Ley de lenguas
EL GOBIERNO catalán, por iniciativa de su consejero de Cultura, Joan Maria Pujals ha abierto el siempre conflictivo asunto de la legislación sobre la lengua en un momento políticamente complicado: cuando la insuficiente mayoría nacionalista en el Parlamento catalán necesita de los votos o de la abstención del PP, partido reticente por definición a los proyectos lingüísticos de Pujol. El consejero Pujals justifica la iniciativa en la necesidad de abrir una nueva etapa de política lingüística, en la que ya no se trata de normalizar una lengua que viene de una situación de inferioridad, sino de garantizar su uso en todos los ámbitos de la vida pública y adaptar una legislación teóricamente obsoleta a las nuevas tecnologías, a la mundialización económica, a los cambios en la realidad sociolingüística y a la evolución del derecho.Tales razones deberán ser demostradas muy cumplidamente si se quiere convencer a la opinión pública de la necesidad de derogar la Ley de Normalización Lingüística de 1983, que fue aprobada por todos los grupos parlamentarios catalanes y recibió el refrendo del Tribunal Constitucional. La aplicación de esa ley ha sido en general satisfactoria, pero hay ámbitos de la realidad catalana, como el de la Administración de justicia, en los que no se ha producido todavía la normalización buscada.
El Gobierno catalán parte de la idea de que ya no hay que normalizar, sino garantizar los derechos jingüísticos de los hablantes de cualquiera de las dos lenguas. De acuerdo con este principio, la ley aspira a garantizar que todos los ciudadanos sean atendidos en el idioma que escojan por parte de todas las instancias administrativas. Esta garantía se extiende también a determinadas actividades privadas, profesionales o empresariales que tienen un marcado acento público: hospitales, bancos, notarios o registradores. Todo ello encaja en el desarrollo de la actual legislación lingüística, pero hay otros ámbitos en los que puede ser un despropósito meterse a legislar.
Entre las ideas desafortunadas del texto destaca en particular la pretensión de fijar cuotas mínimas de catalán a los medios de comunicación privados. Este exceso de celo se aprecia también en el intento de obligar a los profesionales por cuenta propia y al pequeño comercio a que puedan atender en ambos idiomas, incluso bajo amenaza de sanción, punto este que ha merecido la crítica de Unió -Democrática, el partido de Duran Lleida que forma parte de la coalición gobernante en Cataluña.
En la actividad mercantil y económica privada, el derecho del usuario a optar por una lengua se manifiesta acudiendo o no a un determinado profesional o comerciante, que también debe tener salvaguardado su derecho individual. En el ejercicio de esta libertad están en juego además eventuales perjuicios económicos, con las deslocalizaciones que suelen producir las intervenciones reglamentistas en actividades privadas, y la propia cohesión social de la que pueden hacer, gala hoy día los catalanes. Nadie en Cataluña se ha visto obligado hasta ahora a definir su identidad o adscripción lingüística, cosa que vendría exigida por la protección del derecho al uso de la propia lengua en toda relación comercial o contractual privada.
En todo caso, bien está que se parta del principio de respeto y protección de los derechos individuales de los hablantes. Son ellos , y no las lenguas, quienes tienen derechos. También es positivo que se considere el bilingüismo como una situación en sí misma deseable, y no como estación de paso hacia el monolingüismo catalán. Finalmente, parece adecuado el método de debate propuesto para una materia tan delicada: el de una ponencia única con participación de todos los partidos, que empezará a estudiar con voluntad de consenso el texto de principios propuesto por el Gobierno.
Cabe esperar del debate que subsane los excesos apuntados. Por lo. demás, las reacciones que se han producido en los dos extremos del arco parlamentario revelan que las -ideas de Pujals circulan por el centro ideológico y político y no deben andar muy desviadas respecto al sentir mayoritario de la población catalana. El nacionalismo más radical ha tachado ya el texto como una "ley contra el catalán" y en el Partido Popular, se ha querido leer como una burda propuesta de régimen de sanciones contra el castellano. Probablemente no es ni lo uno ni lo otro, y necesitará algo más de debate para demostrar tanto su necesidad perentoria como que efectivamente sirve para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
