La dirección local del PP se limitó en un primer momento a acusar a Antolín Martín de actuar por venganza o resentimiento, y ahora acusa de lo mismo al constructor Corrales. Seguramente es cierto que sólo las rivalidades internas explican que las acusaciones que circulaban en voz baja. hayan aflorado con estrépito. Pero no habría de qué extrañarse: siempre fue así -recuérdese Filesa- , y es difícil que ocurra de otra manera. Pero que los denunciantes sean o hayan sido conocedores o cómplices de lo denunciado no resta credibilidad a su denuncia. Más bien al revés.
Carece de sentido, por tanto, el aire de dama ofendida con que la dirección del PP ha pretendido dar el asunto por inexistente,
primero, y por ya zanjado, más tarde, con el encargo de una investigación interna. Ya hubo una investigación interna en relación al asunto Naseiro, cuyo único objetivo fue exculpar a los dirigentes del PP que aparecían expresamente citados, en las conversaciones entre los encargados de recaudar el dinero. Y todos pudimos oír aquellas grabaciones, por mucho que el procedimiento judicial fuera archivado por problemas de procedimiento. Incluso si el empresario ahora denunciante resulta poco de fiar, las referencias que proporciona son perfectamente verificables. Por ejemplo: ¿hubo o no compra de voto del tránsfuga que pasó de ganar 65.000 pesetas a disponer de una cuenta corriente de 12 millones? En Zamora hay mucho que investigar, y si no es éste un caso para la fiscalía anticorrupción, ¿cuál lo sería?
